Argentina deberá pagar $391 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas
El tribunal de Columbia confirmó la condena contra la administración nacional en beneficio del fondo Titan Consortium.
La Corte de Apelaciones de Washington DC falló en contra de la Argentina en el juicio que el país mantiene con Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue las causas contra la Argentina, el tribunal confirmó este martes 21 de julio la sentencia que obliga al Estado argentino a pagarle al fondo más de US$390,9 millones.
El caso tiene un laudo a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, y ahora consiguió que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazara la apelación de Argentina contra el fallo de primera instancia, que ya había desestimado el pedido del país de rechazar la demanda del fondo.
Titan Consortium procura que la corte reconozca la validez del laudo CIADI, ya que los arbitrajes del tribunal que depende del Banco Mundial no son ejecutables, pero sirven de antecedente para recurrir a la justicia ordinaria.
El juicio
El reclamo ante el CIADI comenzó con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, que es el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF, hasta quedar en poder de Titan Consortium, que desde 2021 litiga en la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.
Recién en 2024 el fondo Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar US$390,9 millones más intereses.
En 2025 la República Argentina apeló, invocando un plazo de prescripción de 3 años frente al de 12 años determinado en primera instancia. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia indicando que el plazo aplicable es el de 12 años el monto final ejecutable es el original US$390.907.115,55
