RIFL promete ahorro laboral pero expone a multas y exclusiones - Informe Digital
El régimen baja hasta 75% las cargas patronales, pero exige cumplir requisitos estrictos para no perder el beneficio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a que el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) empuje la reactivación y abra los mejores 18 meses para la economía. El esquema ofrece a las empresas un recorte fuerte en los aportes patronales para sumar personal, pero el beneficio está atado a condiciones precisas: si no se cumplen, la firma puede quedar afuera y enfrentar sanciones.
Cuando vos entrás en un periodo bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Inocencia fiscal empieza a prender más, la ley de modernización laboral empieza a prender más, los empresarios se animan a contratar gente porque ahora saben cuánto les sale un despido, porque además en vez de pagar 18 puntos de carga pagan solo dos, porque además van a tener un fondo que les permita pagar eventualmente algún despido, expresó Caputo en una entrevista con LN+.
Según el informe de PMP Contabilidad & Consultoría, el RIFL permite una reducción de hasta el 75% en las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo creados bajo sus condiciones. La medida apunta a bajar el costo fijo de contratar y habilita una exención de cargas sociales durante 48 meses, con un piso del 2% en las alícuotas.
En la práctica, una PyME pasa de aportar el 18% al 5% nominal, mientras que una empresa de mayor tamaño baja del 20,4% al 5%. El análisis de PMP Contabilidad & Consultoría calcula que eso implica un alivio del 72,2% para PyMEs y del 75,5% para grandes compañías. En sectores intensivos en mano de obra, la diferencia puede ser decisiva.
Para un salario bruto promedio de $2.000.000 estimado sobre convenios de Comercio y la UOM, el beneficio representa para una PyME un ahorro mensual de $260.000 por cada nuevo trabajador. En un año, la reducción de costos llega a $3.380.000 por empleado. Si la empresa incorpora diez personas, el ahorro anual ronda los $34 millones. Y en el máximo de cuatro años de vigencia, la cuenta puede trepar a $135,2 millones para PyMEs y a $160 millones en grandes empresas.
El CEO de PMP Contabilidad & Consultoría, Juan Pablo Perojo, señaló que el régimen solo admite altas nuevas hasta el 30 de abril de 2027. Ese límite obliga a planificar contrataciones con precisión para no quedar afuera del beneficio.
El riesgo está en los requisitos
Para que un trabajador sea considerado empleable bajo el RIFL, debe cumplir al menos una de estas condiciones: no registrar relaciones laborales declaradas al 10 de diciembre de 2025, acreditar desempleo total durante los seis meses previos a la contratación, provenir de empleo en el sector público nacional, provincial o municipal o estar inscripto en el Monotributo bajo parámetros específicos.
Perojo advirtió que la verificación de esos requisitos todavía genera dudas en la reglamentación. Por eso recomendó a los empleadores chequear la situación del postulante a través del CUIL y pedir una Declaración Jurada al momento de la incorporación. Es más que necesaria esta aclaración puesto que hay un riesgo oculto que muchos ignoran, señaló. Ante incumplimiento, o en caso de que el trabajador haya omitido información, el perjuicio lo tendrá el empleador y el costo puede ser muy alto puesto que deberá abonar contribuciones adeudadas con más intereses y multas.
El informe de PMP Contabilidad & Consultoría también enumera restricciones: no se puede reemplazar personal activo por beneficiarios del régimen ni reincorporar trabajadores despedidos por la misma empresa en los doce meses previos. Además, los nuevos empleadores que inicien actividades después del 10 de diciembre de 2025 solo podrán aplicar el esquema sobre hasta el 80% de su nómina total. Quedan excluidas, a su vez, las firmas inscriptas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
La promoción del RIFL llega en un escenario de desempleo estabilizado, pero con más informalidad. La semana pasada, el Indec informó que en el primer semestre del año la desocupación fue de 7,8%, una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto de 2025, aunque la informalidad subió del 42% al 44,2% en el último año.
En ese marco, el esquema aparece como una de las herramientas con las que el Gobierno busca sostener el ajuste fiscal y, al mismo tiempo, empujar la formalización laboral. El desafío, advierten en el sector, será que el ahorro prometido no termine opacado por errores de encuadre o incumplimientos que recaigan sobre el empleador.
