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Ciudadsatelite ayer 5 min de lectura

Renovar Salto Grande costará US$ 1.000 millones: qué empresas y qué países compiten por el mayor contrato hidroeléctrico de la región

La modernización de la represa binacional demandará una inversión cercana a los mil millones de dólares y enfrenta intereses de Estados Unidos, Europa y China, mientras la tecnología soviética original llega al final de su vida útil. La licitación aú

Renovar Salto Grande costará US$ 1.000 millones: qué empresas y qué países compiten por el mayor contrato hidroeléctrico de la región
Foto: Ciudadsatelite

Estados Unidos, Rusia, China y Europa miran a Salto Grande

Renovar Salto Grande costará US$ 1.000 millones: qué empresas y qué países compiten por el mayor contrato hidroeléctrico de la región

POR ANÁLISIS

La futura renovación del complejo hidroeléctrico de Salto Grande se perfila como una de las inversiones en infraestructura energética más importantes de América del Sur. Con un presupuesto estimado en 1.000 millones de dólares, la modernización de las turbinas de la represa binacional no solo representa un desafío técnico, sino también un escenario donde convergen intereses políticos, económicos y geopolíticos.

Ubicada a apenas 15 kilómetros de Concordia, la central hidroeléctrica comenzó a operar en 1979 y fue la primera represa binacional de América Latina. Actualmente aporta cerca del 4% de la energía eléctrica que consume Argentina y aproximadamente el 50% de la demanda de Uruguay.

Turbinas soviéticas que llegaron al final de su vida útil

Las 14 turbinas Kaplan de 135 megavatios cada una fueron fabricadas por la entonces Unión Soviética durante la Guerra Fría, cuando Argentina optó por adquirir tecnología hidroeléctrica proveniente de Moscú.

Tras casi cinco décadas de funcionamiento y un mantenimiento considerado ejemplar a nivel internacional, el equipamiento alcanzó el límite de su vida útil de diseño, por lo que ambos países deberán encarar un ambicioso proceso de renovación.

Sin embargo, el proyecto no contempla reemplazar las 14 turbinas por unidades nuevas, como trascendió inicialmente. Según explicó el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el uruguayo Gonzalo Casaravilla, el plan prevé la compra de dos turbinas completamente nuevas, mientras que las otras doce serán sometidas a una profunda rehabilitación, lo que permitirá extender su funcionamiento entre 30 y 40 años más.

La denominada Etapa III del programa de modernización todavía no fue licitada. Actualmente se encuentra en fase de estudios técnicos y, de cumplirse los plazos previstos, las obras se desarrollarían entre 2030 y 2040.

Una licitación que aún no existe, pero ya despierta interés internacional

Aunque todavía no hay pliegos definitivos, empresas adjudicatarias ni contratos firmados, el proceso ya genera expectativas entre los principales fabricantes mundiales de equipamiento hidroeléctrico.

La licitación será administrada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, organismo integrado en partes iguales por Argentina y Uruguay. Del lado argentino, las directivas llegan a través de la Secretaría de Energía de la Nación, mientras que las decisiones políticas de fondo dependerán de los presidentes Javier Milei y Yamandú Orsi.

La delegación argentina ante la CTM está encabezada por Guillermo Daneri, cuñado del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.

El financiamiento también define quién puede competir

Uno de los aspectos menos visibles del proceso tiene que ver con el financiamiento.

Las etapas actuales del programa de modernización son financiadas mediante créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que solo permite participar en sus licitaciones a empresas de países miembros.

Ese detalle excluye automáticamente a Rusia, heredera de la tecnología original instalada en Salto Grande, aun cuando los manuales técnicos recomienden mantener una línea tecnológica similar para facilitar la compatibilidad del sistema.

En consecuencia, el origen del financiamiento termina condicionando el universo de empresas que podrán competir por uno de los contratos más importantes del sector energético regional.

Estados Unidos, Europa, China e IMPSA

El mercado mundial de grandes turbinas hidroeléctricas está dominado por un reducido grupo de compañías, entre ellas Voith Hydro (Alemania), Andritz (Austria), GE Vernova (Estados Unidos), Toshiba y Mitsubishi (Japón), además de fabricantes chinos como Harbin y Dongfang.

Entre los posibles competidores también aparece IMPSA, empresa mendocina con amplia experiencia en este tipo de desarrollos.

Actualmente IMPSA trabaja en la fabricación de nuevas turbinas para la represa de Yacyretá, un antecedente que la posiciona como una de las firmas con mayor conocimiento sobre este tipo de equipamiento.

No obstante, la empresa ya no pertenece al Estado argentino ni a la familia Pescarmona. Tras ser privatizada durante la gestión de Javier Milei, pasó a manos del grupo estadounidense ARC Energy, que adquirió el paquete accionario mayoritario en el marco del proceso de venta impulsado por el Gobierno nacional.

Un negocio que comienza antes de la licitación principal

Mientras se prepara el recambio de las turbinas, la CTM ya puso en marcha otros contratos vinculados a la modernización del complejo.

Uno de ellos es la Licitación Pública Internacional SG 800, destinada a renovar el sistema de transmisión eléctrica de la represa mediante una inversión cercana a 53 millones de dólares, también financiada por el BID.

Las ofertas fueron recibidas durante julio y su resultado todavía no fue informado oficialmente. Para muchos especialistas, ese proceso servirá como primer indicador para conocer qué empresas internacionales buscan posicionarse de cara al futuro contrato de las turbinas.

El reclamo de Entre Ríos por los excedentes

Todo este escenario coincide con otro conflicto que involucra directamente a la provincia de Entre Ríos.

El Gobierno provincial sostiene que la energía generada por Salto Grande recibe una remuneración inferior a la de Yacyretá, situación que reduce los excedentes económicos que corresponden a la provincia por ley.

En ese contexto, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes confirmó que la administración de Rogelio Frigerio prepara una nueva demanda judicial contra la Nación para reclamar las diferencias acumuladas.

FUENTE: ANÁLISIS

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