Ley de tierras: el mapa de la extranjerización en Argentina y los puntos clave de la reforma
El historiador Pablo Volkind analizó en La Voz En Vivo el impacto de la propiedad extranjera sobre recursos estratégicos y los cambios que impulsa el Gobierno nacional.
La Voz En Vivo. Ley de tierras: el mapa de la extranjerización en Argentina y los puntos clave de la reforma
El historiador Pablo Volkind analizó en La Voz En Vivo el impacto de la propiedad extranjera sobre recursos estratégicos y los cambios que impulsa el Gobierno nacional.
En Argentina, existen actualmente 13 millones de hectáreas en manos de capitales extranjeros, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe o al territorio de Inglaterra.
Esta cifra representa un promedio nacional del 5%, aunque el debate se reavivó por las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Tierras.
La entrevista, realizada en La Voz En Vivo, contó con la participación de Pablo Volkind, historiador y coordinador del Observatorio de Tierras.
El especialista advirtió sobre la importancia de analizar los casos donde la extranjerización supera ampliamente los límites legales vigentes.
Aunque el oficialismo retiró parte del capítulo referido a la Ley de Tierras por falta de votos en el Congreso, el tema permanece en la agenda política y económica. El proyecto original buscaba eliminar restricciones que hoy limitan la compra de territorio por parte de personas físicas o jurídicas del exterior.
Los principales dueños de la tierra en Argentina
Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, el ranking de propietarios extranjeros está encabezado por capitales de Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas.
En segundo lugar se ubican los inversores italianos, con 2 millones de hectáreas, destacándose las propiedades de la familia Benetton en la Patagonia.
El tercer puesto corresponde a capitales españoles, que poseen 1,7 millones de hectáreas en el territorio nacional. Volkind señaló que también existe una creciente presencia de capitales chinos, que operan principalmente a través de concesiones por 20 o 30 años.
"El capital chino no siempre figura en los registros de propiedad porque muchas veces sus transacciones son por concesión y no por compraventa directa", explicó el historiador durante la entrevista. Además, mencionó un interés renovado de inversores de Qatar y Emiratos Árabes en diversas regiones del país.
Zonas estratégicas y límites legales
El problema central, según el especialista, no es el promedio nacional sino la concentración en departamentos específicos que superan el 15% fijado por la ley actual. Existen 36 departamentos en el país que exceden ese límite, llegando en algunos casos a registrar un 60% de tierras extranjerizadas.
Estas áreas coinciden con zonas ricas en recursos naturales fundamentales como litio, tierras raras, petróleo, gas, oro y otros minerales ubicados en la zona cordillerana. "Son zonas estratégicas de nuestro país donde la presencia de capital extranjero es mayoritaria", afirmó Volkind.
En la región pampeana, que incluye a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, el límite vigente para un capital extranjero es de 1.000 hectáreas. El proyecto de reforma propuesto por el Gobierno nacional planteaba eliminar este tope y sus equivalentes en otras regiones como la Patagonia, Cuyo o el NOA.
Soberanía y protección de recursos hídricos
Otro de los puntos polémicos de la reforma es la habilitación para comprar tierras en zonas de frontera. La legislación actual establece que estas áreas deben estar preferentemente en manos de argentinos por motivos de seguridad nacional y cuidado de la permeabilidad fronteriza.
El proyecto oficialista permitía la venta de tierras fronterizas a extranjeros bajo autorización del gobierno nacional y provincial. Asimismo, la nueva normativa eliminaba la prohibición de vender tierras que contengan ojos de agua permanentes, como lagos o riberas de ríos.
"Desde 2011 está prohibida la compra de tierras ribereñas o con lagos, algo fundamental para Córdoba por sus ríos, pero con la nueva ley esa protección desaparecía", advirtió el especialista. Estos cambios generaron fuertes críticas en términos de preservación de la soberanía hídrica nacional.
Cambios en los procesos de desalojo
Más allá de la titularidad de la tierra, la reforma integral también introduce cambios en la normativa de propiedad privada y procedimientos judiciales. Se establece lo que se denomina "desalojo exprés", mediante la implementación de juicios sumarísimos con plazos reducidos.
Una de las novedades es que las notificaciones de deuda u órdenes de desalojo podrán enviarse por correo electrónico. Una vez recibida la notificación, el ocupante dispone de solo tres días para abonar la deuda antes de que avance el proceso judicial.
El plazo total para un desalojo bajo este nuevo esquema se estima entre 16 y 20 días. Además, la justicia podrá ordenar inspecciones judiciales en un plazo de 72 horas desde el inicio del proceso y autorizar el uso de la fuerza pública si fuera necesario.
