Haz lo que yo digo, pero... Pese al decreto que prohíbe cargos hereditarios, la ARCA nombró 22 agentes por parentesco
| En una decisión que choca de frente con la normativa que buscó terminar con los cargos hereditarios en el...
En una decisión que choca de frente con la normativa que buscó terminar con los cargos hereditarios en el Estado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) designó esta semana a 22 nuevos agentes en planta permanente por razones de parentesco, amparándose en cláusulas de su convenio colectivo de trabajo que siguen vigentes.
El contraste es evidente con el mensaje que había dado el Gobierno nacional cuando, en octubre de 2024, presentó el decreto 959. Aquel día, el entonces vocero presidencial y hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que en esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul, al anunciar junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el fin de la prioridad de contratación para hijos o cónyuges de agentes del sector público.
Sin embargo, en algunos organismos la adecuación de los convenios colectivos nunca se concretó y ese privilegio, que en ciertos casos se arrastra desde 1973, permanece intacto. En ese marco, la ARCA avanzó con los nombramientos por vínculo familiar.
Cómo se concretaron las designaciones en la ARCA
Según una disposición que entró en vigor el lunes pasado, los 22 nuevos empleados fueron incorporados a la planta permanente de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Aduana, las dos principales reparticiones del ente recaudador.
El texto de la medida invoca que, en el caso de producirse el fallecimiento de un agente, los artículos 24 y 29 del Convenio Colectivo de Trabajo facultan al organismo a disponer, en forma inmediata a la postulación, la designación de hijo o del cónyuge supérstite, según la opción que ejerzan los familiares del trabajador fallecido.
Es decir, la ARCA se apoyó en las viejas cláusulas del convenio para habilitar el ingreso automático de parientes, pese a que el marco legal general fue modificado por el decreto 959.
Qué establece el decreto 959 y a quiénes alcanza
El decreto que Adorni y Sturzenegger anunciaron hace un año y medio obliga a todos los entes del sector público nacional incluidos organismos autárquicos y sociedades anónimas como YPF, Banco Nación, Banco Central, Anses o Ferrocarriles Argentinos a adecuar sus normativas internas en un plazo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial.
La norma fue publicada el 25 de octubre de 2024 y, en uno de sus párrafos, prohíbe expresamente que la Secretaría de Trabajo homologue convenios colectivos que se opongan a sus disposiciones. En sus considerandos, incluso, recuerda que la Asamblea del Año XIII prohibió los títulos de nobleza como signos de distinción entre personas, para fundamentar el fin de los privilegios de sangre en el empleo público.
Pese a ese marco, el impulso reformista quedó a medio camino. En la ARCA, los gremios siguen citando el convenio colectivo con las prerrogativas heredadas y señalan que esas condiciones continuarán vigentes al menos hasta fin de año, cuando el acuerdo deba ser homologado por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Es gente que estaba esperando hace rato y la pusieron en las categorías más bajas: no es noticia, respondieron a este diario desde uno de los sindicatos del organismo, relativizando el impacto de las designaciones.
Silencio oficial y un conflicto jurídico abierto
Consultadas por el mismo medio, las autoridades de la ARCA optaron por no hacer declaraciones sobre la decisión de avanzar con los nombramientos por parentesco.
La situación, no obstante, abre una contradicción jurídica evidente entre el decreto presidencial y el convenio colectivo. El abogado laboralista Diego Muslera sostuvo que, en estos casos, debería prevalecer la norma de mayor jerarquía.
Por más de que en el Convenio Colectivo de Trabajo no se haya modificado lo dispuesto en el artículo 29.1, en la práctica basta con lo dispuesto a través del decreto para que ARCA no dé cabida a la postulación de un hijo o del cónyuge supérstite para su ingreso como agente por el solo hecho de preceder esta situación de parentesco. Y lo mismo aplica para el resto de las entidades autárquicas dependientes del Estado Nacional con este tipo de cláusulas, remarcó el especialista.
Recategorizaciones polémicas y cuestionamientos internos
La controversia no se limita a los ingresos por lazos de sangre. Trabajadores y técnicos de la ARCA vienen cuestionando recategorizaciones recientes que, según denuncian, se alejan de la tan invocada meritocracia y responden más bien a relaciones de cercanía con la cúpula del organismo, encabezado por Andrés Vázquez.
Un caso que generó fuerte malestar fue la última recategorización que incluyó en el tercer escalafón de mayores ingresos a Nicolás Andrés Velis, quien no posee título universitario una de las condiciones que el propio convenio recomienda para el ascenso, pero que es hijo del jefe máximo de la Aduana, José Andrés Velis.
Los gremios y empleados realizaron planteos públicos y reclamos internos, pero no lograron revertir las decisiones. Por el contrario, esta semana se sumaron nuevas designaciones que profundizaron el malestar, más allá de los nombramientos por razones de parentesco.
Se trata de cargos para seis coordinadores y supervisores que no pertenecían al organismo y que, en varios casos, provienen del sector privado o de otras dependencias del Estado ajenas a la ARCA, como las secretarías de Transporte y Educación, el Senado y la Anses. La crítica central de los trabajadores es que los nuevos funcionarios no cuentan con antecedentes que respalden sus funciones en áreas técnicas sensibles.
La promesa de fin de la casta bajo la lupa
El cuadro interno en la ARCA se perfila como un nuevo foco de conflicto, sobre todo a la luz del discurso oficial con el que se impulsó el decreto 959. En aquel anuncio, Federico Sturzenegger, principal promotor del fin de las prerrogativas hereditarias en el Estado, había trazado una línea tajante.
En la Argentina hay dos visiones: la liberal republicana y la medieval de la casta, sentenció entonces el ministro de Desregulación, al presentar la reforma que prometía cambiar la lógica de las contrataciones públicas.
Hoy, ambas visiones conviven en los pliegues del Estado: mientras el discurso oficial proclama el fin de los privilegios de sangre, en organismos como la ARCA persisten prácticas que se apoyan en viejos convenios colectivos y que reabren el debate sobre la coherencia entre la normativa vigente y las decisiones concretas de la administración pública.
