La OIT exigió al Gobierno de Javier Milei fortalecer la inspección laboral y el diálogo social
| Desde Ginebra, en el marco de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de...
Desde Ginebra, en el marco de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT difundió sus conclusiones sobre el caso argentino y reclamó al Gobierno de Javier Milei medidas concretas para fortalecer la administración laboral, garantizar el diálogo social y mejorar los mecanismos de inspección del trabajo.
La decisión constituye el punto de llegada de un proceso que comenzó mucho antes de la conferencia y que tuvo como protagonistas a las centrales sindicales argentinas. La CGT, las CTA, ATE y distintas organizaciones gremiales llevaron ante los órganos de control de la OIT denuncias vinculadas al deterioro de las estructuras laborales del Estado, la pérdida de capacidades de fiscalización y las dificultades para sostener ámbitos institucionales de diálogo social.
Argentina fue incorporada este año al listado de casos individuales analizados por la Comisión de Aplicación de Normas debido a observaciones relacionadas con los Convenios 81, 129 y 150 de la OIT, vinculados a la inspección del trabajo, la inspección laboral en la agricultura y la administración laboral.
Reclamo por más diálogo social y control del trabajo
Tras escuchar a trabajadores, empleadores y representantes gubernamentales, la Comisión de Aplicación de Normas emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Estado argentino.
Entre los principales puntos, el organismo reclamó fortalecer los mecanismos de diálogo social y garantizar consultas efectivas con las organizaciones sindicales y empresariales sobre las políticas laborales que impulsa el Gobierno.
También expresó preocupación por las observaciones vinculadas a la reducción de recursos humanos, operativos y financieros destinados a la inspección laboral y solicitó información detallada sobre el funcionamiento de los servicios de fiscalización, la cantidad de inspectores disponibles y las herramientas con las que cuentan para desarrollar sus tareas.
Asimismo, la Comisión instó al Gobierno a reforzar las capacidades institucionales de la administración laboral y recomendó recurrir a asistencia técnica de la propia OIT en caso de resultar necesario.
Evaluación integral del sistema de inspección
Otro de los puntos centrales de las conclusiones fue el pedido de una evaluación integral del sistema nacional de inspección del trabajo.
La Comisión reclamó información precisa sobre la cantidad de inspectores disponibles, su distribución territorial, los recursos asignados para desarrollar las tareas de fiscalización y las medidas implementadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral.
El planteo apunta a determinar si las estructuras actuales cuentan con capacidad suficiente para controlar las condiciones de trabajo en todo el territorio argentino.
Coordinación entre Nación y provincias
Las conclusiones también pusieron el foco en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades competentes en materia laboral.
La OIT recomendó avanzar en mecanismos que permitan una mejor articulación entre los organismos nacionales y provinciales encargados de la inspección y administración del trabajo, con el objetivo de asegurar una aplicación homogénea de la legislación laboral y una mayor protección de los trabajadores.
El diálogo social como obligación internacional
La Comisión recordó además que el diálogo social constituye una herramienta fundamental para el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Argentina.
Por ese motivo, instó al Gobierno a garantizar consultas efectivas y sustantivas con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores antes de impulsar modificaciones relevantes en materia laboral.
El señalamiento adquiere especial relevancia en medio de las controversias generadas por la reglamentación de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
Asistencia técnica y preocupación por las estructuras laborales
En un punto poco habitual, la Comisión incluso sugirió que el Estado argentino evalúe recurrir a la asistencia técnica de la propia Organización Internacional del Trabajo para fortalecer los mecanismos de administración laboral y los sistemas de inspección.
La recomendación refleja la preocupación existente dentro del organismo sobre el funcionamiento de las estructuras encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
Un caso construido a partir de denuncias sindicales
Las conclusiones conocidas en Ginebra no pueden comprenderse sin observar el recorrido previo.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones había tomado nota de las presentaciones realizadas por las organizaciones sindicales argentinas respecto de la degradación institucional del ex Ministerio de Trabajo, la reducción de estructuras estatales y el debilitamiento de organismos tripartitos, así como de las dificultades para sostener políticas públicas de fiscalización laboral.
Esos cuestionamientos fueron retomados durante las sesiones de la Comisión de Aplicación de Normas, donde representantes sindicales argentinos expusieron sobre el impacto de las políticas implementadas desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.
Las denuncias cobraron todavía más relevancia luego de que la Casa Rosada reglamentara aspectos centrales de la reforma laboral mediante los decretos 406, 407, 408 y 409, apenas horas antes del inicio de la Conferencia Internacional del Trabajo, una decisión interpretada por amplios sectores sindicales como una señal política dirigida tanto a los gremios como a los organismos internacionales.
La ausencia de Julio Cordero y la defensa oficial
El tratamiento del caso argentino estuvo además atravesado por una situación que generó repercusiones dentro de la propia conferencia: la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La falta de Cordero llamó la atención de observadores internacionales, especialmente porque Argentina comparecía ante la OIT para responder cuestionamientos relacionados directamente con la administración laboral y los organismos bajo su responsabilidad.
El rol del Estado y el seguimiento del caso argentino
Las recomendaciones emitidas por la Comisión vuelven a poner en el centro del debate una discusión que atravesó gran parte de la Conferencia Internacional del Trabajo: el rol del Estado en la protección de los derechos laborales.
Mientras en Ginebra distintos representantes destacaron el valor de las normas internacionales, los órganos de control y el diálogo social para fortalecer los derechos laborales, como ocurrió con los casos de Uruguay, Colombia y México, las denuncias sobre Argentina apuntaron precisamente al debilitamiento de esos mecanismos.
La Comisión fijó el 1° de septiembre de 2026 como fecha límite para que el Gobierno argentino informe las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas. Hasta entonces, el caso argentino continuará bajo seguimiento de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
