El negocio en Salto Grande: mil millones de dólares, turbinas soviéticas y un tablero geopolítico en silencio
A quince kilómetros de Concordia, sobre el curso medio del río Uruguay, late desde 1979 la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina. Salto Grande aporta alrededor del 4% de la energía eléctrica de la Argentina y la mitad de la que
A quince kilómetros de Concordia, sobre el curso medio del río Uruguay, late desde 1979 la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina. Salto Grande aporta alrededor del 4% de la energía eléctrica de la Argentina y la mitad de la que consume Uruguay, y sus 14 turbinas Kaplan, de 135 megavatios cada una, guardan una particularidad que hoy se convirtió en el centro de una disputa multimillonaria: fueron fabricadas hace casi medio siglo por la extinta Unión Soviética, en plena Guerra Fría, cuando la Argentina de entonces resolvió comprarle tecnología hidroeléctrica a Moscú. Ese equipamiento, mantenido con un rigor que en el ámbito internacional se considera modelo, llegó al final de su vida útil de diseño. Y su reemplazo abre uno de los negocios de infraestructura más grandes que se jugarán en la región durante la próxima década: una inversión estimada en mil millones de dólares, que Argentina y Uruguay aportarán en partes iguales.
Conviene precisar primero lo que las versiones periodísticas más apuradas simplifican. No se comprarán catorce turbinas nuevas a cincuenta millones de dólares cada una. El presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el uruguayo Gonzalo Casaravilla, detalló días atrás el esquema real: dos turbinas serán adquiridas nuevas y las otras doce serán refaccionadas integralmente, para que duren 30 o 40 años más. La licitación para esa renovación -la Etapa III del programa de modernización del complejo- todavía no fue lanzada: está en fase de finalización de los estudios técnicos, y si los plazos se cumplen, los trabajos se ejecutarán entre 2030 y 2040. Es decir: no hay empresa adjudicataria, no hay contrato firmado, no hay proveedor elegido. Lo que hay es un tablero de intereses en plena conformación, y es exactamente ahora -antes de que el pliego esté escrito- cuando se define quién ganará.
El primer dato estructural es institucional. Quien licita no es el gobierno argentino sino la CTM, el organismo binacional que administra la represa en partes iguales con Uruguay. Pero las instrucciones del lado argentino llegan a la delegación nacional a través de la Secretaría de Energía que conduce María del Carmen Tettamanti, y la decisión final de fondo recae sobre los presidentes Javier Milei y Yamandú Orsi. La delegación argentina ante la CTM la encabeza el embajador Guillermo Daneri, cuñado del gobernador Rogelio Frigerio, y el organismo binacional arrastra un historial de opacidad que este medio ya documentó: la CTM se ha negado sistemáticamente a responder pedidos de acceso a la información pública bajo la Ley 27.275, escudándose en su estatus de organismo internacional. La entidad que administrará la licitación más grande de la historia del complejo es, al mismo tiempo, la que menos obligaciones de transparencia reconoce.
El segundo dato es financiero, y funciona como un filtro geopolítico silencioso. Las etapas actuales del programa de renovación se financian con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (los créditos 5767/OC-RG y 5768/OC-RG otorgados a la Argentina y al Uruguay), y las licitaciones que se realizan bajo ese paraguas están abiertas únicamente a empresas de países elegibles conforme a las políticas de adquisiciones del banco. Rusia no es miembro del BID. Si la Etapa III mantiene ese esquema de financiamiento, el proveedor original de las turbinas -el heredero de la tecnología soviética que la propia manualística de la represa sugiere continuar- queda excluido de hecho, sin necesidad de que ningún funcionario firme una decisión política explícita. La arquitectura financiera hace el trabajo sucio de la geopolítica.
Y la geopolítica sobrevuela todo el proceso. Según reveló el portal Letra P citando una fuente al tanto de las negociaciones, Estados Unidos podría ser proveedor del nuevo equipamiento, y Donald Trump, de vínculos inmejorables con Milei, estaría atento al tema. El manual técnico de la empresa sugiere continuar con la misma tecnología de las máquinas actuales; el perfil ideológico del gobierno argentino sugiere lo contrario. Esa tensión entre la racionalidad ingenieril y el alineamiento internacional es el verdadero eje de la licitación que viene.
El mercado mundial de grandes turbinas hidroeléctricas es un oligopolio de menos de diez actores: la alemana Voith Hydro, la austríaca Andritz, la estadounidense GE Vernova, las japonesas Toshiba y Mitsubishi, las chinas Harbin y Dongfang, y una empresa argentina con historia propia en este expediente: IMPSA, la metalúrgica mendocina fundada por la familia Pescarmona en 1907. IMPSA viene siguiendo el negocio de Salto Grande desde hace años. Ya en 2019 (etapa final del gobierno de Mauricio Macri) su entonces director ejecutivo anticipaba que la compañía haría sus mejores esfuerzos para participar de la rehabilitación, recordaba que venían trabajando desde hacía tiempo con la gente de Salto Grande y subrayaba una ventaja competitiva singular: la familiaridad con la tecnología rusa, adquirida en la central de Piedra del Águila. Hoy IMPSA diseña y fabrica las primeras seis turbinas Kaplan de reemplazo de las veinte que componen Yacyretá: exactamente el mismo tipo de trabajo, sobre el mismo tipo de máquina, que demandará Salto Grande.
Pero IMPSA ya no es la empresa de los Pescarmona, ni tampoco la empresa estatal que rescató el gobierno anterior. Es la primera privatización de la era Milei, y su historia reciente merece un párrafo aparte. El Estado nacional y la provincia de Mendoza habían tomado el control accionario en 2021, tras la crisis financiera de la firma. En octubre de 2024 el gobierno libertario abrió la venta mediante llamado internacional; hubo varios interesados, pero una sola oferta formal: la del consorcio IAF, cuyo socio principal es la estadounidense ARC Energy, un grupo especializado en equipos de procesamiento para la industria del petróleo y el gas, señalado además como aportante de la campaña de Donald Trump. ARC Energy pagó 27 millones de dólares por el 85 por ciento de las acciones y asumió el compromiso de refinanciar una deuda de 576 millones de dólares con acreedores internacionales, entre ellos el propio BID. Veintisiete millones de dólares por una empresa que exporta el 85 por ciento de su producción a más de cuarenta países y fabrica el equipamiento que media región necesita renovar. Si el recambio de Salto Grande termina total o parcialmente en manos de IMPSA, la industria nacional que lo ejecute será, en rigor, propiedad de un fondo norteamericano que la adquirió a precio de ocasión, como único oferente, en pleno alineamiento estratégico entre Buenos Aires y Washington. El círculo cerraría con una prolijidad admirable.
Mientras la gran licitación no llega, hay procesos previos que anticipan el tablero y que casi nadie mira. En marzo de este año la CTM lanzó la Licitación Pública Internacional del contrato SG 800 -diseño, suministro y montaje de equipamiento de transmisión de playa y potencia- por un monto estimado de 52,9 millones de dólares, destinado a renovar las cuatro subestaciones del complejo, con financiamiento del BID, sistema de dos sobres con apertura diferida de la oferta económica y un plazo de ejecución de cinco años. Las ofertas se recibieron hasta el 2 de julio pasado en la sede del organismo, sobre la Ruta Nacional 15, en jurisdicción de Concordia. Qué empresas compraron los pliegos, cuáles presentaron ofertas y quién resulte adjudicatario constituye el mejor termómetro disponible sobre qué jugadores internacionales están posicionándose dentro del complejo con vistas al premio mayor: el contrato de las turbinas. A la fecha, la CTM no ha publicado el resultado de esa apertura.
Todo esto ocurre, además, sobre el telón de fondo de un conflicto que Entre Ríos arrastra hace años y que ahora escala: el precio que la Nación le reconoce a la energía de Salto Grande. Mientras a Yacyretá se le pagan 28 dólares por megavatio, a la represa del río Uruguay se le reconocen 19, una diferencia originada en sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía que deprimieron el valor liquidado y, con él, los excedentes que por la Ley 24.954 le corresponden a la provincia. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, reveló que el gobierno de Frigerio -aliado políticamente al de Milei- prepara una nueva demanda contra la Nación por esas diferencias en las liquidaciones. La paradoja es evidente: la provincia litiga por los excedentes de una represa cuya administración binacional integra el cuñado del propio gobernador, y en cuya renovación multimillonaria la voz entrerriana no tiene silla propia en la mesa donde se decidirá a quién se le compra.
Análisis
