Rodríguez Signes y la Causa Contratos: Estamos en el camino correcto desde el punto de vista de reparación del perjuicio
Julio Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de la Provincia, en diálogo con RADIO LA VOZ, realizó consideraciones sobre la Causa Contratos y la situación de Comedores Escolares.
En relación a la Causa Contratos, este miércoles se autorizó que Fiscalía de Estado se pueda constituir como actor civil. Quiere decir que en cualquier hecho en perjuicio de la administración pública como hecho en sí, por ejemplo estos contratos que a mí me gusta decir contratos irregulares, pueden constituir delitos penales en cuyo caso la acción penal le corresponde al Ministerio Público Fiscal y el objetivo es la persecución penal, la aplicación de la sanción penal exclusivamente; pero también esos hechos generan perjuicios patrimoniales. Cuando generan perjuicios patrimoniales la acción de resarcimiento, de reparación del daño, corresponde a la Fiscalía de Estado.
Explicó que: En un mismo proceso en esta causa se están llevando adelante las dos acciones, la penal que encabeza el Ministerio Público Fiscal y la civil que nosotros impulsamos.
Dentro de la acción civil, indicó Rodríguez Signes, los defensores plantearon que la demanda civil estaba prescripta y que la Fiscalía de Estado carecía de acción para presentar la demanda porque faltaba un informe del Tribunal de Cuentas. Eso fue lo que se terminó decidiendo ayer en el sentido de que ni la demanda está prescripta ni la Fiscalía de Estado necesita un informe del Tribunal de Cuentas para seguir con su trabajo.
Es una causa muy compleja, donde hay 770 contratos, 31 imputados, muchos testigos, muchos abogados defensores cada uno con su estrategia, dijo Rodríguez Signes.
Estamos en el camino correcto desde el punto de vista de reparación del perjuicio, afirmó el Fiscal de Estado de la Provincia.
Sobre el perjuicio causado al Estado, informó: Se determinó en una pericia que hizo la contadora Batisti del Superior Tribunal de Justicia, no quiero arriesgar en este momento una cifra, pero se sumaron todos los montos pagados irregularmente mes por mes, año por año, Cámara por Cámara; después esos montos arrojaron un valor histórico y a esos montos hay que aplicarles, al día de la sentencia o de la condena, la actualización. Hay muchas formas de actualizar, una es dolarizando, la otra es aplicando una tasa de interés, la otra aplicando el índice de inflación, pero siempre arriba de los 4 mil 5 mil millones de pesos.
Consultado sobre si se abriría una formal investigación contra los titulares de las Legislaturas en ese momento, dijo: Eso es desde el punto de vista penal, el Procurador inició lo que se denomina la Causa Contratos II, nosotros todavía no estamos ahí incorporados como actores civiles, está en una etapa muy preliminar. En abril del año pasado el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un decreto en el que le solicita a las dos Cámaras que revise esos 770 contratos, que los anule y que en todo caso declare las responsabilidades administrativas que correspondan, que no necesariamente coinciden con los 31 imputados de la causa I, podrían ser más, podrían acercar a otros funcionarios desde el punto de vista de la reparación civil y desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa.
Lo que para el Ministerio Público Fiscal es la Causa Contratos II, desde el ámbito de la administración se hizo en abril del año pasado y Fiscalía de Estado le ha venido remitiendo a las dos Cámaras la información, la copia de los contratos, para que hagan su propia acción interna y envíen a la Fiscalía los antecedentes para que proceder al recupero, agregó Rodríguez Signes.
Estamos en una etapa de revisión de toda la investigación preliminar a cambio del Juez de Garantías; las decisiones del Juez de Garantías previo a elevar a juicio ya fueron tomadas, lo que pasa es que fueron apeladas por las defensas, por lo tanto se van resolviendo. Esta que estamos comentando nos deja muy tranquilos.
Ante la intervención de Fiscalía de Estado en la Causa Comedores Escolares, Rodríguez Signes manifestó: Estamos ya muy cerca de la sentencia. El Juez de Primera Instancia dictó sentencia, nosotros no apelamos, mandaba corregir el contrato, el sistema no está en discusión, a uno le podrá parecer mejor, otros tendrán otra opinión; lo que está en discusión es el tipo de alimentos que se pueden suministrar en las meriendas y desayunos.
Vamos a acatar el fallo como está dictado. La parte actora no se conformó con esto, en la demanda ellos no discutían el procedimiento del contrato, el sistema, y no obstante apelaron. El defensor produjo hace dos días un dictamen en el sentido de que apoya la sentencia como está dictada, nosotros también, así que en los próximos dos o tres días tendría que haber sentencia del STJ.
Entiendo que el Ministerio de Desarrollo Humano no está aplicando el sistema hasta tanto se expida el STJ, lo cual me parece bien; además había una medida cautelar que más allá que nosotros consideremos que ya quedó abstracta cuando se dictó la sentencia de primera instancia, es prudente, señaló Rodríguez Signes.
En relación a la Causa Urribarri, manifestó: Lo que hizo el Ministerio Público Fiscal es trabar medidas cautelares y en la misma sentencia en la que se establecen las condenas ya se ordena el decomiso de bienes. Si uno hace un cálculo, está preservado el interés patrimonial de la Provincia. Si bien no nos constituimos como actores civiles, sí está resguardado a través de medidas cautelares que dictó el Ministerio Público Fiscal y que se han ido renovando en forma constante.
