El caso de José Antonio Cácere llega a la Corte Suprema con el respaldo de nuevos amicus curiae
La Fundación Apolo se sumó a las organizaciones que exigen revisar el expediente. La defensa insiste en graves contradicciones entre la autopsia oficial y las pericias que sostienen la condena. BUENOS AIRES. El caso de José Antonio Cácere ha dado u
La Fundación Apolo se sumó a las organizaciones que exigen revisar el expediente. La defensa insiste en graves contradicciones entre la autopsia oficial y las pericias que sostienen la condena.
BUENOS AIRES. El caso de José Antonio Cácere ha dado un paso institucional decisivo. Tras un largo recorrido por los tribunales, la causa se encuentra actualmente bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reactivando el debate público y judicial sobre la solidez de las pruebas que determinaron su condena.
En los últimos días, la trascendencia del expediente sumó un nuevo respaldo civil. La Fundación Apolo presentó formalmente una solicitud para actuar bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal), una herramienta jurídica utilizada por terceros ajenos a un litigio que aportan argumentos de interés público para enriquecer la resolución del caso. Esta organización se acopla a otras entidades de derechos humanos y civiles que ya habían solicitado formalmente la revisión exhaustiva de las actuaciones.
Contradicciones en la mira.
El eje central del reclamo, que ahora descansa en el máximo tribunal del país, apunta a presuntas inconsistencias estructurales en la cadena de pruebas. Según fuentes cercanas a la defensa, existen severas contradicciones entre el informe de la autopsia oficial, las pericias técnicas complementarias y la valoración del cuadro probatorio que el tribunal de origen utilizó para dictar la sentencia condenatoria.
“El caso sigue generando repercusiones debido a las grietas técnicas en la investigación inicial. Lo que se busca ante la Corte no es solo revisar una condena, sino garantizar que el debido proceso y la certeza científica no hayan sido vulnerados”, señalaron allegados al seguimiento de la causa.
Con la llegada del expediente a la Corte Suprema y el creciente ojo clínico de organizaciones de la sociedad civil, el caso Cácere vuelve a poner el foco sobre la calidad de las revisiones judiciales en Argentina y el peso de las pruebas periciales en el fuero penal. Se espera que en los próximos meses el tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad de los recursos presentados.
El caso:
El caso del ex policía José Antonio Cáceres llega a la Corte Suprema: denuncian condena a perpetua sin pruebas físicas y con autopsia ignorada.
Lleva seis años en prisión por la muerte de un detenido en La Plata en 2011. La autopsia oficial determinó que la víctima falleció por causas médicas y sobredosis, pero el tribunal priorizó una pericia de parte hecha sobre una foto. Organizaciones civiles se suman al reclamo de inocencia.
LA PLATA. La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza por estas horas el expediente de José Antonio Cáceres, un ex efectivo de la Policía Bonaerense que cumple una condena a prisión perpetua por un homicidio que, según las pericias oficiales, los testigos y la propia autopsia, nunca existió. El caso, caratulado bajo el Expediente CSJ 001980/2023-00 en la Secretaría N.º 3, ha vuelto a tomar impulso público tras la reciente presentación de la Fundación Apolo como amicus curiae, sumándose al apoyo que ya brindaba la asociación Inocente Colectivo.
La defensa y la familia de Cáceres sostienen de manera tajante que se trata de una causa armada, donde la justicia penal de La Plata ignoró la evidencia científica para sostener una condena política e institucional.
El origen: una detención y una muerte clínica.
Los hechos comenzaron el 22 de octubre de 2011, cuando Cáceres, cumpliendo una orden judicial, procedió a la detención de Ariel Canisso. Al día siguiente, Canisso falleció en su celda. De inmediato, la acusación apuntó hacia el personal policial, señalando a Cáceres como el autor material del fallecimiento.
Sin embargo, los problemas estructurales de la acusación surgieron con los primeros informes científicos:
Autopsia de la Asesoría Pericial Oficial: El examen forense determinó fehacientemente que el cuerpo de Canisso no presentaba golpes, marcas ni lesiones compatibles con una agresión física.
Causa real de muerte: La autopsia acreditó que el deceso se produjo por un edema agudo de pulmón. Canisso padecía patologías cardíacas y respiratorias previas que se vieron severamente agravadas por un consumo masivo de cocaína y diazepam.
Pruebas visuales y testimoniales: La fotografía del legajo penitenciario de la víctima al ingresar mostraba un rostro sin signos de violencia. Además, los internos que compartieron pabellón y celda con la víctima declararon bajo juramento que el detenido jamás recibió un solo golpe.
Un fallo por mayoría y la polémica pericia por foto.
A pesar de la contundencia médica, el Tribunal Oral N.º 1 de La Plata dictó una condena a perpetua por mayoría. Para esquivar las conclusiones de la autopsia oficial, el tribunal priorizó el informe de Omar Ledesma, un perito de parte propuesto por una asociación de derechos humanos. La defensa denuncia que dicha pericia carece por completo de rigor científico, ya que fue elaborada basándose únicamente en una fotografía, sin que el perito tuviera jamás acceso al cuerpo de la víctima.
Cabe destacar que el fallo no fue unánime: uno de los jueces de tribunal votó en disidencia, asegurando explícitamente que no existía prueba alguna que justificara una condena.
Tiempo después, el Tribunal de Casación revisó el caso. El organismo reconoció explícitamente que no existió ninguna golpiza y absolvió a otros dos policías imputados. Sin embargo, en una decisión contradictoria que la defensa no duda en calificar de “absurda”, decidió mantener la pena máxima para Cáceres, argumentando que el ex efectivo ni siquiera se encontraba en la comisaría en el momento exacto del desenlace.
El reclamo familiar y el pedido a la Corte
Cáceres ya lleva seis años tras las rejas, un tiempo que su esposa e hijos describen como un calvario que “destrozó las vidas” de todo el núcleo familiar. La campaña civil para limpiar su nombre apunta ahora a que el máximo tribunal del país repare lo que consideran un “error histórico”.
Desde su lugar de detención, el propio José Antonio Cáceres rompió el silencio sobre el laberinto judicial que padece:
“Siempre actué dentro de la ley, cumpliendo con mi deber de policía, y hoy estoy pagando con mi libertad algo que no hice. Pido que se conozca la verdad, que se difunda mi historia, y que la Corte Suprema pueda reparar este error histórico que me destrozó la vida”.
Con el peso técnico de la autopsia oficial y el respaldo institucional de Fundación Apolo e Inocente Colectivo, la resolución de la Corte Suprema de la Nación se vuelve crucial, no solo para el destino de Cáceres, sino como un precedente sobre el valor de la ciencia forense frente a las presiones de las causas armadas en la provincia de Buenos Aires.
