Pagano impulsa una ley para garantizar el derecho a reparar y prohibir la obsolescencia programada - Parlamentario
La diputada presentó un proyecto de ley que reconoce el derecho de los consumidores a reparar los bienes de su propiedad, obliga a fabricantes e importadores a garantizar repuestos y asistencia técnica, y prohíbe las prácticas de obsolescencia progra
La diputada presentó un proyecto de ley que reconoce el derecho de los consumidores a reparar los bienes de su propiedad, obliga a fabricantes e importadores a garantizar repuestos y asistencia técnica, y prohíbe las prácticas de obsolescencia programada que reduzcan artificialmente la vida útil de los productos.
¿Qué es la obsolescencia programada? Es una estrategia empresarial donde los fabricantes diseñan productos para que fallen o queden obsoletos intencionalmente en un tiempo determinado. Su objetivo es obligar a los consumidores a realizar compras repetidas para asegurar un flujo constante de ingresos. Atendiendo eso, la diputada nacional Marcela Pagano acaba de presentar un proyecto de ley para crear el Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (LEDER), lo cual busca fortalecer los derechos de los consumidores, extender la vida útil de los bienes y promover una economía más sostenible basada en la reparación antes que en el descarte.
La propuesta establece como principio central que toda persona tiene derecho a reparar los bienes de su propiedad o a elegir libremente quién los repare, accediendo a los repuestos, herramientas e información técnica necesarios para hacerlo. Además, consagra la prioridad de la reparación por sobre la sustitución cuando esta resulte posible y razonable.
El proyecto alcanza a bienes muebles no consumibles, especialmente aparatos eléctricos, electrónicos y productos que incorporen software o componentes digitales. Entre sus objetivos figuran la protección de los consumidores, la reducción de residuos, la promoción de la economía circular y el desarrollo de una industria nacional de reparación y fabricación de repuestos.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la prohibición expresa de la obsolescencia programada, definida como la incorporación de decisiones de diseño, producción o programación destinadas a reducir artificialmente la vida útil de un producto o dificultar su reparación. También se prohíben las llamadas barreras a la reparación, como bloqueos de software, dispositivos de emparejamiento o técnicas que impidan instalar repuestos compatibles o restaurar el funcionamiento de un equipo tras una reparación legítima.
La iniciativa obliga a fabricantes e importadores a asegurar la disponibilidad de repuestos durante un período mínimo posterior a la discontinuación del producto. En el caso de los electrodomésticos de línea blanca, ese plazo no podrá ser inferior a diez años. Asimismo, deberán poner a disposición de consumidores y reparadores independientes manuales, esquemas técnicos, códigos de error y herramientas de diagnóstico en español y formato digital.
El texto también aborda el papel del software en los dispositivos modernos. Establece que las actualizaciones no podrán reducir prestaciones ni afectar el rendimiento de los equipos, y que los usuarios tendrán derecho a acceder a funciones de diagnóstico, códigos de error y calibraciones necesarias para concretar reparaciones. Además, se prohíbe expresamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para degradar deliberadamente el funcionamiento de un producto o restringir artificialmente su reparabilidad.
Otro de los ejes de la propuesta es la creación de un índice de reparabilidad de exhibición obligatoria para determinadas categorías de bienes. Ese indicador deberá informar aspectos como la disponibilidad y costo de repuestos, la facilidad de desmontaje, el acceso a información técnica, la complejidad de la reparación y la vida útil estimada del producto, con el objetivo de brindar más información al consumidor al momento de la compra.
El proyecto prevé además la extensión por un año adicional de la garantía cuando un bien sea reparado dentro del período de cobertura legal, y declara nulas las cláusulas contractuales que penalicen o restrinjan la reparación por parte de talleres independientes elegidos por el consumidor.
En materia institucional, la iniciativa propone la creación de un Consejo Consultivo Nacional del Derecho a Reparar, integrado por representantes de universidades, el INTI, el Conicet, asociaciones de consumidores, cámaras empresariales y reparadores. También contempla una plataforma pública y gratuita para que los usuarios puedan localizar servicios de reparación.
Las infracciones podrán ser sancionadas con apercibimientos, multas, publicación de incumplimientos, órdenes de adecuación, suspensión de comercialización e incluso retiro de productos del mercado en los casos más graves. Asimismo, se habilita la promoción de acciones colectivas por parte de asociaciones de consumidores.
En los fundamentos, Pagano sostiene que la Argentina carece de un verdadero derecho a reparar y destaca experiencias internacionales recientes, como la normativa de la Unión Europea. La diputada argumenta que el proyecto no sólo apunta a proteger a los consumidores y reducir residuos electrónicos, sino también a generar empleo, impulsar talleres y servicios técnicos independientes, fomentar la fabricación nacional de repuestos y contribuir al ahorro de divisas mediante la prolongación de la vida útil de los bienes.
