La discusión por las tierras fueguinas que permanece abierta desde hace más de 30 años
La disputa por la titularidad de distintos terrenos en Tierra del Fuego tiene su origen en la Ley de Provincialización y en la falta de definiciones.
La disputa por la titularidad de distintos terrenos en Tierra del Fuego tiene su origen en la Ley de Provincialización y en la falta de definiciones administrativas que se arrastra desde comienzos de la década de 1990. Así lo explicó el abogado Raúl Aciar, quien sostuvo que la situación debe analizarse mediante la documentación correspondiente a cada inmueble.
En declaraciones a Radio Provincia, el letrado aclaró que este debate no guarda relación con el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada tratado recientemente en el Congreso. Según indicó, el eje jurídico se encuentra en el artículo 15 de la norma que convirtió al antiguo territorio nacional en provincia.
Antes de la provincialización, la totalidad de las tierras fueguinas se encontraba bajo dominio del Estado Nacional. Sin embargo, la ley dispuso que esos bienes fueran transferidos a la nueva provincia, con determinadas excepciones para los inmuebles que, en aquel momento, estuvieran afectados a un uso o servicio público de carácter nacional.
Aciar explicó que la Nación contaba con un plazo que se extendía hasta 1993 para identificar y reservar formalmente los terrenos que pretendía conservar. Esa decisión debía quedar establecida mediante una ley nacional que individualizara cada propiedad.
El abogado señaló que existen casos en los que la afectación resulta evidente, como el aeropuerto, las dependencias de la Prefectura Naval o determinadas instalaciones vinculadas con la actividad antártica. No obstante, advirtió que la situación de otros predios nunca fue delimitada con claridad.
A su entender, esa falta de precisión es la que alimenta actualmente las diferencias entre la Provincia, los municipios, las Fuerzas Armadas y otros organismos nacionales. Por ese motivo, remarcó que no alcanza con afirmar que un terreno pertenece a una u otra jurisdicción, sino que será necesario revisar antecedentes, leyes, escrituras y actos administrativos.
También mencionó que los convenios firmados entre organismos pueden ser relevantes para establecer si alguna de las partes reconoció previamente la propiedad de otra institución. Como ejemplo, explicó que solicitar autorización para utilizar un inmueble podría interpretarse como un reconocimiento de que ese espacio pertenece a un tercero.
Finalmente, Aciar sostuvo que la resolución de cada conflicto dependerá de determinar qué destino tenían los terrenos al momento de la provincialización y si la Nación realizó, dentro del plazo establecido, la correspondiente reserva legal. Habrá que definir cuáles eran en 1990 los inmuebles afectados a un uso o servicio público nacional, sintetizó.
