Resistencia social en Santa Cruz contra el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada"
La referente del Partido Obrero en Santa Cruz, Gabriela Ance, denunció que el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la propiedad privada" busca eliminar los límites a la extranjerización de tierras y recursos estratégicos en la Patagonia. Ante su inm
Diversos sectores políticos y ambientales de la provincia de Santa Cruz expresaron su preocupación y rechazo ante el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual se encuentra actualmente en el Senado de la Nación y tiene fecha prevista para su tratamiento en el recinto el próximo 6 de agosto.
En diálogo con el programa radial La Bisagra, Gabriela Ance, referente provincial del Partido Obrero (PO), advirtió que la iniciativa gubernamental utiliza un "eufemismo" en su denominación para ocultar su verdadero alcance: la eliminación de los límites legales a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y el favorecimiento de desahucios exprés.
Alerta por recursos estratégicos y extranjerización
Actualmente, la legislación argentina establece un tope del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Según denunció Ance, la desregulación pretendida por el Ejecutivo Nacional expondrá zonas clave de la Patagonia y el país a la especulación inmobiliaria y corporativa.
"No protege la casa de una familia, protege el negocio de quienes concentran la tierra", enfatizó Ance durante la entrevista.
La dirigente señaló que en Santa Cruz la medida reviste especial gravedad debido a la vasta extensión territorial y a la presencia de recursos estratégicos como glaciares, fuentes de agua dulce, áreas cordilleranas, bosques e hidrocarburos. Advirtió además sobre los riesgos en zonas de frontera, donde capitales internacionales de países como Estados Unidos, Italia, China o Inglaterra ya poseen hectáreas de territorio.
Un paquete de reformas en la mira
Desde la conducción del PO remarcaron que este proyecto no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado de medidas impulsadas por el Gobierno Nacional entre las que incluyeron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares y la Ley de Manejo del Fuego orientadas a desarmar el esquema de protección ambiental e industrial del país.
Ante el inminente debate parlamentario, organizaciones ambientales, sociales, de abogados y del sector civil en la provincia iniciaron convocatorias para coordinar jornadas de protesta y movilización hacia el 6 de agosto, con el objetivo de frenar la aprobación de la norma en la Cámara Alta.
