Entre Ríos suma 40 nuevas tobilleras electrónicas y llegará a 241 dispositivos activos
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El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos incorporará 40 nuevos dispositivos de control electrónico, alcanzando así un total de 241 tobilleras activas en todo el territorio provincial. La ampliación se concreta a partir de la firma de un acta complementaria con el Ministerio de Seguridad de la Nación y busca reforzar la supervisión de las medidas judiciales dictadas por los tribunales.
La gestión, enmarcada en las políticas de modernización de los sistemas de control penal, fue impulsada por el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, y se formalizó mediante un acuerdo suscripto junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
La iniciativa se inscribe en el programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y apunta a optimizar los recursos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER).
Más alcance para el monitoreo de prisiones domiciliarias
Con esta entrega, la provincia ampliará el monitoreo de personas que cumplen prisión domiciliaria u otras modalidades de ejecución de la pena previstas por la legislación vigente.
Las 241 unidades activas serán administradas de manera directa por el Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico del SPER.
De las reuniones técnicas y de gestión participaron además el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y el subdirector, inspector general Santiago García.
Fortalecimiento del sistema penal y descompresión de cárceles
Desde la cartera de Seguridad provincial destacaron que esta ampliación constituye una herramienta clave para fortalecer las capacidades operativas del Servicio Penitenciario, mejorar los mecanismos de control y contribuir a una gestión más eficiente del sistema penal.
Asimismo, remarcaron que el uso de tobilleras electrónicas permite generar condiciones seguras para que aquellas personas legalmente habilitadas puedan cumplir medidas judiciales fuera de los establecimientos penitenciarios.
De este modo, se favorece la descompresión de las unidades penales y se promueven procesos de inserción social bajo supervisión permanente.
Financiamiento nacional y estándares de control
El convenio establece además que el Estado nacional asumirá los costos correspondientes a la prestación del servicio de monitoreo a distancia, garantizando el funcionamiento de los nuevos dispositivos incorporados al sistema provincial.
Por otra parte, Entre Ríos ratificó su compromiso de cumplir con los estándares técnicos y operativos fijados por el programa nacional mediante la elaboración de informes socioambientales previos, la remisión periódica de estadísticas sobre la utilización de los equipos y el seguimiento permanente de las personas incorporadas.
De esta manera, la provincia continúa fortaleciendo las herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la seguridad pública y consolidando mecanismos de control eficientes en todo el territorio entrerriano.
