Parques Nacionales lanzó retiros voluntarios y acelera la poda estatal - Informe Digital
La medida alcanza al personal estable y fija topes, plazos y exclusiones en un organismo clave de la Jefatura de Gabinete.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de retiro voluntario en la Administración de Parques Nacionales, dependiente de la Jefatura de Gabinete, en el marco de la reestructuración de la planta estatal. La decisión impacta sobre un organismo sensible por su rol en la protección de áreas naturales y fue oficializada hoy en el Boletín Oficial.
La medida quedó establecida por la Resolución 191/2026 y está dirigida al personal alcanzado por el régimen de estabilidad previsto en el artículo 8° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164.
El programa fija los procedimientos y requisitos para quienes decidan desvincularse de manera voluntaria, en línea con la política oficial de simplificación y reducción de la estructura administrativa.
La implementación operativa quedará en manos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Administración de Parques Nacionales, que deberá organizar los circuitos administrativos y los instrumentos necesarios para la adhesión. Se prevé el uso de formularios y declaraciones juradas específicas, además de la difusión por canales oficiales.
La APN, creada por la Ley N° 22.351 como ente autárquico del Estado Nacional, tiene a su cargo la protección y conservación de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales existentes y futuras. Su estructura organizativa vigente fue aprobada por la Decisión Administrativa N° 1.422/2016.
El acto por el que las partes expresen su voluntad de acogerse al retiro deberá cumplir formalidades específicas para garantizar transparencia y legalidad. Además, la resolución ordena comunicar la medida a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
Cómo es el régimen
El sistema alcanza al personal con estabilidad y al menos dos años de antigüedad, siempre que cumpla los requisitos del anexo. Quedan excluidos quienes estén bajo proceso penal por delitos contra la administración pública, sumario administrativo con riesgo de cesantía o exoneración, sanciones pendientes, litigios laborales en curso, beneficios previsionales acordados, renuncias sin aceptar y el personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. La adhesión implica renunciar a cualquier reclamo derivado de la relación laboral y la supresión del cargo vacante.
Quienes sean aceptados recibirán una gratificación extraordinaria única de egreso. Para los trabajadores de hasta 60 años inclusive, el monto por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses será equivalente al 90% de la remuneración bruta mensual. Desde los 61 años, el porcentaje baja al 85%. El cálculo toma solo conceptos remunerativos habituales y permanentes, sin incluir pagos extraordinarios, horas extras ni rubros similares. El pago se hará en dos tramos: 35% a los 15 días del acto administrativo y el 65% restante en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas, desde los 30 días del primer pago.
El beneficio tiene topes según la edad: hasta 60 años no hay límite; entre 61 y 63 años, el máximo equivale a 24 haberes brutos; desde los 64 años, el tope es de 12 haberes brutos. No incluye el proporcional de licencia anual ni el sueldo anual complementario, que se liquidarán por separado.
El régimen también prohíbe reingresar al sector público nacional bajo cualquier modalidad durante cinco años desde la baja, salvo para cargos docentes en universidades nacionales.
Para adherir, cada agente deberá presentar una declaración jurada en la que afirme que no mantiene reclamos ni acciones judiciales o administrativas por cuestiones laborales o salariales contra el Estado Nacional. El plazo para solicitar la adhesión comienza el primer día hábil del mes siguiente a la publicación del acto y se extiende por 30 días. Las presentaciones se harán por el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y serán evaluadas por Recursos Humanos en un máximo de cinco días. Luego, el director nacional o general de cada dependencia emitirá un dictamen en tres días y el expediente pasará a Asuntos Jurídicos para el dictamen definitivo. Finalmente, el Directorio de la APN resolverá la aceptación o el rechazo y notificará al interesado con la fecha de desvinculación.
La aceptación será una facultad exclusiva y discrecional de la APN, en función de razones de servicio, criticidad del área y necesidades operativas, y deberá resolverse dentro de los 30 días posteriores al cierre del período de adhesión. La presentación de recursos administrativos no suspende la decisión ni obliga a revisarla. El proceso queda organizado en cinco etapas, desde el análisis inicial hasta la notificación final.
