Denunció que fue abusada hace diez años, condenaron a dos hombres y ahora la Corte tucumana los absolvió
La mujer tenía 18 años y la violación ocurrió tras ir a un boliche en Tafí Viejo.Las condenas originales habían sido a 8 y 10 años de cárcel.El debate por el tratamiento judicial de casos de abuso sexual.
Diez años después de denunciar que fue abusada sexualmente por dos hombres, Carolina Monteros volvió a quedar en el centro de una batalla judicial, pero el debate excede su caso. La reciente absolución de Franco Trapani y Álvaro Rodríguez por parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán reabrió una discusión que atraviesa al sistema judicial: cómo se valoran las pruebas en los delitos sexuales, qué significa aplicar perspectiva de género y hasta dónde llegan los principios tradicionales del derecho penal cuando se juzgan hechos de violencia sexual.
El expediente comenzó el 3 de julio de 2016. Carolina tenía 18 años y había salido a bailar con una amiga al boliche Lancaster, en Tafí Viejo. Según la acusación fiscal, cerca de las 6 de la mañana salió del local junto a Franco Trapani. En el camino, Trapani llamó a Álvaro Rodríguez, quien se subió al auto con ellos. Terminaron los tres en la casa de los padres de Trapani.
Allí, de acuerdo con la denuncia, los dos hombres la empujaron sobre una cama matrimonial y la sometieron sexualmente por turnos durante horas. Carolina declaró que intentó resistirse, que lloró y pidió que se detuvieran, hasta que finalmente logró levantarse. Cerca de las 10 de la mañana abandonó la casa junto con ellos.
No denunció ese mismo día sino tres días después. Y eso pasó a ser un reproche contra ella.
"Recuerdo que esa noche mi vida cambió para siempre. Fui víctima de un abuso sexual cometido por dos hombres. Durante los días posteriores estaba en estado de shock, con mucho miedo por las amenazas recibidas, vergüenza y una profunda confusión. No es cierto que todas las víctimas puedan denunciar de inmediato. Cada persona procesa un hecho traumático de una manera distinta", explica Carolina Monteros a Clarín.
"Denuncié al tercer día porque necesité ese tiempo para poder entender lo que me había pasado, reunir fuerzas y animarme a enfrentar todo lo que implicaba denunciar. Sabía que hacerlo significaba exponerme, revivir el trauma y enfrentar un proceso muy difícil, pero también sabía que no podía callarme", asegura.
Diez años de proceso
La investigación avanzó lentamente. Hubo períodos de inactividad, planteos procesales y demoras que extendieron la causa durante casi una década. En octubre de 2025 finalmente se realizó el juicio oral. Luego de nueve audiencias, el juez Antonio Nicolás Gutiérrez condenó a Trapani a diez años de prisión y a Rodríguez a ocho años como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos personas.
Sin embargo, los condenados nunca fueron detenidos porque no se dictó prisión preventiva mientras se resolvían las apelaciones. Meses después, la Corte Suprema de Tucumán revocó la sentencia y absolvió a los dos acusados por el beneficio de la duda.
La decisión fue repudiada por organizaciones de derechos humanos y especialistas en violencia de género, que cuestionaron tanto la valoración de la prueba como la interpretación del máximo tribunal provincial.
"La Justicia volvió a callarme"
"Fueron diez años extremadamente duros. No solo tuve que atravesar el trauma del abuso, sino también el desgaste de un proceso judicial interminable, con dilaciones adrede, con revictimizaciones constantes y una enorme incertidumbre. Durante todo este tiempo también sentí el peso de enfrentar a personas con un enorme poder económico, uno de ellos perteneciente a una importante familia de la industria citrícola exportadora, dando una pelea profundamente desigual", explica Carolina a Clarín.
"Cuando el tribunal condenó a los responsables el año pasado sentí que, después de tanto tiempo, la Justicia finalmente había escuchado las pruebas y mi voz", dice. Pero la absolución, cuenta, volvió a derrumbar todo: "Fue un golpe muy fuerte. Sentí dolor, impotencia, una profunda desilusión y enojo. No solo por mí, sino también por el mensaje que este tipo de decisiones puede transmitir a otras víctimas que están pensando en denunciar".
Pero, asegura, seguirá luchando: "Junto con mi abogado vamos a agotar todas las instancias legales que correspondan. Espero que los tribunales que intervengan analicen el caso con perspectiva de género, respeten las pruebas producidas durante el proceso y garanticen un análisis serio e imparcial".
La mirada de la defensa
La defensa de los imputados sostiene todo lo contrario. En dialogo con Clarín, el abogado Alfredo Falú afirma que la denuncia es falsa y que la absolución responde a la falta de pruebas suficientes para destruir el principio constitucional de inocencia.
Según Falú, fue Carolina quien buscó a Trapani en el boliche, decidió subir voluntariamente a su vehículo y luego entró por sus propios medios a la habitación de la casa a la que fueron. Sostiene, además, que no hubo penetración, violencia ni afectación de la libertad sexual y que la denuncia fue presentada tres días después para intentar preservar una relación de pareja luego de que su entonces novio conociera el encuentro.
Para Falú, la Corte aplicó correctamente los principios de presunción de inocencia. También rechaza que exista una falta de perspectiva de género y considera que el tribunal evaluó toda la prueba disponible antes de absolver a los acusados.
Dos maneras opuestas de ver las pruebas
La Corte cuestionó que la sentencia condenatoria no explicara por qué algunas contradicciones en distintas declaraciones de la denunciante no afectaban su credibilidad. También señaló inconsistencias respecto de la secuencia de los hechos, diferencias entre distintos testimonios, la falta de lesiones genitales compatibles con una violación y la inexistencia de rastros biológicos.
El fallo consideró que algunos testimonios de amigas de Carolina reproducían únicamente lo que ella les había contado y que determinadas lesiones descriptas por la denunciante no coincidían con las conclusiones del médico forense.
Por el contrario, el abogado querellante Carlos Garmendia sostiene que la sentencia condenatoria era "impecable" y que la Corte provincial "la destruye en apenas tres meses, algo que no ocurría desde hacía décadas".
"El juez garantizó plenamente el derecho de defensa. Había informes médicos, dos pericias psicológicas y psiquiátricas oficiales que acreditaban un cuadro de estrés postraumático compatible con violencia sexual, además del relato consistente de Carolina y múltiples elementos corroborantes. La Corte no solo deja de aplicar perspectiva de género sino que critica expresamente al juez por haberla aplicado", dice a Clarín.
Según Garmendia, va a llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El amicus curiae
La Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán decidió intervenir mediante la presentación de un amicus curiae. Su planteo sostiene que el dictamen del Ministerio Público Fiscal y la sentencia absolutoria reproducen estereotipos clásicos de "la cultura de la violación".
Identifica cinco ejes principales.
El primero consiste en exigir un modelo único de comportamiento para las víctimas: pedir ayuda inmediatamente, denunciar sin demora y cortar todo contacto posterior con los agresores.
El segundo es dar relevancia a conductas previas -haber salido a bailar, consumir alcohol- como si pudieran interpretarse como consentimiento.
El tercero es esperar necesariamente lesiones físicas o rastros biológicos concluyentes para considerar acreditada una agresión sexual.
El cuarto tiene que ver con interpretar los recuerdos fragmentarios como contradicciones, sin considerar la abundante literatura científica sobre memoria traumática.
Y el quinto cuestiona una valoración fragmentada de la prueba, analizando cada elemento de manera aislada en lugar de hacerlo de forma integral.
"La cultura de la violación se expresa a través de estereotipos de género dentro del razonamiento judicial, ofreciendo una representación monolítica tanto de la violencia sexual como de quienes la padecen", sostiene la organización.
Desde Ni Una Menos de Tucumán repudiaron el fallo: En octubre de 2025, luego de 10 años de dilación, el caso fue elevado a juicio y se logró la condena a 10 y 8 años de prisión, respectivamente. En el transcurso de ese tiempo, hubo distintas acciones de amedrentamiento hacia Carolina y maniobras judiciales para que no se llegara a esa instancia, comienza el comunicado de la organización.
Con el argumento del beneficio de la duda, Estofán, Leiva y Posse (los tres jueces de la Corte) emitieron este nuevo fallo de impunidad, el cual sienta un grave precedente contra las víctimas de violencia sexual. Los jueces amigos del poder ponen en cuestión el testimonio de Carolina, de los testigos y los informes médicos y psicológicos. Sostienen que el tribunal que dictó la condena tuvo una "valoración global o impresionista" del relato. El tratamiento express que le dio la Corte, en contraste con la demorada en numerosas causas, da cuenta también del trato privilegiado que tienen estos 'señores'", concluye.
Una vida suspendida
Mientras el expediente continúa su recorrido, Carolina intenta reconstruir su vida: "Nunca me fui de la ciudad donde ocurrió todo. Permanecer también tuvo un costo muy alto: significó convivir con los recuerdos de lo que pasó y, muchas veces, cruzarme con mis abusadores en la calle".
"En estos diez años mi vida cambió por completo. Hubo momentos en los que sentí que el proceso judicial me consumía por perseguir justicia. Pasé por etapas de mucho dolor, frustración, desesperación y agotamiento. También fue muy duro ver sufrir a mi familia", asegura.
Y agrega: "Sostener una causa durante tanto tiempo implica postergar proyectos, vivir con incertidumbre y aprender a convivir con el desgaste. Hoy sigo reconstruyendo mi vida de a poco. Este proceso tuvo consecuencias laborales y personales enormes. Pero nunca dejé de creer que denunciar y hablar fue lo correcto".
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