Acusan a un exintendente y a un escribano por despojar a un anciano - Informe Digital
La causa investiga una cesión de bienes firmada en Bovril por Eduardo Elsesser, de 76 años, con presunto engaño y abuso de confianza.
Eduardo Alberto Elsesser tiene 76 años, vive en la zona rural de Alcaraz, en el departamento La Paz, y quedó en el centro de una causa que investiga un presunto fraude sobre la totalidad de sus bienes heredados. La denuncia apunta a Hugo Fries, exintendente de esa localidad, y al escribano Adrián Brun, por una maniobra que habría aprovechado la vulnerabilidad del hombre para hacerlo firmar documentos que no comprendía.
Elsesser cursó apenas hasta cuarto grado, tiene serias dificultades para leer y hablar con fluidez, una discapacidad auditiva importante y una capacidad de discernimiento limitada para asuntos complejos. Sin esposa, sin hijos y tras la muerte de sus padres y hermanos, era el único heredero de los inmuebles familiares. Hoy, según la presentación judicial, no conserva nada.
Fries, que fue intendente de Alcaraz entre 2011 y 2015 y luego volvió a competir electoralmente, habría intervenido con conocimiento de esa situación y de su deterioro físico y mental para avanzar con la operación que ahora está bajo investigación.
La firma en Bovril y el cambio de papeles
El 24 de octubre de 2022, poco después de la muerte de Alejandro, el último de los hermanos de Eduardo, Fries lo llevó a Bovril para presentarlo ante el escribano Brun. Según la versión que le hicieron creer, iba a firmar un contrato de arrendamiento sobre un campo y la locación de una casa heredada.
Pero en ese acto no recibió dinero alguno. Más tarde, Fries comenzó a entregarle sumas mensuales que Eduardo entendía como pago del alquiler. En realidad, de acuerdo con la denuncia, esos pagos formaban parte de otra escritura: un contrato de renta vitalicia por el que el anciano recibiría una suma muy inferior al valor real de los inmuebles y, al mismo tiempo, habría cedido sus derechos hereditarios.
Los bienes alcanzados por la escritura incluyen campos de 71, 16,8, 49, 22 y 17 hectáreas, además de un terreno urbano de 1.700 metros cuadrados con una casa. Por la renta vitalicia, Fries se comprometía a pagar el equivalente a 1,5 kilos de carne vacuna por hectárea sobre 177,5 hectáreas, más el 20% de un salario mínimo por el inmueble urbano.
En el medio, también se habrían producido otras maniobras abusivas: Fries le prometió construirle una casa nueva en el campo donde vive desde que nació a cambio de 80 vacunos, pero solo levantó dos pequeñas habitaciones y un baño.
El hallazgo que destapó el caso
La situación salió a la luz en septiembre de 2024, cuando César Aníbal Taylor, un comisionista conocido de Eduardo, fue a verlo para ofrecerle arrendar una fracción de sus campos. Al revisar los papeles, advirtió que algo no cerraba y le pidió que se los mostrara. El lunes 16 de septiembre, Eduardo fue a un estudio jurídico de Paraná acompañado por su amiga Juana Coceres y por Taylor.
Al entregar la documentación al abogado Maximiliano Burgos, quedó expuesto el presunto engaño: lo firmado en 2022 ante Brun no era un alquiler, sino una cesión de derechos hereditarios y un contrato de renta vitalicia. En los hechos, según la denuncia, Eduardo había transferido todos sus bienes a cambio de una contraprestación mínima y por el resto de su vida.
La revelación lo golpeó de lleno. Cuando entendió el alcance de lo que había firmado, cayó en una profunda depresión, según consta en la presentación judicial.
Las objeciones al acto notarial
La acusación también pone bajo la lupa la actuación del escribano Brun, señalado como partícipe necesario. Pese a la discapacidad evidente de Eduardo, no habría tomado recaudos básicos como la presencia de testigos, una explicación detallada del contenido de los documentos ni la verificación de que comprendiera el alcance de lo que firmaba.
Además, la escritura consignó un supuesto pago en efectivo de $4.850.000 que nunca habría existido. También aparecen contradicciones entre ambos instrumentos: mientras la cesión se presentaba como onerosa por esa suma, el contrato de renta vitalicia establecía que la contraprestación era justamente la cesión de derechos.
Otro punto cuestionado es la retención de $72.750 en concepto de Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), un tributo que no correspondería para cesiones de derechos hereditarios y que, además, ya estaba derogado al momento del acto.
La denuncia y el avance de la investigación
Con la abogada Natalia Del Castillo, Eduardo Elsesser denunció el 25 de septiembre de 2024 ante la Unidad Fiscal de La Paz a Fries como autor y a Brun como partícipe necesario, por estafa y defraudación por circunvención de incapaces. La causa quedó inicialmente a cargo del fiscal Martín Millan, que dispuso la apertura el 28 de octubre de ese año.
Después se sumó como querellante el abogado José Barbagelata, que impulsó medidas para reactivar el expediente. Hoy la investigación está en manos de la fiscal Giuliana Giovannini, que ordenó informes sociales y psicológicos para determinar si Eduardo podía comprender lo que había firmado en la escribanía de Bovril.
Las pericias y la discusión de fondo
En agosto de 2025, Eduardo fue evaluado por una junta de especialistas en salud mental en la Unidad Fiscal de La Paz. El informe inicial sostuvo que podía relatar su historia familiar, mantener un pensamiento lógico y coherente y conservar atención y memoria, aunque con un ritmo enlentecido. También señaló severas dificultades para cálculos matemáticos y orientación espacial, pero concluyó que no presentaba trastornos psíquicos y que conservaba capacidad de comprender y discernir.
La querella pidió una nueva pericia, más precisa, para establecer si estaba en condiciones de entender un acto jurídico tan complejo como las escrituras que firmó. Esa evaluación, realizada en julio de este año en el domicilio de Eduardo, fue más contundente: la psicóloga describió un pensamiento estrictamente concreto y severas limitaciones para comprender abstracciones.
Según ese informe, el hombre puede manejarse con billetes de baja denominación y hacer compras cotidianas de hasta $10.000, pero no logra dimensionar cifras mayores ni el valor real de su patrimonio. Para él, expresiones como cesión de derechos hereditarios o renta vitalicia resultan incomprensibles. No sé de qué se trata, respondió cuando fue consultado.
La especialista también remarcó que la voluntad de Eduardo era otra: un acuerdo verbal de arrendamiento rural, como el que suele pactarse en el campo, cobrando por kilos de novillo la hectárea. No me di cuenta de que hicieron ese papel, le dijo a la perito, según el informe incorporado a la causa.
