Cuatro mineras cuestionaron con fuerza la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV
Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias durante la audiencia pública convocada por el ENReGE.
Cuatro empresas mineras que operan en San Juan se opusieron o condicionaron este miércoles la resolución nacional que otorga el acceso de la línea de 500 kV a la empresa Vicuña, para su primera fase de producción de cobre, Josemaria.
Esto ocurrió en la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad (ENReGE) para analizar la prioridad de uso y la ampliación de la capacidad de transporte de la línea de 500 kV para el proyecto Vicuña.
Los cuestionamientos vinieron de parte del proyecto de cobre Los Azules, y las minas de oro Hualilán, Gualcamayo y Barrick. Todas tienen en común que sus representantes apuntaron a la falta de sustento técnico en los cálculos de capacidad del organismo nacional, también advirtieron algunas empresas la posible violación del principio de "acceso abierto", y el uso de infraestructura estratégica que fue financiada por el Estado, algunas de las mineras y los usuarios sanjuaninos.
Los planteos de las mineras
Miguel Gil, representante del proyecto de cobre Los Azules fue uno de los que presentó la oposición más enérgica, calificando la resolución como un acto sin sustento técnico verificable. Cuestionó que la prioridad de uso de 545,7 MW que finalmente se le otorga a Vicuña sobre la línea de 500 kV que ya está construida -se basa en "simplificaciones".
También criticó que a pesar de que con posterioridad la resolución rectificó que la demanda no era para Vicuña en su totalidad, sino solo para Josemaría, no se corrigió la prioridad de uso. Gil además advirtió que conceder una reserva privada por 25 años sobre infraestructura pública es una "barrera estructural" para otros interesados como Los Azules.
Otro fuerte cuestionamiento fue el de Sonia Delgado, presidenta de la mina de oro Hualilán. Manifestó que la prioridad otorgada a Vicuña puede comprometer la viabilidad de su mina proyecto, que prevé una demanda de 15 MVA para 2028 y 40 MVA para 2030, con un cronograma de conexión efectiva que es anterior al de la empresa beneficiada por la resolución.
Denunció que se pretende otorgar exclusividad sobre una infraestructura preexistente financiada con fondos públicos, basándose en modelos de "potencia infinita" que no se ajustan a la realidad del sistema.
Otras dos minas de oro
La minera Barrick, que tiene en Iglesia la mina Veladero estuvo representada por Ariadna Rodríguez, quien expresó un apoyo general a conceder lo solicitado por Vicuña en relación a la línea de 500 kV, pero supeditado a la protección de su derecho a acceder a 250 MW de capacidad, basándose en su calificación como "beneficiario iniciador" establecida en acuerdos que datan de 2006.
Además, destacó que están amparados en la Ley provincial 1181-A que reconoce explícitamente que los aportes financieros de las empresas les otorgan el derecho de uso de la infraestructura hasta la potencia mencionada de 250 MW.
También destacó que las empresas realizaron un aporte concreto de 55 millones de dólares para la línea Nueva San Juan-Rodeo y solicitó 30 días para coordinar soluciones respecto a la resolución y encontrar salidas que eviten la congestión de la red.
Sorprendió también la intervención en la audiencia de la Mina Gualcamayo, quien, a través de Juan Pablo García, condicionó su apoyo a la resolución para Vicuña, a que se respete formalmente su reserva de 30 MW, derecho consolidado al igual que citó Veladero, por la Ley Provincial 1181 e inversiones históricas. García recordó que la empresa financió el 100% de obras como las líneas Jáchal-Huaco y la estación transformadora de Huaco.
La última intervención de Vicuña
Al cierre de la audiencia, Adriel Rizzeto, el representante de Vicuña que ya había realizado una defensa de los porqués la minera necesita la prioridad de uso de la línea de 500 kV y las ampliaciones de obra, pidió 5 minutos extra para aclarar algunos de los puntos cuestionados.
Dijo que la prioridad solicitada recae solo sobre la "capacidad incremental" que generará la energización en 500 kV y no sobre la capacidad preexistente, y aseguró que la obra no impone costos al Estado ni a los usuarios.
También destacó que no se quedará con la propiedad de la obra, sino que pasará al SADI, por lo que "no hay control, exclusividad ni propiedad alguna para Vicuña".
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