El PJ entrerriano define sanciones para sus dirigentes díscolos - Informe Digital
El Congreso partidario tratará expulsiones y suspensiones tras las listas opositoras y los apoyos al oficialismo.
Este sábado, el Congreso Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos se reunirá en Paraná con una decisión de alto voltaje político: resolver pedidos de expulsión y sanciones contra dirigentes que quedaron bajo la lupa por haber competido o acompañado listas ajenas al PJ. La discusión llega en medio de la tensión interna que dejó la última elección legislativa y puede reordenar la vida partidaria en la provincia.
Además de ese capítulo disciplinario, el Congreso también pondrá sobre la mesa temas de la agenda legislativa provincial, como la reforma jubilatoria y la posible eliminación de las PASO. Pero el centro de la jornada estará en las resoluciones del Tribunal de Disciplina y en la definición final sobre qué hacer con los llamados díscolos.
A diferencia de otros antecedentes, como el de Edgardo Kueider expulsado por el Consejo Provincial, esta vez la decisión quedará en manos del Congreso Partidario.
Los casos bajo la lupa
El Congreso analizará tres niveles de sanciones, según la gravedad de cada caso:
-La lista Ahora 503: Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González son señaladas por haber encabezado una nómina opositora a la oficial del justicialismo, integrada por Adán Bahl y Guillermo Michel. En el caso de Gaillard, el Tribunal remarca que lo hizo después de haber ocupado cargos de peso dentro del espacio. Para las tres, aconseja suspensión temporaria e inhibición para ser candidatas durante los próximos dos turnos electorales.
-La alianza con el socialismo: Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Vergara y Graciela Trinidad son cuestionados por competir bajo el sello del Partido Socialista, aliado al oficialismo provincial. Se les atribuye haber dado un auxilio directo a fuerzas que confrontan el modelo del PJ. También aquí se recomienda suspensión e inhibición electoral.
-Los pedidos de expulsión: el caso más severo alcanza al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su abogado Guillermo Reggiardo. A ambos se les adjudica militancia activa en favor del Partido Socialista y se los cuestiona por haber impulsado una denuncia penal contra el candidato oficial, Guillermo Michel, con el objetivo de difamar a los candidatos del partido en pleno proceso electoral. Para los dos, la recomendación es la expulsión del PJ y la remoción de sus cargos como congresales.
-El frente legislativo: la senadora por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, también quedó bajo observación tras votar algunos proyectos junto al oficialismo provincial y conformar un monobloque. Aunque el Consejo Departamental de Feliciano pidió sanciones, su situación depende de que el Tribunal de Disciplina emita una resolución antes del encuentro.
La definición no se anticipa sencilla. En La Paz ya se expresó una resistencia interna a cualquier intento de expulsión de afiliados, con respaldo explícito a Rossi por parte de congresales y dirigentes del departamento.
Entre quienes lo apoyan figuran Eva Miño, Nancy Chauvet, Ana Quintana, Ariel Caraballo y Nelson Díaz, por la ciudad de La Paz; Rubito Tome, Sergio Hartmann y Romi Schanton, por Bovril; además de su esposa, la senadora departamental Patricia Díaz, y el exvocal del Superior Tribunal de Justicia y exdiputado provincial Emilio Castrillón.
