El Gobierno busca llevar tranquilidad al campo por el proyecto que incorpora el delito de ecocidio
El proyecto para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal generó preocupación entre entidades agropecuarias, que advirtieron sobre posibles efectos de una redacción considerada ambigua para actividades productivas habituales.
Dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas y otras asociaciones cuestionaron especialmente el uso de figuras conocidas como leyes penales en blanco, que establecen sanciones pero remiten parte de la definición de las conductas prohibidas a normas administrativas.
Según los cuestionamientos, la falta de parámetros claros sobre qué nivel de daño podría considerarse ecocidio podría generar inseguridad jurídica, conflictos con normativas provinciales y eventuales riesgos para inversiones y financiamiento del sector.
Ante estas críticas, representantes del Gobierno aclararon que la intención del proyecto es sancionar daños ambientales graves y de gran escala, como incendios intencionales con fines especulativos, vertidos industriales altamente tóxicos o desmontes ilegales masivos en áreas protegidas.
Desde el Ejecutivo señalaron además que el texto podrá ser modificado durante su tratamiento parlamentario y que se prevé abrir instancias de diálogo técnico con representantes del sector productivo para precisar las definiciones y evitar que la norma alcance a prácticas agropecuarias regulares realizadas dentro de la legalidad.
El debate plantea el desafío de incorporar delitos ambientales al Código Penal sin afectar las garantías constitucionales ni generar criterios de aplicación arbitrarios.
Mientras organizaciones ambientales reclaman herramientas penales más eficaces frente a daños ecológicos graves, el sector agropecuario exige mayor precisión normativa y seguridad jurídica.
Fuentes: Diario La Nación, Sociedad Rural Argentina (SRA) y Ministerio de Justicia de la Nación Argentina
