Nuevo Régimen Penal Juvenil: Miers advirtió que Formosa está lejos de contar con la estructura necesaria - Diario La Mañana
Ante la próxima entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil , a partir de septiembre, el exjuez de Menores Carlos María Miers expresó sus reparos sobre algunos aspectos de la nueva normativa y sostuvo que establecer la edad como principal dato objetivo para determinar la imputabilidad resulta insuficiente. En declaraciones a La Mañana , señaló además que la estructura de la provincia de Formosa no se encuentra preparada para afrontar integralmente las exigencias que plantea el nuevo sistema . Miers explicó que se encuentra analizando en profundidad la nueva Ley y que uno de los aspectos que más le llamó la atención está relacionado con la determinación de la inimputabilidad a partir de la edad. Según señaló, la normativa establece un criterio objetivo que no contempla suficientemente las diferencias existentes entre los adolescentes en cuanto a su desarrollo psicológico, emocional y psiquiátrico. Poner un dato objetivo en una Ley de este tipo me parece que es un poco peligroso , sostuvo el exmagistrado, aunque aclaró que será necesario observar cómo funciona la normativa una vez que comience a aplicarse en la práctica. En ese sentido, remarcó que no todos los adolescentes evolucionan de la misma manera y que existen numerosos factores que inciden en su desarrollo. Mencionó entre ellos los contextos socioeconómicos, familiares, sociales y culturales, además de las particularidades regionales de un país extenso y diverso como la Argentina. El exjuez también cuestionó que el nuevo régimen pueda llevar a que los adolescentes a partir de los 14 años ingresen a un proceso penal independientemente de la gravedad del delito cometido. Consideró que este aspecto debería ser analizado en relación con el principio de evitar, en la medida de lo posible, la judicialización de los conflictos que involucran a niños y adolescentes. Su propuesta Miers recordó que su propuesta presentada años atrás contemplaba un esquema diferente para establecer la imputabilidad e inimputabilidad. Explicó que su proyecto combinaba tres factores, entre ellos la edad, pero utilizando el concepto jurídico de presunción. Su iniciativa establecía la inimputabilidad absoluta hasta los 11 años; entre los 12 y los 14 años inclusive, una presunción de inimputabilidad; y desde los 15 años hasta la mayoría de edad, una presunción de imputabilidad. El criterio, explicó, partía de considerar que la edad por sí sola no permite determinar de manera uniforme el grado de desarrollo de una persona. El desarrollo psicofísico y emocional de un menor no se da en igualdad de condiciones en todos, afirmó, al insistir en la importancia de evaluar las circunstancias particulares de cada adolescente. Respecto de la aplicación del nuevo régimen en Formosa, Miers fue contundente al evaluar la preparación de la estructura judicial y estatal. No, estamos lejos , respondió al ser consultado sobre si la provincia cuenta actualmente con las condiciones necesarias. En su opinión, la implementación de una nueva legislación debería estar acompañada por estructuras y programas específicos destinados a abordar las situaciones de los adolescentes en conflicto con la ley. Mencionó la necesidad de desarrollar programas de reeducación y de reinserción social, laboral y educativa, especialmente antes de recurrir a una pena privativa de la libertad. Tobilleras El exjuez también manifestó su desacuerdo con la utilización de tobilleras electrónicas en adolescentes. Consideró que este mecanismo puede resultar estigmatizante y planteó especialmente las dificultades que podría generar en el ámbito escolar. ¿Te imaginás un chico con tobillera electrónica en un colegio? Es algo impensable , expresó. Para Miers , la medida entra en contradicción con el objetivo de favorecer la inclusión educativa y, por ese motivo, consideró que su aplicación sería impracticable. Finalmente, sostuvo que la puesta en funcionamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil no debería limitarse a la modificación del marco legal, sino que tendría que estar acompañada por las herramientas institucionales necesarias para atender las particularidades de los adolescentes y favorecer su reinserción social y educativa.
