Concursos de cargos, un pilar para la mejora del servicio de Justicia
Desde 1996, más del 90% de los empleados judiciales de Córdoba ingresaron por concurso, lo cual ha impulsado la igualdad de oportunidades y la calidad del servicio.
En este mes de agosto, se cumplen 30 años del primer llamado a concurso público para el ingreso al Poder Judicial de Córdoba. No fue una decisión aislada del Tribunal Superior de Justicia, sino el puntapié inicial de un régimen permanente de acceso a la labor judicial, basado en los principios de selección por idoneidad y mérito, igualdad de oportunidades, transparencia e imparcialidad.
Desde entonces, los ingresos a la planta de personal y el acceso a cargos jerárquicos se definen a través de exámenes de carácter anónimo. Este régimen se completa con los concursos para la cobertura de vacantes para jueces, vocales de cámara, fiscales y defensores públicos, que son llevados adelante por el Consejo de la Magistratura provincial.
Este mecanismo institucional de acceso y promoción de cargos tiene múltiples ventajas institucionales que conviene detallar. En primer lugar, mejora considerablemente la calidad del servicio de justicia, puesto que los empleados y los funcionarios más idóneos resuelven las controversias con mayor rapidez y calidad.
En segundo lugar, asegura la igualdad de oportunidades, ya que permite que cualquier estudiante de Derecho (con determinado nivel de avance en la carrera) pueda acceder a la labor judicial con base en sus capacidades. De esta forma, se eliminaron definitivamente las designaciones arbitrarias.
En tercer término, estimula la capacitación continua del personal, ya que el ascenso en la carrera judicial depende exclusivamente de los méritos obtenidos en concursos. En efecto, los concursos generan un cambio en la cultura interna del personal judicial y producen, como "efecto colateral" positivo, la profesionalización de la Justicia, ya que empleados y funcionarios se ven motivados a perfeccionarse para avanzar en la carrera.
Finalmente, fomenta la credibilidad institucional. Al ser procesos públicos, se impulsa la transparencia y la confianza de la sociedad en la Justicia como institución, lo que revierte la imagen de designaciones arbitrarias.
Los concursos de cargos incluyen la realización de pruebas de oposición (exámenes teóricos, prácticos, informáticos y dactilográficos), como así también evaluaciones de antecedentes, capacitación y estudios.
En algunas convocatorias, también se requiere la presentación de proyectos de mejora y una entrevista personal, que procura la evaluación integral del postulante acorde con objetivos cognitivos, actitudinales y operativos inherentes al rol.
A partir de los resultados obtenidos por los concursantes, se confecciona un orden de mérito que permite la designación de los postulantes más idóneos para el desempeño del cargo.
Datos significativos
Algunos datos del proceso iniciado hace ya 30 años nos permitirán adquirir dimensión del impacto del Régimen de Concurso Público de Cargos en el Poder Judicial de Córdoba.
Desde 1996 hasta 2026, se concretaron 445 concursos de cargos en la administración de justicia (100 concursos de ingreso y 354 concursos para acceder a cargos jerárquicos). Durante ese período, en total se registraron 107.882 inscripciones (33,64% hombres y 66,36% mujeres).
La vigencia y la permanencia de los concursos permite afirmar que el 93% de las personas que trabajan en el Poder Judicial de Córdoba han ingresado por concurso, con las excepciones previstas por la Constitución de Córdoba, las leyes provinciales y la reglamentación vigente (personas con discapacidad, mejores promedios de las universidades, personal de maestranza, vocales del TSJ, autoridades de la Fiscalía General, la Defensoría General y la Procuraduría General).
En definitiva, el Régimen de Concursos creado en 1996 y optimizado en 2016 mediante el Programa de Mejora Continua permitió erradicar la discrecionalidad y el clientelismo de la administración de justicia, garantizar la injerencia cero de otros poderes públicos y privados en la gestión de los asuntos judiciales, y alinear la política de recursos humanos de la Justicia de Córdoba con los más altos estándares internacionales.
El sistema de evaluación para el ingreso y la promoción de agentes judiciales constituye un ejercicio práctico y efectivo de la independencia y asegura que los mejores profesionales sean los encargados de brindar el servicio de justicia a la sociedad cordobesa.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
