Modificación del EMSU: advierten que destruirá empleo, cerrarán empresas y habrá competencia desleal
La Delegación La Pampa de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió que la incursión de la Municipalidad en el sector afectará el empleo, genera condiciones de competencia desleal,
La Delegación La Pampa de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió que la incursión de la Municipalidad en el sector afectará el empleo, genera condiciones de competencia desleal, cerrarán empresas y modificará el índice de coparticipación en favor de Santa Rosa. Reclamaron que se aplace el tratamiento y se los convoque al diálogo.
En una nota enviada a la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, el presidente de CAMARCO , Adrián Pérez Abiaga, en representación de plantas de hormigón, y corralones, rechazó el proyecto municipal porque habilita no ya la mera producción para uso municipal, sino la comercialización a terceros de asfalto, hormigón, mezclas asfálticas y materiales afines, y su desarrollo dentro y fuera del ejido configura una situación de competencia desleal respecto de la actividad privada del rubro, con aptitud para causar un daño económico grave.
Indican que el EMHSU y el EMTU son servicios y funciones de competencia municipal prestados dentro de la ciudad, pero las dos nuevas gerencias con posibilidad de producción y realización de trabajos en otros municipios representan una competencia desleal con efectos graves para el sector privado.
Dentro de la ampliación proyectada, la habilitación para adquirir materiales y no solo producirlos con destino a su comercialización a terceros es uno de los puntos de mayor relevancia jurídica e interpretan que configura intermediación comercial pura en condiciones de ventaja sobre el sector privado porque el Estado no paga IVA ni ganancias.
De la forma en que está redactada la ordenanza, dicen que significa un avance sobre la competencia de otros municipios y de la Provincia sin sustento normativo, y confunde la actuación contractual admisible con el ejercicio de potestades públicas fuera del ejido santarroseño.
Producir asfalto y hormigón para las obras propias de la Municipalidad es jurídicamente sostenible y se encuentra previsto. También puede admitirse, bajo condiciones, la venta accesoria de excedentes a otros organismos públicos. En cambio, la comercialización habitual a terceros privados, la ejecución general de obras para terceros y la actuación fuera del ejido son de dudosa legalidad, afirmaron.
Un dato adicional agrava lo expuesto y confirma el carácter distorsivo de la medida. Según trascendió públicamente, uno de los objetivos de la reforma es que el Ente genere ingresos propios y que, por esa vía, mejore el índice de coparticipación que el municipio percibe, añadieron.
La venta de hormigón, asfalto y materiales a terceros incrementaría los recursos propios del Ente y, con ellos, el coeficiente de coparticipación de Santa Rosa. Y como el índice se calcula sobre los recursos percibidos es decir, sobre la facturación, no sobre la ganancia , el Ente tendría un incentivo institucional a maximizar el volumen vendido con independencia del margen, advirtieron.
En otras palabras, estaría en condiciones de vender al costo, e incluso por debajo del costo, para captar el mercado, porque el verdadero retorno no proviene de la operación comercial sino de una mayor participación en la masa coparticipable provincial, alertaron.
Impacto
En el actual contexto de retracción de la actividad y de la obra privada, la irrupción de un competidor estatal con las ventajas descriptas no ampliaría la oferta en beneficio del vecino, sino que captaría la demanda existente en perjuicio de las empresas locales. El resultado previsible es la caída de ventas, la pérdida de puestos de trabajo genuinos del sector privado y, en el escenario más grave, el cierre de empresas constructoras, plantas de hormigón elaborado y corralones de la ciudad, fuentes de empleo y de tributación local que la medida pondría en riesgo sin beneficio proporcionado para el interés general, cuestión que no es atendida en ningún punto conforme surge del expediente, señalaron.
Por ello pidieron:
- Se disponga el aplazamiento del tratamiento del proyecto de ordenanza de la referencia, en particular de la ampliación del objeto del Ente.
- Se convoque, con carácter previo a todo despacho, a las empresas constructoras, plantas de hormigón elaborado y corralones de materiales de la ciudad y a esta Cámara a una reunión de comisión y/o audiencia pública en la que el sector pueda ser oído y aportar información técnica y económica.
- Se requiera un estudio de impacto sobre la competencia, sobre el empleo local y sobre el régimen de coparticipación (Ley N° 1065), y el dictamen jurídico sobre la competencia material y territorial del municipio para la actividad proyectada, a la luz de los arts. 1°, 7°, 83 y 112 de la Ley N° 1597 y del principio de especialidad del ente.
- Subsidiariamente, se supriman del texto la comercialización a terceros privados y la actuación fuera del ejido municipal, limitando la actividad del Ente al abastecimiento de las obras y necesidades de la propia Municipalidad a la luz de los principios rectores del derecho administrativo.
