Regulaciones sobre fitosanitarios: el freno de la Unión Europea y los vacíos legales internos
Mientras el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) plantó bandera en Bolivia contra las exigencias ambientales unilaterales de Europa, legisladores y especialistas debaten en el Congreso una ley de fitosanitarios para terminar con la parálisis que impone
El universo agroindustrial argentino y regional se encuentra en un punto de máxima ebullición, acorralado por dos frentes regulatorios complejos que amenazan de forma directa la rentabilidad y la previsibilidad del comercio de alimentos.
Por un lado, las principales potencias productivas del Cono Sur unificaron su discurso político para frenar las severas exigencias normativas que la Unión Europea (UE) pretende imponer a los países exportadores.
Por el otro, tranqueras adentro, el arco legislativo nacional intenta destrabar un caótico entramado de ordenanzas municipales y fallos judiciales que mantiene bajo un manto de total incertidumbre la aplicación de fitosanitarios en las zonas periurbanas de la Argentina.
El primer gran movimiento de esta doble jornada se gestó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) volvió a sesionar tras 13 años de ausencia en ese territorio.
Allí, los ministros del foro regional, coordinado técnicamente por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), expresaron su rotunda preocupación ante las iniciativas de la UE en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR), tolerancias de importación y el polémico Reglamento sobre Deforestación (EUDR).
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua de Bolivia y presidente pro tempore del CAS, Óscar Mario Justiniano, fue el encargado de enviar una firme misiva formal a las autoridades de Bruselas.
En el texto, los funcionarios sudamericanos denunciaron que las medidas europeas carecen de una evaluación científica del riesgo, lesionan la previsibilidad del comercio internacional de alimentos y actúan como verdaderas restricciones encubiertas.
Bloque regional en Bolivia
El posicionamiento político e institucional en el CAS contó con el respaldo explícito de una comitiva de alto nivel técnico.
Del encuentro formaron parte el ministro de Agricultura de Chile, Jaime Campos; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti; la asesora del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, Sibelle de Andrade Silva; el director general de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Félix Carballo; y el subsecretario de Mercados Alimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Agustín Tejeda.
Los ministros defendieron el rol del Cono Sur en la seguridad alimentaria global y ratificaron que cualquier norma sobre inocuidad debe fundarse en reglas multilaterales claras y evidencias científicas sólidas, sin inventar barreras paraarancelarias.
Leé también: Buena noticia para la lechería: reactivan una planta láctea clave y garantizan 80 puestos de trabajo
En sintonía con las autoridades políticas, el sector privado concentrado en la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM) se hizo presente para aportar un documento sumamente crítico.
Los representantes de la FARM alertaron que las medidas de la UE desconocen arbitrariamente los robustos sistemas nacionales de control, trazabilidad y certificación que ya operan en el bloque del Mercosur.
No obstante, la cumbre dejó una noticia positiva: los ministros celebraron el histórico rechazo del Parlamento Europeo al reglamento que pretendía catalogar a la soja como materia prima con alto riesgo de cambio indirecto de uso de la tierra, una traba que hubiera excluido al biodiésel regional de la transición energética del Viejo Continente.
Durante la cita internacional, los ministros también analizaron las perspectivas climáticas de cara al invierno y la primavera, presentadas en un informe pormenorizado elaborado por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR).
El estudio, confeccionado por investigadores de diversas dependencias públicas de la región, arrojó que la inminente reactivación del fenómeno de El Niño actuará como un arma de doble filo: por un lado, otorgará una mayor oferta de agua para dinamizar las campañas productivas, pero por el otro, incrementará notablemente el riesgo de tormentas severas e inundaciones localizadas.
El laberinto de los fitosanitarios
Mientras el frente externo se dirime en escritorios internacionales, la problemática local se concentró en el debate interno por la aplicación de fitosanitarios.
Ante esta acuciante realidad, especialistas de las cadenas agroindustriales y legisladores nacionales se congregaron en un mitín convocado por la Fundación Barbechando, entidad que lidera a nivel nacional el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA). El objetivo del encuentro fue debatir un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos sustentado firmemente en las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).
Desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) se expusieron los pilares de la propuesta: delimitar zonas sensibles y de amortiguamiento con distancias técnicas verificables, exigir la capacitación obligatoria y profesionalización de los aplicadores, y robustecer la fiscalización tecnológica a través del uso de cajas negras, monitoreo remoto y la fiscalización en territorio mediante la figura del veedor.
Los técnicos alertaron que ninguna nación del mundo arrastra distancias de exclusión tan severas y arbitrarias como la Argentina, donde las restricciones comunales dictadas sin base científica amenazan con paralizar hasta 40% de la superficie productiva de cultivos e industrias clave como la carne vacuna, la leche, la papa, el maíz y el trigo.
Debate legislativo y demanda social
La mesa de trabajo, coordinada bajo la órbita del Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), funcionó como un canal directo para nutrir de datos técnicos al Congreso y propiciar políticas públicas previsibles.
Los diputados y senadores presentes coincidieron en que el vacío legal actual empuja a que la justicia termine legislando mediante cautelares extremas.
Los legisladores insistieron en que la problemática desborda la relación entre el productor y el habitante periurbano: se trata de un problema social integral que golpea la economía, la seguridad alimentaria y la salud pública, requiriendo un esquema de comunicación transparente y trazabilidad absoluta.
Leé también: Buscan prohibir y sancionar la caza de animales silvestres en establecimientos privados bonaerenses
El encuentro parlamentario exhibió un fuerte peso político con la participación activa de los legisladores nacionales Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sánchez Wrba (PRO-Buenos Aires), Alejandra Torres (Prov. Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires).
Asimismo, se sumaron a la jornada de aportes técnicos los equipos de asesores de los diputados y senadores nacionales Romina Almeida (LLA-Entre Ríos), Karina Banfi (Adelante BA-Buenos Aires), Verónica Razzini (LLA-Santa Fe), Beltrán Benedit (LLA-Entre Ríos) y Emilia Orozco (LLA-Salta).
El desafío para toda la cadena agroindustrial, tanto en las negociaciones externas frente a las trabas de la Unión Europea como en la sanción de normativas internas estables, radica en consolidar la ciencia y las buenas prácticas como los únicos árbitros legítimos de la producción.
