Encierro extremo: así vive el presunto jefe de una célula del Tren de Aragua
Hace casi tres años que Guillermo Rafael Boscán Bracho permanece detenido en nuestro país bajo el régimen de presos de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal. Mientras espera ser juzgado antes de su extradición a Venezuela, transita un encier
La puerta de su calabozo permanece cerrada casi todo el día. Las comunicaciones son mínimas, las escasas visitas están sometidas a estrictos controles y el contacto con otros internos prácticamente no existe. Así transcurren los días de Guillermo Rafael Boscán Bracho, el venezolano señalado por la Justicia como el presunto jefe de una célula del Tren de Aragua en la Argentina, detenido desde el 3 de octubre de 2023 bajo el régimen de alto perfil del Servicio Penitenciario Federal.
Alias Yiyi, el presunto criminal que supo instalarse en un country de Corrientes con una identidad falsa hoy permanece alojado en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de Marcos Paz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya confirmó su extradición a Venezuela, donde está acusado por delitos como homicidio, extorsión, terrorismo, tráfico de armas y asociación ilícita. Sin embargo, antes deberá afrontar en el país el juicio oral en el que está procesado por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo con supuestos vínculos con el Tren de Aragua.
Pero más allá del expediente, el día a día de Boscán Bracho está atravesado por un régimen de detención excepcional. Gabriel Roldán, defensor junto a Elizabeth Cutaia, sostiene que el aislamiento permanente terminó convirtiéndose en una pena adicional para alguien que todavía no fue condenado en la Argentina.
Yiyi está prácticamente aislado. Tiene las visitas reducidas, los ingresos muy limitados y casi no puede sociabilizar. Cuando una persona pasa tanto tiempo encerrada y sin contacto con otros internos, la cabeza empieza a deteriorarse, cuenta el defensor a PERFIL.
El sistema de alto perfil fue creado para internos considerados de alto riesgo de fuga o capaces de continuar dirigiendo organizaciones criminales desde prisión. Entre otras restricciones, establece visitas únicamente de familiares directos, sin contacto físico, a través de un locutorio, cada quince días y por una hora. También prevé fuertes controles sobre las comunicaciones y permite solicitar el monitoreo o incluso la suspensión de visitas cuando existan riesgos para la investigación.
La defensa de Boscán Bracho no cuestiona la existencia del régimen, sino su aplicación concreta. Según Roldán, las revisiones periódicas previstas para determinar si un interno debe continuar bajo esas condiciones se transformaron en un mero trámite administrativo.
Los informes son un corte y pegue. Pedimos que se haga una evaluación criminológica y psicológica individualizada cada seis meses, como corresponde, pero siempre termina rechazándose, sostiene.
Dos años sin ver a su hija. Las consecuencias del aislamiento también alcanzaron a su familia. Roldán asegura que Boscán Bracho lleva más de dos años sin poder reencontrarse con una de sus hijas menores. Recién en los últimos días, un juez autorizó que la niña pueda visitarlo y serán los propios abogados quienes la acompañarán hasta el penal para concretar el encuentro.
Nos autorizaron a nosotros a llevarla. Si todo sale bien, después de dos años va a poder volver a verla, relata el defensor.
Antes de eso, incluso los propios abogados debieron ocuparse de llevarle mercadería al penal porque, con buena parte de su familia detenida en la misma causa, no tenía quién pudiera hacerlo. Íbamos nosotros a hacer la fila como cualquier familiar para ingresar las cosas. No tenía a nadie, recuerda Roldán.
Se cortó los brazos. Según la defensa, el deterioro provocado por el encierro tuvo uno de sus momentos más críticos hace algunos meses, cuando Boscán Bracho decidió autolesionarse.
Se cortó los brazos como forma de protesta, asegura Roldán. A partir de ese episodio, la defensa presentó un hábeas corpus y obtuvo el respaldo de la Fundación Apolo como amicus curiae, con el objetivo de que la Justicia revise las condiciones de alojamiento del detenido.
El abogado insiste en que su cliente nunca intentó fugarse ni registró sanciones disciplinarias durante su detención. Lo único que pedimos es que, mientras se resuelve su situación judicial, pueda pasar a un pabellón común. Él mismo dice: Que hagan el juicio que tengan que hacer. Yo me considero inocente, pero no puedo seguir viviendo así, afirma.
El juicio que viene. La defensa también cuestiona algunos aspectos de la investigación que serán materia de discusión durante el juicio oral. Según Roldán, varias de las medidas de prueba propuestas por la defensa fueron rechazadas sin una fundamentación suficiente, mientras que parte de la acusación se apoya en recortes periodísticos de medios extranjeros y en información proveniente de un informe de Interpol que, pese a los reiterados pedidos de la defensa, nunca pudo ser sometido al debido control mediante el interrogatorio de quienes participaron en su elaboración.
Justamente por eso el juicio oral es tan importante. Allí la prueba deja de ser un papel incorporado a una causa y debe resistir el examen de las partes, bajo los principios de inmediación, contradicción y publicidad. Es una experiencia que también estamos viviendo en el juicio por la desaparición de Loan Peña, donde muchas afirmaciones que parecían consolidadas durante la instrucción recién ahora están siendo sometidas al verdadero test del debate oral. El juicio es el mejor escenario para acercarnos a la verdad, explica Roldán.
Otro de los puntos que la defensa anticipa que debatirá es el alcance mismo de la investigación desarrollada por la justicia federal argentina. Según Roldán, la pesquisa se orientó a determinar si los hechos atribuidos por las autoridades venezolanas podían haber tenido algún correlato en territorio argentino, aun cuando, a criterio de la defensa, no existían elementos concretos que justificaran esa línea investigativa desde su inicio.
No se puede abrir una investigación para salir a buscar, por las dudas, si aparece algún delito. En un Estado de Derecho la persecución penal debe fundarse en hechos objetivos e indicios previos, no en meras conjeturas. Ese planteo fue formulado oportunamente por esta defensa y será uno de los ejes del juicio, apunta el letrado.
La defensa sostiene además que el contexto de origen de la causa en Venezuela no puede ser ignorado. Según Roldán, Boscán Bracho y su entorno familiar fueron víctimas de una persecución política durante el régimen de Nicolás Maduro, en cuyo marco más de veinte integrantes de su familia habrían sido asesinados, circunstancia que afirma será objeto de acreditación durante el debate oral. En ese contexto, considera indispensable que toda la información proveniente de aquel país sea sometida a un estricto control de legalidad y contradicción antes de ser utilizada como sustento de una acusación en la Argentina.
Por último, Roldán también adelanta que la propia calificación jurídica atribuida en la causa argentina será uno de los ejes centrales de discusión: Entendemos que la construcción de esa hipótesis acusatoria carece de sustento suficiente y que será el juicio oral el ámbito donde quedará expuesto si la evidencia reunida alcanza realmente para sostener una imputación de semejante gravedad.
Cómo es el régimen para los presos de alto riesgo
L.N.
El régimen de presos alto perfil del Servicio Penitenciario Federal está reservado para detenidos considerados de alto riesgo, ya sea por su capacidad para fugarse o por la posibilidad de que continúen dirigiendo organizaciones criminales desde prisión. El sistema busca impedir que esos internos mantengan contacto operativo con el exterior mediante un estricto esquema de aislamiento y control.
Las restricciones alcanzan especialmente a las visitas. Cada detenido puede recibir únicamente a dos familiares directos mayores de 16 años, mientras que los hijos menores también pueden ingresar, pero en ambos casos los encuentros son sin contacto físico, a través de un locutorio, con una frecuencia de una vez cada quince días y por un máximo de una hora. Tampoco se permiten visitas de allegados ni de apoderados.
Además, el Servicio Penitenciario Federal puede solicitar a la Justicia el monitoreo de las comunicaciones, la suspensión de visitas o cualquier otra medida que considere necesaria para reducir el riesgo de que el interno continúe impartiendo órdenes desde la cárcel. Las autoridades justificaron el endurecimiento del régimen al sostener que miembros de organizaciones criminales utilizaban a familiares y abogados para transmitir instrucciones al exterior. Según la resolución oficial, durante 2024 fueron detenidos nueve familiares y dos abogados de presos alojados bajo este sistema por su presunta vinculación con delitos relacionados con esas organizaciones.
