Comodoro Py: el Gobierno inició el concurso para reemplazar a Martín Irurzun en la Cámara Federal
Tras cumplir 75 años sin el aval del Poder Ejecutivo para renovar su mandato, el ministerio de Justicia notificó la vacante definitiva al Consejo de la Magistratura. El tribunal revisa las causas más complejas por corrupción en los tribunales de Reti
El ministerio de Justicia de la Nación oficializó el pedido para iniciar el concurso público que cubrirá la vacante dejada por el juez Martín Irurzun en la Cámara Federal de Apelaciones. Tras haber cumplido el límite constitucional de 75 años el pasado 18 de julio sin la venia del Gobierno nacional para tramitar una prórroga de cinco años ante el Senado, el magistrado quedó formalmente fuera del Poder Judicial.
La notificación fue enviada por la cartera conducida por Juan Bautista Mahiques al presidente del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. A través de la nota oficial, que publicó Clarín, el Ejecutivo solicitó acelerar el proceso de selección para cubrir un puesto clave en los tribunales de Comodoro Py, neurálgico en la revisión de causas por corrupción.
El pedido oficial del Ministerio de Justicia al Consejo de la Magistratura
La presentación administrativa fue firmada por el director nacional de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somigliana. En el escrito oficial dirigido a las autoridades del órgano que selecciona a los jueces, se precisó la caducidad del mandato constitucional del magistrado al no haberse elevado un nuevo pliego al Congreso.
«Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia», detalla el documento oficial enviado a la presidencia del Consejo.
En el mismo texto, la fuente ministerial ratificó la vacancia irreversible del juzgado: «Habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente». La actuación ya fue girada a la Comisión de Selección para la puesta en marcha de las bases del concurso público.
En paralelo, las aspiraciones de Irurzun de frenar su salida por vía judicial colisionaron con la postura del máximo tribunal durante la feria judicial de invierno. En su resolución oficial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó la habilitación del receso al considerar que «la petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional».
Reestructuración en una Cámara estratégica para las causas de corrupción
La Cámara Federal de Apelaciones representa un eslabón neurálgico en la estructura penal federal de Buenos Aires, ya que actúa como tribunal de alzada encargado de revisar, confirmar o revocar las resoluciones emitidas por los jueces de instrucción en expedientes de alto impacto público sobre corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la falta de envío del pliego de Irurzun responde a la potestad discrecional que la Constitución otorga al Presidente de la Nación para convalidar o desechar la continuidad de los magistrados al llegar a los 75 años. A diferencia de este caso, el Ejecutivo sí impulsó la prórroga del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, cuyo expediente avanzó hacia la Cámara Alta.
El inicio del concurso para el sillón de Irurzun se suma a otras gestiones recientes enviadas por la Casa Rosada al Senado de la Nación para completar los casilleros vacíos en el fuero federal, entre los que se destacan los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar el mismo tribunal de apelaciones.
El ministerio de Justicia de la Nación oficializó el pedido para iniciar el concurso público que cubrirá la vacante dejada por el juez Martín Irurzun en la Cámara Federal de Apelaciones. Tras haber cumplido el límite constitucional de 75 años el pasado 18 de julio sin la venia del Gobierno nacional para tramitar una prórroga de cinco años ante el Senado, el magistrado quedó formalmente fuera del Poder Judicial.
