Monseñor Juan Ignacio Liébana: «La soberanía sobre la tierra y el agua está en juego»
Por Guillermo Apdepnur La preocupación del Episcopado por la posible flexibilización de la Ley de Tierras reabre una discusión histórica sobre el rol del Estado, los recursos naturales y el destino de los bienes comunes. La Iglesia advierte sobre la
Por Guillermo Apdepnur
La preocupación del Episcopado por la posible flexibilización de la Ley de Tierras reabre una discusión histórica sobre el rol del Estado, los recursos naturales y el destino de los bienes comunes.
La Iglesia advierte sobre la tierra: el debate que excede la propiedad privada y pone en discusión la soberanía nacional
En medio del intenso debate legislativo impulsado por el Gobierno nacional, la Iglesia Católica volvió a levantar la voz sobre uno de los temas más sensibles para el futuro del país: la tierra, los recursos naturales y la soberanía territorial.
La advertencia llegó de la mano de Monseñor Juan Ignacio Liébana, obispo de Chascomús e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien expresó la preocupación del Episcopado ante la posibilidad de que se flexibilicen o eliminen los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 y vigente desde 2012.
Para el obispo, el debate excede largamente la cuestión jurídica de la propiedad privada y se adentra en una discusión mucho más profunda: quién controla los recursos estratégicos del país y cuál es el papel del Estado frente a intereses económicos cada vez más concentrados.
Mucho más que una ley de propiedad
Según explicó Liébana, detrás de lo que algunos sectores presentan como una ampliación de derechos sobre la propiedad privada, podría esconderse una mayor apertura a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
La legislación vigente establece límites concretos a la cantidad de territorio rural que puede quedar en manos extranjeras, especialmente cuando esas tierras contienen recursos estratégicos como reservas de agua dulce, cuencas hídricas, bosques o ecosistemas de alto valor ambiental.
Para la Iglesia, el problema no es únicamente económico.
La preocupación central radica en la preservación de bienes considerados esenciales para las futuras generaciones y en la capacidad del Estado para garantizar que esos recursos permanezcan al servicio del interés colectivo.
Una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia
El posicionamiento episcopal se apoya en uno de los principios históricos de la Doctrina Social de la Iglesia: el destino universal de los bienes.
Desde esta perspectiva, la propiedad privada es un derecho legítimo, pero no absoluto. Debe convivir con el principio superior de que los recursos de la creación están destinados al beneficio de toda la comunidad humana.
En este sentido, Liébana recordó que la tierra, el agua y los recursos naturales no pueden analizarse únicamente desde una lógica de mercado.
La postura encuentra sustento tanto en el magisterio del Papa Francisco, particularmente en la encíclica Laudato Si’, como en recientes intervenciones del Papa León XIV, quien ha insistido en diferenciar el crecimiento económico del desarrollo humano integral.
La Iglesia sostiene que una economía puede crecer mientras amplios sectores sociales permanecen excluidos de sus beneficios. Por ello, el verdadero desarrollo debe contemplar simultáneamente dimensiones económicas, sociales, ambientales y humanas.
El trasfondo político del debate
La discusión también se inscribe en una fuerte disputa ideológica sobre el rol del Estado.
Mientras sectores liberales sostienen que las restricciones a la compra de tierras limitan inversiones y afectan el derecho de propiedad, quienes defienden la normativa actual consideran que ciertos bienes estratégicos requieren protección estatal permanente.
La controversia refleja dos modelos de país.
Por un lado, una visión que privilegia la libre circulación de capitales y la menor intervención estatal posible.
Por otro, una concepción que entiende que la tierra y los recursos naturales poseen un valor geopolítico que trasciende los intereses económicos inmediatos.
En este escenario, la Iglesia busca ubicarse en una posición distinta de la confrontación partidaria tradicional, planteando la necesidad de evaluar las consecuencias sociales, ambientales y culturales de cualquier modificación legislativa.
La cuestión social y ambiental
Uno de los aspectos más destacados por el Episcopado es la relación entre la crisis ambiental y la crisis social.
La Iglesia sostiene que ambas forman parte de un mismo fenómeno.
Cuando se degradan ecosistemas, se contaminan fuentes de agua o se concentran recursos estratégicos, los sectores más vulnerables suelen ser los primeros afectados.
Por ello, la preocupación no se limita a la titularidad de la tierra, sino también a la protección del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.
La discusión, según plantean desde Pastoral Social, no puede reducirse a una cuestión de negocios inmobiliarios o inversiones privadas.
Está vinculada directamente con el modelo de desarrollo que la Argentina pretende construir para las próximas décadas.
Una discusión que interpela al país
El debate sobre la Ley de Tierras vuelve a poner sobre la mesa preguntas fundamentales.
¿Hasta dónde debe llegar la intervención del Estado?
¿Qué recursos deben considerarse estratégicos?
¿Cuál es el límite entre la propiedad privada y el interés común?
¿Puede existir desarrollo económico sin protección ambiental?
Para la Iglesia, las respuestas no deben buscarse únicamente en indicadores financieros.
La tierra, sostienen, no es simplemente un activo económico.
Es territorio, identidad, cultura, arraigo, producción y soberanía.
Y por esa razón, cualquier modificación de las reglas que regulan su posesión y utilización merece una discusión amplia, profunda y participativa que involucre a toda la sociedad.
