Profundizan las sospechas sobre la compra centralizada de alimentos y advierten por posibles sobreprecios | Análisis
El dirigente de UCR Activa sostuvo que el nuevo sistema para abastecer los comedores escolares concentra un contrato millonario en una sola empresa, cuestionó la calidad nutricional de los productos y aseguró que los antecedentes de Teknofood SA en o
La compra centralizada de alimentos para los comedores escolares volvió a quedar en el centro de la discusión pública luego de que el dirigente de UCR Activa y abogado Rubén Pagliotto ampliara los cuestionamientos al contrato adjudicado por el Ministerio de Desarrollo Humano a la firma Teknofood SA. Además del pedido formal de acceso a la información pública presentado por la agrupación, el referente radical afirmó que existen razones para exigir explicaciones sobre el cambio de modalidad de abastecimiento, la calidad de los productos y el proceso de contratación.
En ese sentido, sostuvo que el contrato que, según indicó, supera los 40.000 millones de pesos reemplazó un esquema descentralizado que otorgaba a cada escuela una tarjeta para adquirir alimentos en comercios locales por un sistema concentrado en un único proveedor.
En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Pagliotto afirmó que el objetivo es conocer "cómo y por qué" se adoptó esta modalidad y reclamó que el Gobierno provincial haga pública toda la documentación vinculada a la contratación.
El dirigente explicó que el sistema anterior permitía que cada establecimiento comprara leche, frutas, panificados y otros alimentos en almacenes, panaderías y verdulerías de cada localidad. A su entender, ese mecanismo no solo favorecía una alimentación con productos frescos, sino que además impulsaba las economías regionales al distribuir las compras entre pequeños comerciantes.
"Desaparece una modalidad descentralizada y se centraliza en una megaempresa que tiene contratos millonarios en todo el país", sostuvo.
Antecedentes de Teknofood
Pagliotto señaló que Teknofood SA ya presta servicios similares en otras provincias, aunque aseguró que existen antecedentes que generan preocupación.
Como ejemplo mencionó el caso de San Juan, donde, según afirmó, la contratación derivó en una investigación judicial por presuntos sobreprecios. También hizo referencia a Corrientes, donde indicó que el contrato habría sido rescindido tras registrarse incumplimientos en la entrega de alimentos.
A partir de esos antecedentes, sostuvo que uno de los principales objetivos del pedido de informes es conocer bajo qué procedimiento fue seleccionada la empresa.
Entre otros puntos, UCR Activa solicitó acceder a la modalidad de contratación utilizada licitación pública, privada o cotejo de precios, los pliegos, las ofertas presentadas, el monto comprometido, la forma de pago, los estudios de conveniencia económica y nutricional y la logística prevista para distribuir los alimentos en toda la provincia.
"Nosotros no estamos acusando de nada, simplemente queremos que nos expliquen un contrato de semejante magnitud", aclaró.
Críticas al contenido nutricional
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la composición de los alimentos que recibirán los estudiantes.
Pagliotto aseguró haber consultado a médicos y especialistas en nutrición, quienes le manifestaron reparos sobre la utilización predominante de productos ultraprocesados.
Según describió, el nuevo esquema reemplaza alimentos frescos por preparaciones industrializadas, elimina frutas, yogures y panificados elaborados localmente y los sustituye por leche en polvo, galletitas industriales, cereales y otros productos de larga duración.
"El ultraprocesado trae muchísimos problemas", sostuvo, al remarcar que ese tipo de alimentos no ofrece el mismo valor nutricional que los productos frescos que, según indicó, se adquirían con el sistema anterior.
Transparencia y antecedentes
El abogado insistió en que el acceso a la información pública no implica formular una denuncia sino ejercer un derecho ciudadano para conocer cómo se administran los recursos públicos.
No obstante, reconoció que existen antecedentes de la actual gestión provincial que, a su criterio, justifican mantener una actitud de vigilancia sobre este tipo de contrataciones. En ese sentido recordó las denuncias que promovió por presuntas irregularidades en la transformación del Iosper en Oser, el sistema de servicios adicionales de la Policía y la contratación del servicio de seguridad de Enersa.
"Esos antecedentes me autorizan, por lo menos, a sospechar y a pedir explicaciones", afirmó.
Finalmente, señaló que el Ministerio de Desarrollo Humano dispone de un plazo legal para responder el requerimiento y advirtió que, en caso de no obtener una contestación completa y en término, analizarán la posibilidad de promover acciones judiciales para garantizar el acceso a la información pública.
