UATRE denunció que Granja Tres Arroyos paga salarios en hasta nueve cuotas y advirtió: No daremos un paso atrás
| En un enérgico comunicado de prensa, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)...
En un enérgico comunicado de prensa, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció el crítico escenario socioeconómico que atraviesa el personal de las empresas avícolas WADE Grupo GTA, firmas que integran el holding de Granja Tres Arroyos. El sindicato acusó a la patronal de sostener sus niveles de actividad a costa del ahogo financiero de su propia planta de operarios.
De acuerdo con el documento emitido por la entidad gremial, el personal viene padeciendo desde hace más de un año y medio un severo retraso en la liquidación de sus haberes y un sistema de pago fragmentado.
Lo que en sus inicios fue presentado por los directivos corporativos como un mecanismo de contingencia provisional, terminó por consolidarse como un esquema crónico e insostenible.
En la actualidad, las y los trabajadores perciben sus salarios en ocho o nueve cuotas mensuales, una división contable que pulveriza el poder adquisitivo en el actual contexto económico.
WADE Grupo GTA son responsables por trasladar el peso de la crisis sobre sus trabajadores sin ofrecer certezas ni un plan de salida. () El tiempo de las promesas incumplidas se acabó: no daremos un paso atrás hasta que cada compañera y cada compañero reciba lo que le corresponde, advirtió el sindicato que encabeza José Voytenco.
Muchas familias no pueden cubrir el plato de comida diario
La conducción de la UATRE describió con dramatismo las consecuencias directas que este fraccionamiento genera sobre el día a día en los hogares rurales.
En esa línea, la organización explicó que la imposibilidad de contar con la totalidad de la remuneración en tiempo y forma arrojó a cientos de familias a una situación límite: Muchas familias no pueden cubrir el plato de comida diario, remarcó.
El sindicato alertó, a su vez, que la acumulación de boletas de servicios públicos impagas, el atraso en el pago de los alquileres habitacionales y un endeudamiento generalizado son la norma común en las familias afectadas, todo agravado por el temor permanente a perder la fuente laboral, apuntó la organización.
Gestiones ante Trabajo y asistencia alimentaria
Frente a la actitud de la empresa, el gremio viene articulando una doble vía de contención.
Por un lado, detalló que se mantuvieron múltiples audiencias de seguimiento mensual ante las autoridades de la cartera laboral, sin obtener hasta el momento respuestas satisfactorias por parte de los apoderados de las firmas.
Por el otro, ante la urgencia social, la UATRE debió coordinar con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires la entrega periódica de asistencia alimentaria y mercadería para complementar las mesas familiares, además de tramitar gestiones de emergencia para garantizar que no se suspendan los servicios básicos en los predios y establecimientos donde residen los trabajadores de la actividad.
Un conflicto de alcance federal
El gremio de los trabajadores rurales remarcó que las maniobras operativas y de quebranto de las firmas WADE y Grupo GTA exceden las fronteras bonaerenses y adquieren una envergadura nacional que la patronal ya no puede eludir.
Según el comunicado, la parálisis en las cadenas de pagos afecta de manera directa a más de 1.200 familias distribuidas en los distintos enclaves productivos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco.
A pesar de las suspensiones disciplinarias, las exigencias de rendimiento diario y los apercibimientos aplicados por las jefaturas de planta, el sindicato ponderó el compromiso de los trabajadores para sostener las metas de productividad de la firma alimenticia.
Sin embargo, advirtieron que los plazos de tolerancia se agotaron frente a la falta de soluciones de fondo.
Reclamo de transparencia y auxilio estatal
Finalmente, la UATRE le exigió a la dirección del Grupo GTA que exhiba con total transparencia sus balances administrativos e informe al personal sobre el estado patrimonial verídico de las firmas.
Asimismo, instaron a los ejecutivos corporativos a solicitar de forma inmediata ante el Gobierno nacional las herramientas y programas de asistencia previstos por ley para la preservación de los puestos de trabajo, con el objetivo de evitar que el conflicto derive en despidos masivos o cierres de plantas.
