Exclusivo: empresarios que pedían la reforma laboral van a la Justicia para frenarla
Rebelión empresarial contra la reforma laboral: CAME y CAC van a la Justicia contra el decreto de Sturzenegger. Negociaciones y tensión en las paritarias.
A cinco meses de su sanción parlamentaria, la reforma laboral está a punto de iniciar una fase insólita de su corta vigencia: los mismos empresarios que la reclamaban irán a la Justicia para ponerle freno. El logro corresponde en su totalidad al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, factótum de buena parte de la normativa y sobre todo de su reglamentación, que consiguió el récord absoluto de aunar en su rechazo a sindicalistas y cámaras empresarias. La decisión de los hombres de negocios maduró en las últimas semanas y se mantuvo inalterable a pesar de que este lunes el Gobierno publicó un decreto reglamentario que dio marcha atrás, en parte, sobre otro anterior que recortaba fondos de gremios y patronales.
El Destape pudo confirmar que al menos dos de las entidades de comercio y servicios más importantes, que constituyen la mayor fuente de mano de obra privada con más de 4 millones de trabajadores en la actividad, preparan en sintonía una estrategia judicial para detener el decreto 407/26 que forzó la renegociación de más de 800 convenios colectivos de trabajo. Se trata de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), signatarias entre otros convenios del que corresponde a la Federación de Empleados de Comercio (Faecys) bajo la conducción de Armando Cavalieri.
En la punta de este iceberg se encuentra la posible disolución de un ente de capacitación de empleados mercantiles que le da contorno al financiamiento de ambas entidades, pero de fondo también emerge la discusión con Sturzenegger por la supervivencia de un mecanismo de administración del conflicto social mediante las paritarias que permanece casi intacto en la Argentina desde hace más de 70 años. Ese sistema, de hecho, borró históricamente diferencias entre sindicatos y empresarios en foros como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adonde cada año ambas partes lo defienden por igual.
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La disputa judicial que traman en CAC y CAME amenaza, además, con extenderse a otras actividades marcadas por la simbiosis entre patronales y sindicatos y en las que, al calor de esta gimnasia, florecieron a lo largo de las décadas aportes especiales, cuotas solidarias, institutos y fundaciones con financiamiento mixto. Los propios dirigentes mercantiles admiten haber conversado sobre un posible efecto dominó en otros rubros como el metalúrgico, la gastronomía y la hotelería.
El foco de la controversia es el fin de la ultraactividad (es la garantía de continuidad de vigencia de un convenio colectivo de trabajo más allá de su fecha formal de caducidad mientras no se acuerde un instrumento superador) que impuso la reforma laboral y, en particular, los límites que estableció el decreto 407 sobre las posibilidades de gremios y empresas de renegociar las denominadas cláusulas obligacionales. Esas cláusulas son las que consagran cuotas especiales, aportes y fondos diferenciados del capítulo salarial de cada paritaria, y que vigorizan las estructuras de los dos lados del mostrador.
Sobre esos aportes la ley establecía un tope sobre el salario de 2% para los destinados a gremios y obras sociales, y de 0,5% para entidades de empleadores. La reglamentación de Sturzenegger avanzó sobre ese texto, previamente acordado con la CGT, y estableció el límite sobre los sueldos básicos y no los conformados, en general muy superiores. El decreto aclaratorio 612/26, de este lunes, mantuvo los topes pero extendió los rubros sobre los cuales pueden calcularse las contribuciones solidarias con esos mismos destinos, algo que aplacó los reclamos gremiales pero no los patronales.
Es que la ambigüedad deliberada en la redacción del decreto 407, que no se alteró con la aclaratoria, habilita una renegociación de mayor amplitud sobre otros ítems de los convenios colectivos, así como la irrupción en la discusión de nuevos actores, tanto en la representación de los empresarios (cualquiera que acredite contar con al menos 10% de los trabajadores de una actividad podrá reclamar una silla) como de los sindicatos (se estimula la aparición de nuevos, por provincias o incluso por compañías).
El temor compartido en las dos veredas de las paritarias es el quiebre de los cimientos económicos que sostienen sus estructuras. Pero incluso si una resistencia coordinada o una flexibilización del Gobierno mitigaran ese daño la preocupación común también pasa por una reglamentación que advierten subversiva del modelo sindical como hasta ahora ningún gobierno había podido avanzar. No pudieron Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa ni Mauricio Macri, a pesar de haber logrado en algunos casos hasta sancionar legislaciones con un espíritu similar al de la reforma laboral. El propio Javier Milei se jactó la semana pasada de haber hecho sancionar una ley que ni los militares habían podido aplicar en la última dictadura.
Tal como reveló la semana pasada El Destape, sin embargo, todo el ímpetu libertario con la renegociación de 800 convenios colectivos se redujo a cero en los últimos días, confiaron fuentes oficiales. No se trata sólo del interés común de empresas y sindicatos por fondos sino que las cámaras patronales perciben en la reglamentación de Sturzenegger un intento de anarquizar las relaciones laborales hasta límites insostenibles.
La prevalencia de los convenios de grado menor contra los de alcance nacional, la proliferación de gremios y cámaras en un pie de igualdad con las preexistentes y el permiso legal para que los trabajadores puedan aceptar individualmente empeorar sus condiciones, entre otros puntos, suena tan tentador como inquietante. De hecho los dirigentes empresarios y sus asesores más experimentados recuerdan etapas en las que la mayor dispersión en las negociaciones terminó por dinamitar todo el sistema de paritarias para volverse un búmeran de conflictividad para los empleadores.
Nadie pedía tanto, es el mantra que repiten por lo bajo en reuniones de negocios muchos de los empresarios que incluso patrocinaron la reforma laboral y aplaudieron en comunicados y foros su aprobación. De hecho un anticipo de la disputa judicial de los mercantiles se dio durante el tratamiento de la ley, con una nota sincronizada de CAC, CAME y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) contra los efectos nocivos de la caída de la ultraactividad y los cambios en la negociación paritaria, que también expuso primero este medio.
