Denuncian despidos en Mendoza tras la compra de la empresa Petroplast por parte de una constructora
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) de Mendoza advirtió que la constructora adquirió la fábrica de insumos tras quedarse con la obra del Acceso Este. Afirman que la maniobra busca reducir personal y disolver la organización
Una fuerte denuncia pública visibilizó un profundo trasfondo laboral detrás de las grandes adjudicaciones de obra pública en Mendoza. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunció que la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) adquirió la firma Petroplast con el aparente objetivo de reducir su planta de personal y eliminar la representación gremial, una medida que deja a 28 familias de trabajadores en la calle.
Petroplast es una planta dedicada a la fabricación de caños, tanques y postes, insumos esenciales que habitualmente se utilizan en el desarrollo de obras de infraestructura hidráulica, eléctrica y de saneamiento. Según detalló el CeProDH, el conflicto se originó luego de que la constructora obtuviera la adjudicación para las obras de remodelación y mantenimiento del Acceso Este. En lugar de limitarse a comprarle los materiales necesarios a Petroplast como proveedora, la constructora decidió absorber y comprar la totalidad de la empresa.
Para la organización de derechos humanos, la justificación de una crisis financiera es inexistente. En ese sentido, remarcaron que solo en el último tiempo los contratos y concesiones firmados entre el Gobierno de Mendoza y CEOSA ascienden a un monto estimado de 358.000 millones de pesos.
Concentración y conflicto laboral
Desde el CeProDH señalaron que mientras la gestión del gobernador Alfredo Cornejo continúa otorgando adjudicaciones a la constructora, la firma ejecuta un plan de achicamiento que atenta contra las fuentes de trabajo locales.
Los representantes del organismo manifestaron que el primer propósito de la empresa tras tomar el control de la fábrica de caños es avanzar sobre los derechos laborales básicos, buscando desactivar la organización sindical interna para facilitar los despidos.
Hasta el momento, las familias afectadas esperan respuestas ante un escenario que reabre el debate sobre los controles estatales a las empresas contratistas del Estado mendocino y el destino de los fondos públicos destinados a la infraestructura regional.
