Piden que la UIF lo investigue por lavado | El Dia
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que abra un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial del funcionario.
Además, el reclamo incluye la radicación de una denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos contra el exvocero y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes que no estarían debidamente acreditado.
El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del Cipce que pidió la aceptación de todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.
El pedido del Cipce se apoya en la compra de la casa de Exaltación de la Cruz que Adorni hizo en noviembre de 2024, además del departamento porteño que adquirió un año después, cuando ya desempañaba funciones en el Estado.
Concretamente, se lo apunta por su impactante crecimiento patrimonal. Además, Asimismo, el Cipce sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni en la entrevista que le dio a LN+ en la noche del miércoles, donde manifestó haber omitido por error en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares habían sido en negro.
En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.
