El Senado de Entre Ríos aprobó la reforma previsional de Rogelio Frigerio con votos peronistas - Informe Digital
El Senado de la provincia de Entre Ríos aprobó la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, en un plenario marcado por la tensión política, las protestas callejeras y solo
El Senado de la provincia de Entre Ríos aprobó la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, en un plenario marcado por la tensión política, las protestas callejeras y solo unas horas del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra. El proyecto de ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional obtuvo la media sanción por 10 votos afirmativos contra 7 negativos, tras un debate que se extendió por varias horas en medio de un clima enrarecido pro protestas.
La aprobación fue posible por el apoyo de dos senadoras del peronismo que rompieron filas con la oposición para acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo. El voto nominal replicó el mismo resultado: 10 a 7 en cada caso, lo que consolidó una victoria legislativa que el oficialismo festejó como un paso clave para garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio provincial, se argumentó.
Las legisladoras que votaron a favor fueron Gladys Domínguez (Peronismo Federal) y Nancy Miranda (Federal Más para Entre Ríos), y defendieron públicamente su posición en el debate. Domínguez advirtió sobre los costos de no encarar la reforma, al aseverar que el verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener. Y agregó: La peor injusticia sería no hacer nada porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse.
Aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario. Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado, señaló. Los cambios incorporados incluyen la reducción del período de cálculo del haber inicial de 20 a 15 años, el mantenimiento de la edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para municipios: 1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí.
Miranda no solo confirmó su voto a favor, sino que lanzó una dura crítica contra el Partido Justicialista y cuestionó a su conducción. Responsabilizó al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. Teníamos gobierno nacional, gobierno provincial y mayoría en ambas Cámaras, recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución.
Aunque consideró la reforma como un comienzo insuficiente, la legisladora defendió que alguien se tiene que animar a tomar decisiones difíciles. El momento más crítico fue cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad pero cuando el norte toma otra decisión es traición, planteó.
Su diagnóstico sobre el justicialismo entrerriano fue lapidario: lo describió como un partido acéfalo durante los últimos ocho años. Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar, disparó, en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.
El PJ activa el Tribunal de Disciplina
El peronismo entrerriano no perdonó a las senadoras y el bloque de diputados de Más para Entre Ríos repudió y activó el Tribunal de Disciplina del PJ para evaluar sanciones contra ambas. La decisión fue calificada por sus propios compañeros de bloque como un voto a título personal, desconectado de la postura que el Congreso Provincial del Partido Justicialista había fijado con claridad: oponerse a la iniciativa.
Con su voto afirmativo, Miranda y Domínguez, desconocieron el mandato del Congreso Provincial y avalaron una reforma que carga el peso del déficit sobre quienes sostienen y sostuvieron el sistema jubilatorio entrerriano.
Documento completo: pic.twitter.com/P3vFkOwP0A
PJ Entre Ríos (@PJEntreRios) July 15, 2026
El comunicado del bloque fue directo: Cada legislador o legisladora deberá asumir la responsabilidad política e institucional de la decisión que tomó. Porque detrás de cada voto hay miles de docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y familias entrerrianas cuyo futuro previsional se verá afectado por esta reforma. El PJ aclaró que nunca se negó al debate y que presentó un proyecto alternativo que proponía garantizar la sustentabilidad de la Caja sin tocar derechos adquiridos.
Las sanciones posibles van desde un apercibimiento hasta la expulsión del partido, según la Carta Orgánica del PJ. El resultado definirá no solo el futuro político de las dos senadoras, sino también el nivel real de cohesión que el peronismo entrerriano puede sostener de cara a los próximos desafíos electorales.
Protestas en la calle
Mientras los legisladores debatieron en el recinto, sindicatos y organizaciones sociales protestaron en las inmediaciones de Casa de Gobierno en rechazo a la reforma. Las movilizaciones multisectoriales denunciaron que la iniciativa afecta los derechos de los trabajadores y jubilados, aunque el gobierno provincial sostiene que es indispensable para evitar el colapso de la caja previsional.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto será enviado en los próximos días a la Cámara de Diputados, en donde se prevé una votación reñida. El oficialismo deberá negociar voto a voto para asegurar los apoyos necesarios, ya que la oposición peronista adelantó que buscará sanciones internas contra legisladores que apoyen la reforma. La incertidumbre sobre el resultado final mantiene en vilo a los sectores involucrados.
El paralelo con Santa Fe
El escenario entrerriano contrasta con el de la vecina provincia de Santa Fe, en donde la reforma previsional aprobada en 2024 enfrenta un capítulo judicial decisivo, fruto de cuestionamientos a varios artículos. El gobierno de Maximiliano Pullaro elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la recusación de cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, a quienes acusa de tener un interés directo o indirecto en el fallo que resolverán en las próximas semanas.
Pullaro argumentó que en la Caja de Jubilaciones de la provincia tenemos déficit fiscal que no tiene por qué ser pagado por el sector privado. El gobernador sostuvo que la reforma busca terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y que se creían que tenían coronita, que son los jueces y empleados del Poder Judicial de nuestra provincia. Según sus propias palabras, no está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima, no es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado.
Pullaro enfatizó que el que más gana, más va a pagar y que a la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, fundamentalmente los que menos ganan, no tienen casi ninguna modificación con este proyecto de ley. La Caja de Jubilaciones de Santa Fe arrastra un déficit estructural histórico que supera los $800 mil millones acumulados, una de las cajas que no fueron transferidas a las AFJP y a las que el Estado nacional debe compensar.
La recusación se fundamenta en que varios jueces del máximo tribunal santafesino se encuentran alcanzados -de modo actual o inminente- por el régimen previsional que está bajo análisis. Entre ellos se mencionan Rubén Weder, que ya estaba jubilado cuando fue designado y deberá volver a ese régimen, y Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, que tienen iniciados sus trámites de jubilación y se retirarán a fin de año.
El gobierno santafesino advirtió que, si la Corte provincial falla con magistrados que no debían intervenir, el resultado podría verse cuestionado. La mayoría de las causas que judicializaron la ley fueron presentadas por exmagistrados y camaristas que solicitan la inconstitucionalidad de la cuota solidaria y el tope de jubilaciones, fijado en 20 haberes mínimos (unos $12.600.000).
