La resurrección de la Doctrina de Seguridad Nacional, con la mira en la extrema izquierda
Estados Unidos realizó un encuentro en el que reunió a delegaciones de 61 países. Encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, la cita consolidó un drástico viraje estratégico junto a gobiernos de derecha de la región. Redefinieron el término
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó esta semana en Washington la Cumbre Global contra el Terrorismo Político, en una de las demostraciones de influencia regional más significativas de la actual administración estadounidense.
El encuentro contó con la asistencia de delegaciones de 61 países y funcionó como un claro punto de convergencia ideológica y estratégica para los gobiernos de derecha y centroderecha de América Latina, consolidando un viraje drástico en las prioridades de seguridad para el hemisferio.
Redefinición de terrorismo.
Bajo los lineamientos de la estrategia antiterrorista de la Casa Blanca, el secretario de Estado oficializó que los esfuerzos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos y sus aliados se concentrarán de forma prioritaria en neutralizar lo que denominaron grupos políticos violentos de extrema izquierda, organizaciones anarquistas y movimientos radicales de corte antiamericano.
Marco Rubio fijó la postura oficial de manera tajante ante el plenario, al remarcar que el terrorismo político no es una ficción fabricada por políticos conservadores, saliendo así al cruce de la acusación central de la oposición.
Nuestros esfuerzos se centran en actividades violentas que cumplen con la definición de terrorismo: asesinatos, secuestros, amenazas violentas contra instalaciones y fuerzas del orden de Estados Unidos, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil, sostuvo el jefe de la diplomacia del gobierno de Donald Trump.
Rubio fue incluso más allá y argumentó la necesidad de recuperar metodologías del pasado en cuanto a la coordinación de inteligencia hemisférica -un horror que aún está fresco en Latinoamérica-, afirmando que llegó el momento de reeditar lo que se había hecho décadas anteriores en la lucha contra los movimientos de izquierda. Durante el foro, se acusó directamente a gobiernos de la región con énfasis en el régimen cubano de influir y financiar la desestabilización política tanto dentro de Latinoamérica como en el propio territorio estadounidense.
Blindaje fronterizo. Más allá del debate ideológico, las mesas de trabajo fijaron prioridades operativas claras.
En primer lugar se determinó la destrucción de los Carteles de drogas: clasificados bajo la categoría de narcoterroristas, los grandes grupos del crimen organizado fueron señalados como la principal amenaza para la soberanía y la vida civil en la región.
En este sentido, apuntan a los grupos guerrilleros que aún quedan en algunos países como Colombia, entre ellos la disidencia de las FARC o el ELN, que se nutren de la comercialización de cocaína.
El Escudo de América. Se coordinaron políticas para frenar la influencia e inserción de adversarios extrahemisféricos en asuntos de infraestructura crítica sudamericana.
Washington propuso un esquema donde la protección fronteriza deje de ser un esfuerzo aislado, instando a los países latinoamericanos a asumir la responsabilidad de defender no solo sus límites, sino la seguridad de sus vecinos de forma unificada.
La convergencia de la derecha regional. El foro congregó a delegaciones clave afines a la línea dura de Washington. Entre las representaciones oficiales del continente se destacaron de manera presencial y activa de países con gobiernos conservadores.
Argentina estuvo representada en la reunión por el canciller Pablo Quirno. El gobierno de Javier Milei fue uno de los primeros en respaldar abiertamente las propuestas de Washington para coordinar bases de datos criminales, operaciones de ciberseguridad y el control del flujo financiero de ONGs sospechosas.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también envió a su canciller, Rubén Ramírez Lezcano, quien se sumó a las mesas de trabajo de la cumbre y brindó su apoyo absoluto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, fue en representación del presidente José Antonio Kast, quien asumió hace poco más de cuatro meses.
La postura unánime de los líderes regionales presentes subrayó una máxima repetida durante las jornadas: no puede existir prosperidad ni crecimiento económico si las naciones no garantizan primero una seguridad interna inflexible.
Reacción de la oposición regional. El encuentro no estuvo exento de duras críticas. Bloques políticos e intelectuales de izquierda en el continente catalogaron la cumbre como una reedición del macartismo y una resurrección de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Argumentaron que catalogar la protesta social o la disidencia de izquierda bajo la etiqueta de terrorismo abre una peligrosa puerta para la criminalización de la política popular.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. confirmó que el próximo paso práctico será expandir las investigaciones sobre estructuras benéficas y sin fines de lucro en la región, las cuales presuntamente sirven de fachada para canalizar el financiamiento de la violencia política.
