Explotó la bomba en Rosario: Un exjuez federal quedó contra las cuerdas
Gabriel Mizzau, contador del narco pesado, Esteban Alvarado, y de Marcelo Bailaque, complicó al exjuez federal de Rosario tras declarar como arrepentido.
ROSARIO. La región sumó un fuerte capítulo de corrupción judicial. El exjuez federal, Marcelo Bailaque, quedó contra las cuerdas luego de que su contador, Gabriel Mizzau, lo complicara al declarar como arrepentido. La audiencia de control pasó a cuarto intermedio y se reanudará el próximo lunes.
CORRUPCIÓN JUDICIAL
Explotó la bomba en Rosario: Un exjuez federal quedó contra las cuerdas
Corrupción judicial: Nuevo arrepentido
Según los datos expuestos en la mencionada jornada judicial, la cual estuvo coordinada por el camarista Aníbal Pineda, Mizzau se encamina a la resolución de su situación procesal mediante un juicio abreviado.
Esto se acordó con el cuerpo de fiscales que lo mantiene formalmente acusado bajo el cargo de partícipe necesario en las operaciones de lavado de dinero que el narco pesado, Esteban Alvarado, ejecutaba por medio de diversas sociedades comerciales puestas a nombre de testaferros o miembros de su círculo íntimo, entre los cuales destaca su expareja, Rosa Capuano.
En el marco de este expediente singular el único donde Mizzau aparece imputado, el profesional de las finanzas prestó declaración ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal. En su testimonio, argumentó que su contratación por parte de las firmas ligadas a Alvarado ocurrió hace más de trece años y que el motivo principal de dicho vínculo comercial fue, justamente, su relación estrecha y cotidiana con el entonces juez federal Bailaque.
Cabe destacar que, por aquellos años, el despacho de Bailaque concentraba la única investigación judicial existente por tráfico de estupefacientes en contra del mencionado jefe criminal.
La hipótesis que manejan los investigadores sostiene que Mizzau no solo cumplía tareas contables, sino que presuntamente operaba como un canal de comunicación secreto entre el magistrado y Capuano. El objetivo de este nexo era alertar a la organización criminal sobre las pesquisas y medidas que la Justicia planificaba contra Alvarado y sus allegados.
En consonancia con esto, los fiscales afirmaron que, el exjuez federal dilataba de forma deliberada la orden de escuchar las líneas telefónicas o de realizar allanamientos. Por ende, cuando estas medidas finalmente se ejecutaban tras largos meses de postergación, el resultado de los procedimientos era previsiblemente infructuoso o negativo.
Marcelo Bailaque cada vez más complicado
Frente al nuevo panorama que plantea la inminente condena del contador a través de una vía abreviada motivada por sus revelaciones en carácter de arrepentido, el equipo legal encargado de la defensa de Bailaque solicitó frenar temporalmente la audiencia de control de la acusación, posponiéndola para la jornada del lunes que viene.
Es importante señalar que el horizonte penal para el exjuez es complejo, dado que acumula otras dos imputaciones de gravedad:
* Causa por extorsión: Se lo acusa de haber confeccionado de manera artificial un expediente judicial con la meta de extorsionar al empresario del sector asegurador, Claudio Iglesias. Según la imputación, en esta maniobra habrían participado también el financista Fernando Whpei y el exdirector de la AFIP Carlos Vaudagna, exigiéndole a la víctima una suma cercana a los 150 mil dólares.
* Malversación de fondos portuarios: Está imputado por el presunto direccionamiento anómalo de los recursos económicos pertenecientes a la cooperativa de estibadores portuarios del cordón industrial (la cual se encontraba bajo intervención judicial). Los fondos en cuestión terminaron siendo girados hacia una entidad mutual controlada por el propio Fernando Whpei, salteándose los marcos normativos vigentes, con la presunta e ilegal intención de favorecer económicamente a dicho financista.
La pata judicial del narcotráfico al desnudo
El quiebre de la lealtad del contador al convertirse en "arrepentido" marca un punto de inflexión definitivo en la causa, desnudando lo que parece ser una matriz de impunidad donde la justicia federal y el crimen organizado convivieron bajo la mesa durante más de una década.
La figura de Mizzaucomo un presunto "puente" revela que el éxito de las estructuras del narcotráfico y el lavado de dinero no depende únicamente de la violencia territorial, sino de la complicidad indispensable de los denominados "delitos de guante blanco" y de la protección de magistrados que, en lugar de investigar, actuaron presuntamente como escudos protectores retrasando la acción judicial.
Con tres imputaciones distintas sobre sus hombros, Bailaque no solo enfrenta la posibilidad real de una condena penal severa, sino que encarna una crisis institucional profunda. El avance de estas investigaciones expone la urgente necesidad de depurar las estructuras judiciales para restablecer la confianza pública, demostrando que la ley debe alcanzar incluso a aquellos que alguna vez tuvieron el poder de administrarla.
