Buscan endurecer penas por la caza furtiva en campos bonaerenses - Informe Digital
El proyecto de Bugallo y De Leo prohíbe cazar sin permiso en predios privados y prevé multas, decomisos e inhabilitaciones.
La Legislatura bonaerense recibió un proyecto que apunta a frenar la caza furtiva en campos privados con un esquema de sanciones mucho más duro. La iniciativa, presentada por los diputados provinciales de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Andrés De Leo, busca prohibir de forma expresa el ingreso a predios rurales para cazar sin autorización y crear una figura específica de contravención grave contra la seguridad rural.
Según publicó La Nación, la propuesta responde a una queja repetida de productores bonaerenses: el ingreso de cuadrillas de cazadores a establecimientos rurales sin permiso. Bugallo sostuvo al presentar el texto que la intención es prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado en la provincia, con un régimen sancionatorio orientado a proteger la seguridad rural, la propiedad privada y la fauna silvestre.
El proyecto prohíbe cazar sin autorización con armas, perros galgos o cualquier otra raza canina dentro de predios privados. También alcanza a quienes organicen, financien o faciliten esas prácticas, transporten perros o armas, integren cuadrillas o ingresen a campos para desarrollar la actividad.
Si avanza, esas conductas pasarán a ser consideradas una contravención grave contra la seguridad rural. El texto prevé multas de entre 1000 y 20.000 Unidades Fijas, inhabilitación por diez años para obtener permisos de caza, decomiso obligatorio de los elementos utilizados y secuestro preventivo de los vehículos empleados.
Además, incorpora agravantes: las penas subirían un 50% si participan tres o más personas, si la actividad se realiza de noche, si se usan vehículos automotores, si hay antecedentes, si se afectan áreas protegidas o si se producen daños materiales.
El proyecto también fija sanciones específicas para quienes ingresen sin permiso a establecimientos rurales con fines de caza. En esos casos, las multas irían de 5000 a 30.000 Unidades Fijas, con una inhabilitación especial de quince años para obtener permisos y una prohibición permanente en caso de segunda reincidencia.
Otro punto clave es el decomiso obligatorio de los perros utilizados, las presas obtenidas, las armas, cuchillos y demás herramientas empleadas durante la infracción. Además, los animales deberán pasar por controles veterinarios y quedar a disposición de refugios o programas provinciales de adopción responsable, aunque sus dueños podrán pedir la devolución bajo ciertas condiciones. La iniciativa también crea un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada.
En los fundamentos, Bugallo sostiene que la provincia enfrenta desde hace años una problemática creciente vinculada a cuadrillas dedicadas a la caza furtiva con perros galgos y que la normativa vigente no alcanza para desalentar estas conductas. También afirma que la presencia de grupos organizados en campos bonaerenses genera inseguridad, eleva el riesgo de enfrentamientos y provoca daños económicos y patrimoniales a los productores.
El legislador también recordó que el Foro de Seguridad Rural Argentino (Fosera) expresó recientemente su preocupación por la reiteración de estos episodios en distintos puntos de la provincia. Aun así, el texto admite que el Código Rural bonaerense ya prohíbe las cuadrillas de caza, la actividad nocturna y otras modalidades, pero considera que esas herramientas resultan insuficientes para desalentar estas conductas.
