El Gobierno cerró con bonistas, pero mantiene litigios externos por 10.000 millones de dólares
La causa principal es la que se originó por la manipulación de datos del INDEC que impidió el pago de los cupones atados al PBI durante el kirchnerismo.
Después de que el Congreso ratificara el acuerdo para cerrar los juicios con los bonistas que permanecían fuera de los canjes de deuda tras el default de 2001, el Gobierno logró despejar uno de los principales frentes judiciales vinculados a la deuda soberana. Sin embargo, aún enfrenta una serie de litigios internacionales que, de prosperar en favor de los demandantes, podrían representar una contingencia de hasta US$ 10.000 millones.
La administración nacional consiguió reducir en US$ 50 millones el desembolso reclamado por los 11 fondos representados por Attestor Master junto a Bainbridge, lo que permitió cerrar ese capítulo del prolongado conflicto con los acreedores. Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, todavía quedan cerca de US$ 2.000 millones correspondientes al default de 2001 en manos de inversores individuales, aunque se trata de acreedores con escasa capacidad de presión sobre el Estado argentino.
Este avance también se suma al reciente fallo favorable obtenido por la Argentina en la apelación por la expropiación de YPF, que alivió otro de los principales litigios internacionales. No obstante, el país continúa enfrentando causas de alto impacto económico.
EL CUPÓN PBI, EL MAYOR RIESGO JUDICIAL
El expediente más relevante es el conocido como Cupón PBI, títulos emitidos en pesos, dólares y euros que pagaban rendimientos en función del crecimiento económico del país. El conflicto surgió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el INDEC modificó la metodología para medir el crecimiento, lo que derivó en la suspensión del pago de esos cupones y dio origen a demandas en tribunales de Londres y Estados Unidos.
En el caso de los títulos denominados en euros, la Justicia británica ya dictó una condena firme contra la Argentina. Sin posibilidades de nuevas apelaciones, el Estado deberá negociar un pago cercano a los US$ 1.800 millones, luego de que parte de la garantía depositada fuera ejecutada.
En paralelo, permanecen activas demandas por unos US$ 3.500 millones en Estados Unidos correspondientes a la versión en dólares de estos instrumentos. Según Maril, si los acreedores logran extender el criterio judicial a otros casos similares, la exposición legal podría ascender hasta los US$ 9.000 millones.
AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y LOS LITIGIOS EN EL CIADI
Otro frente abierto corresponde a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El fondo Titan Consortium obtuvo un fallo favorable del CIADI que condenó al país a pagar US$ 390 millones. Como ese organismo no posee mecanismos de ejecución directa, los demandantes solicitaron el reconocimiento del laudo en tribunales de Washington, mientras que la Argentina presentó una oposición. El expediente aún permanece sin resolución.
Además, el CIADI podría volver a convertirse en escenario de otro conflicto de gran magnitud. El fondo Burford, que financió la demanda por la expropiación de YPF, anunció que recurrirá a ese tribunal internacional para intentar revertir el reciente fallo favorable a la Argentina. Paralelamente, también apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque el propio fondo reconoció que las posibilidades de éxito en esa instancia son reducidas.
