Inviolabilidad de la propiedad privada: cómo es la reforma que endurece expropiaciones y agiliza desalojos - Parlamentario
Impulsado por el Gobierno como una de sus principales apuestas legislativas, el proyecto que llegará al recinto el próximo jueves modifica el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos, flexibiliza restricciones sobre tierras rurales, introduce
Impulsado por el Gobierno como una de sus principales apuestas legislativas, el proyecto que llegará al recinto el próximo jueves modifica el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos, flexibiliza restricciones sobre tierras rurales, introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego y moderniza los registros inmobiliarios. Tras más de una docena de versiones, el oficialismo logró acercar posiciones para llevar la iniciativa al recinto. Sus puntos principales.
El Senado se prepara para debatir el jueves próximo uno de los proyectos más emblemáticos de la agenda impulsada por el presidente Javier Milei: la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que sufrió numerosas modificaciones (hubo 13 versiones) desde que obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo y que llega al recinto convertida en una profunda reforma de la legislación vinculada al derecho de propiedad.
Aunque el título remite a una protección reforzada de la propiedad privada, el texto avanza sobre una variedad de normas y alcanza aspectos tan diversos como las expropiaciones, los desalojos, la regularización dominial, la adquisición de tierras rurales por extranjeros, el manejo del fuego y la organización de los registros inmobiliarios.
Uno de los núcleos centrales de la propuesta es la modificación de la Ley de Expropiaciones. El proyecto establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva y justificar de forma específica el fin perseguido, al tiempo que exige que toda expropiación sea idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.
La iniciativa también mejora las condiciones de indemnización para los propietarios afectados. Entre otros cambios, incorpora expresamente la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando pueda acreditarse de manera objetiva, fija que la valuación del bien debe realizarse antes de cualquier anuncio oficial vinculado a la expropiación y dispone mecanismos de actualización monetaria hasta el momento del pago efectivo. Además, ratifica que no podrá producirse la transferencia del dominio sin que previamente se haya abonado la indemnización correspondiente.
Otro de los capítulos con mayor impacto político es el referido a los desalojos. El proyecto convierte estos procesos en trámites sumarísimos y habilita mecanismos que permiten obtener la restitución anticipada de inmuebles en determinados casos, especialmente cuando se trate de ocupaciones irregulares o cuando el derecho invocado por el propietario presente suficiente verosimilitud.
En paralelo, se agilizan las notificaciones judiciales y se amplían las facultades de los oficiales de justicia durante los procedimientos de lanzamiento, incluyendo la posibilidad de requerir auxilio de la fuerza pública y otras medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Sin embargo, a diferencia de borradores anteriores, la versión que llegará al recinto incorpora una cláusula específica de protección para personas vulnerables. El texto establece que cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes antes de ejecutar el desalojo y contemplar soluciones habitacionales transitorias, sin suspender por ello el proceso.
La reforma también introduce cambios significativos en la Ley de Tierras Rurales. Si bien mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el país, elimina varias de las restricciones actualmente vigentes y flexibiliza los mecanismos de autorización para otros actores extranjeros. Incluso incorpora el criterio de silencio administrativo positivo, por el cual determinados permisos podrán considerarse otorgados si la autoridad competente no se expide dentro de los plazos previstos.
Otro aspecto relevante es la modificación de la Ley Pierri de regularización dominial. La nueva redacción exige acreditar posesión pacífica, ostensible y continua durante diez años para acceder al beneficio y limita su alcance a inmuebles destinados a vivienda única y permanente, aunque incorpora una previsión específica para agricultores familiares.
En materia ambiental, el proyecto deroga disposiciones incorporadas a la Ley de Manejo del Fuego y redefine el esquema de restricciones posteriores a los incendios forestales, un punto que anticipa cuestionamientos de sectores ambientalistas y de parte de la oposición.
La iniciativa se completa con una amplia reforma de la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble. Allí se promueve la digitalización de trámites registrales, la utilización de firma digital, la creación de una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones y de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, además de la conformación de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.
Considerado por el oficialismo como una de las principales reformas institucionales del período legislativo, el proyecto busca fortalecer las garantías de los propietarios frente al Estado y frente a ocupaciones irregulares, al tiempo que procura generar un marco más favorable para las inversiones. La discusión en el recinto permitirá medir hasta qué punto el Gobierno logró reunir los consensos necesarios tras casi dos meses de negociaciones y sucesivas revisiones del texto.
Expropiaciones más restrictivas
Mejoras en las indemnizaciones
Pago previo obligatorio
Desalojos más rápidos
Protección para sectores vulnerables
Cambios en la Ley Pierri
Flexibilización de la Ley de Tierras
Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego
Modernización registral
