El Gobierno impulsa una reforma para blindar el déficit cero y reforzar el control del gasto
La Casa Rosada trabaja en un proyecto para reforzar el control sobre los recursos del Estado y limitar leyes sin fuente de financiamiento.
El Gobierno nacional avanza en una reforma de la Ley de Administración Financiera con el objetivo de fortalecer el control sobre los recursos del Estado, blindar la política de déficit cero y limitar el impacto de decisiones legislativas que puedan comprometer el equilibrio fiscal.
La iniciativa, que se encuentra en elaboración y forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), apunta a modificar la Ley 24.156, que regula el sistema de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y control del sector público nacional.
Según trascendió, la Casa Rosada busca establecer nuevas reglas para la administración de los recursos públicos y otorgar al Poder Ejecutivo mayores herramientas para gestionar el gasto cuando cambien las condiciones económicas o fiscales durante el año.
Fuentes oficiales señalaron que uno de los principales objetivos es evitar que medidas impulsadas desde el Congreso puedan poner en riesgo las metas fiscales. "La idea es tener más control sobre los recursos del Estado", sostienen desde el oficialismo.
Entre los cambios en análisis figura la posibilidad de que el Ejecutivo tenga mayor capacidad para reasignar partidas presupuestarias, postergar gastos o aplicar recortes si se produce una caída de la recaudación o si nuevas leyes generan erogaciones no previstas.
La reforma también busca garantizar que cualquier superávit fiscal permanezca bajo administración del Gobierno nacional para destinarlo a prioridades económicas como la reducción de deuda, el pago de vencimientos o la compensación de menores ingresos.
El debate está estrechamente vinculado con las recomendaciones realizadas por el FMI en su último informe sobre Argentina. Allí, el organismo destacó la necesidad de sostener el ancla fiscal, limitar el gasto discrecional y fortalecer la previsibilidad de las cuentas públicas mediante reglas más estables y duraderas.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es endurecer los requisitos para la aprobación de leyes con impacto presupuestario. La intención oficial es exigir que toda iniciativa que implique un gasto adicional detalle de manera explícita cómo será financiada.
En el Gobierno consideran que la legislación vigente no resulta suficiente para evitar la aprobación de normas que luego obligan al Ejecutivo a vetarlas, incumplirlas o compensarlas con recortes en otras áreas.
La discusión surge luego de los debates generados por proyectos vinculados al financiamiento universitario, discapacidad y otras partidas presupuestarias impulsadas por el Congreso, que fueron cuestionadas por el oficialismo por carecer de fuentes de financiamiento específicas.
Además, la reforma pretende que la regla fiscal tenga prioridad durante la ejecución presupuestaria. De esta manera, ante una caída de ingresos o un aumento de gastos, el Ejecutivo podría ajustar otras partidas para sostener el equilibrio de las cuentas públicas sin exponerse a conflictos judiciales o administrativos.
La iniciativa se complementará con el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno deberá enviar al Congreso en septiembre y que, según los lineamientos acordados con el FMI, deberá mantener la meta de déficit cero e incorporar un marco fiscal de mediano plazo, una evaluación de riesgos y escenarios alternativos para la economía argentina.
