Una pyme de Larroque puede perder la fábrica por un juicio laboral que trepó a $350 millones
Papel 2000, la empresa de la familia Taffarel dedicada a la producción de papel higiénico y rollos de cocina, arrastra desde 2021 una demanda laboral que empezó en $46 millones y hoy, con intereses, supera los $350 millones.
Una pyme de Larroque puede perder la fábrica por un juicio laboral que trepó a $350 millones
Una pequeña empresa familiar de Larroque, con 27 años en el mercado, está al borde de la quiebra por un juicio laboral que sus dueños y sus abogados califican como "una locura" de "la industria del juicio".
Se trata de Papel 2000, dedicada a la fabricación y venta de papel higiénico y rollos de cocina, manejada históricamente por la familia Taffarel.
La causa ya pasó por Primera Instancia, la Cámara de Concepción del Uruguay y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y esta semana la familia presentó un recurso extraordinario para que el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación.
Todo comenzó en 2021, cuando Gregorio Alberto Witiuk y Valentín Witiuk -padre e hijo-, de Concepción del Uruguay, iniciaron una demanda laboral contra Sergio, Paul y Vanina Taffarel, reclamando ser reconocidos como empleados de la empresa.
Según relató Paul Taffarel, uno de los responsables de la firma a R2820 y Radio Nacional, los Witiuk se dedicaban a la preventa del producto en distintas zonas de la costa del Uruguay y cobraban una comisión por esa tarea, sin relación de dependencia, vehículo de la empresa ni oficina propia.
De $46 millones iniciales a una condena de $156 millones
La demanda original fue por $46 millones de pesos. Según los abogados de la familia Taffarel, Alfio Gette y Rubén Virué, la jueza a cargo del expediente, Nora Angélica Garín, titular del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N°2 de Concepción del Uruguay, calificó esa cifra de "irrisoria" en la primera audiencia de conciliación y pidió bajarla.
Se llegó a proponer una cifra de $12 millones, pero los demandantes no aceptaron el arreglo.
El proceso continuó y, según los defensores de la pyme, estuvo marcado por irregularidades: testigos que no conocían el apellido de los demandados y una grabación de la audiencia de testigos que se extravió en la fiscalía, sin que el abogado de los Taffarel fuera notificado.
La sentencia de primera instancia, a la que accedió R2820, hizo lugar a la demanda y rechazó la excepción de incompetencia planteada por la defensa.
Condenó a Sergio Omar Taffarel, Paul Omar Taffarel y Vanina Roxana Taffarel a pagar $156.200.960,35. Más de 82 millones para Gregorio Alberto Witiuk y casi 73 millones de pesos a Valentín Alberto Witiuk, "sin perjuicio de los intereses hasta su efectivo pago".
El fallo también impuso las costas a la parte demandada y reguló honorarios por $13 millones y $5,8 millones para los abogados de los demandantes (Leonardo Bernal Sotelo y Oscar Sarli) y por $12 millones y $1 millón para los defensores de la empresa (Alfio Gette y Rubén María Virué).
Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, esa cifra escaló a los $350 millones que hoy pesan sobre la empresa.
"Trabajamos en familia, esperando el fallo"
Paul Taffarel remarcó que en 27 años de actividad y con más de 60 o 70 empleados que pasaron por la fábrica, nunca habían tenido un juicio laboral. "Es algo muy raro que dos personas totalmente ajenas a la empresa, que no tienen absolutamente nada firmado con nosotros, puedan enjuiciarnos de esta manera", señaló.
Según contó, decidió indemnizar a todos los empleados de la empresa para evitar quedar expuestos a demandas similares. Hoy, dijo, la fábrica funciona solo con mano de obra familiar: sus cinco hermanos, sus padres ya jubilados y dos cuñados. "Para poder remontar esto y volver a tomar empleados, con esta situación va a ser imposible, va a ser muy complicado", advirtió.
"Estamos esperando el fallo, pero entendemos que esto tiene que tener una consecuencia para un montón de empresas que, como la nuestra, están en la misma situación", agregó Taffarel, quien confesó "es imposible responder por esa cantidad de plata, y menos en un juicio laboral que no tiene pie ni cabeza".
"Dicho por la propia jueza significaría la quiebra de la empresa", resumió con resignación a R2820.
Apelaron, fueron a la Cámara y después al Superior Tribunal
La familia apeló el fallo ante la Cámara de Concepción del Uruguay, que confirmó la sentencia. Después presentaron un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), donde el fallo salió dividido.
El primer voto planteó que la Cámara nunca se había pronunciado sobre si correspondía aplicar al caso la Ley 27.742 que eliminó el régimen de multas de las leyes 24.013 y 25.323 y la del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que representa aproximadamente la mitad del monto total de la condena. Por eso propuso devolver el expediente a la Cámara para que se expidiera sobre ese punto.
Sin embargo, por mayoría, los otros dos votos no analizaron los argumentos del recurso. Consideraron que estaba "mal concedido", por un tecnicismo.
Ahora, la Corte Suprema de la Nación
Frente a ese rechazo, la defensa de la pyme presentó esta semana un recurso extraordinario federal para que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El planteo apunta, por un lado, a que se revise si el recurso ante el STJER estaba realmente "mal concedido" y, por otro, a que se defina si corresponde aplicar la Ley 27.742 que reduciría a la mitad el monto de la condena, un debate que, según los abogados, tampoco está saldado todavía por la Corte a nivel nacional.
"Es una situación harto compleja, un monto económico muy importante que pone en riesgo el patrimonio de la empresa", coincidieron Gette y Virué.
Detrás de los expedientes, los votos divididos y los millones que se acumulan con cada instancia, hay una historia más simple: la de una familia que empezó de la nada y en tres décadas construyó, ladrillo a ladrillo, una fábrica que hoy da identidad y trabajo a Larroque.
Treinta años de sacrificio que hoy penden de un hilo, a la espera de que la Corte Suprema de la Nación diga la última palabra. Para los Taffarel, lo que está en juego no es solo una cifra: es el esfuerzo de toda una vida, el que les permitió crecer junto a su pueblo, y que hoy amenaza con esfumarse por un litigio que no dudan en calificar de "injusto".
