El peronismo entrerriano unificó su rechazo a la reforma previsional de Frigerio: «Es la reforma del conflicto permanente» - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
A través de un documento firmado por el Consejo Provincial del PJ, bloques legislativos, intendentes y legisladores nacionales, la oposición calificó el proyecto oficialista como un "retroceso histórico". Advierten sobre vicios de inconstitucionalida
A través de un documento firmado por el Consejo Provincial del PJ, bloques legislativos, intendentes y legisladores nacionales, la oposición calificó el proyecto oficialista como un «retroceso histórico». Advierten sobre vicios de inconstitucionalidad, licuación de haberes y un fuerte impacto sobre las mujeres. Además, fijaron un estricto mandato partidario para el debate en el recinto.
En un pronunciamiento político e institucional de fuerte impacto, el peronismo entrerriano manifestó su rechazo categórico y absoluto al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, como así también al dictamen de mayoría emitido en la Cámara de Senadores.
Desde el arco opositor señalaron al oficialismo provincial como el «único y excluyente responsable político» de una iniciativa que, aseguran, consagra una regresión en materia de derechos humanos y sociales en la provincia. Asimismo, repudiaron lo que consideraron una estrategia para «agitar una falsa guerra entre trabajadores del sector público y privado» con el fin de nivelar los derechos hacia abajo.
«Sumisión al ajuste nacional»
Para el PJ entrerriano, el proyecto está directamente ligado a las políticas macroeconómicas del gobierno de Javier Milei. Según explicaron, las medidas de ajuste, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión son los verdaderos motores de esta reforma bajo la premisa del «déficit cero».
En ese sentido, lanzaron duras críticas a la gestión de Frigerio por lo que definieron como un «alineamiento incondicional» que termina descargando un brutal ajuste sobre los jubilados:
Lejos de defender la autonomía, el Ejecutivo entrerriano ha decidido no reclamar firmemente ante la Nación los recursos previsionales que por ley le corresponden a Entre Ríos, convalidando acuerdos centralistas que implican una renuncia fáctica a los fondos históricos de la Caja de Jubilaciones y claudicando el justo reclamo federal».
Los puntos más críticos y advertencias de inconstitucionalidad
El documento detalla una serie de aspectos técnicos y legales por los cuales el peronismo considera que el proyecto adolece de «vicios insalvables de inconstitucionalidad», entre los que destacan:
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Fin de la Movilidad Histórica (Art. 34): Denuncian el desmantelamiento del sistema al desvincular el haber de los pasivos de su escalafón de origen, delegando los aumentos en un índice discrecional del Poder Ejecutivo.
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La licuación del 82% Móvil (Arts. 31 y 63): Afirman que mantener el porcentaje es una «maniobra publicitaria vacía», ya que al estirar la base de cálculo de los últimos 10 años (120 remuneraciones) a los últimos 15 años (180 remuneraciones), incorporando salarios históricos de categorías inferiores bajo un índice de actualización no definido, se producirá una drástica reducción del haber inicial.
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Delegación de facultades (Art. 6): Rechazan la declaración de emergencia previsional al considerarla un «cheque en blanco» para que el Gobernador modifique alícuotas y aportes por decreto.
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Asfixia a los Municipios (Art. 15): Condenan que se faculte a la Contaduría General a retener automáticamente fondos de la coparticipación para cobrar deudas previsionales, vulnerando las autonomías locales.
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Sesgo discriminatorio contra las mujeres: Advierten que el ajuste impacta fuertemente en sectores altamente feminizados (como la docencia y la salud pública), aumenta la edad jubilatoria y recorta las pensiones por viudez a un máximo de 8 años en determinados supuestos, violando tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
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Aportes de regímenes especiales e invalidez: Califican de «absurdo jurídico» el aporte solidario post-jubilatorio de hasta el 19% para sectores de desgaste psicofísico (salud mental, penitenciarios, radiología) y cuestionan las mayores exigencias de aportes recientes para acceder a pensiones por invalidez.
Alerta por el mandato partidario y aviso de judicialización
Hacia el final del comunicado, el PJ entrerriano fijó una postura orgánica inflexible respecto al comportamiento de sus representantes en la Legislatura: «Cualquier postura de legisladores provinciales peronistas que no se encuadre con el rechazo absoluto a este proyecto constituirá una posición estrictamente personal y en abierta desobediencia al mandato partidario», sentenciaron, recordando que existen sanciones ratificadas por el último Congreso del partido. En este sentido, tildaron las modificaciones introducidas al texto original como «meramente cosméticas e insuficientes».
Por último, los dirigentes aseguraron que «había otro camino» basado en una discusión transparente que incluyera el reclamo de los fondos adeudados por la Nación. Al no avanzar por esa vía, advirtieron que la ley nacerá con un altísimo nivel de conflictividad.
«Abrirá un escenario de judicialización masiva que terminará generando nuevos y millonarios costos para la provincia. Lo que hoy el Gobierno presenta falsamente como un ahorro, se convertirá mañana en un pasivo económico mucho mayor. Esta es la reforma del conflicto permanente», concluye el documento.
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