El PJ cuestionó la reforma previsional de Frigerio: El 82% móvil deja de ser una garantía real
El Partido Justicialista de Entre Ríos, junto a los bloques provinciales de senadores y diputados y la Liga de Intendentes, expresó este martes su preocupación por el proyecto de reforma previsional que el gobernador Rogelio Frigerio enviará formalme
En ese sentido, señalaron que el proyecto prevé aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin contar, según afirmaron, con estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido.
El documento advierte además que los cambios impactarán tanto en los trabajadores en actividad como en los actuales jubilados. Los trabajadores activos verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, y los jubilados actuales sufrirán una mayor pérdida frente a la inflación, indicaron.
El 82% móvil deja de ser una garantía real
Uno de los principales cuestionamientos del PJ apunta al futuro del 82% móvil. Según plantearon, la modificación de las condiciones de cálculo de los haberes y la ampliación de los períodos considerados para determinar el ingreso inicial derivarán en una reducción del monto jubilatorio.
Con esta reforma, el 82% móvil deja de ser una garantía real, afirmaron desde el justicialismo, al tiempo que señalaron que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, lo que, sostienen, rompe con uno de los principios históricos del sistema previsional.
También criticaron la ausencia de un mecanismo claro y justo de actualización de las jubilaciones. Según expresaron, al vincular la movilidad a paritarias que vienen ubicándose por debajo de la inflación, se consolida un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo.
Críticas al aumento de la edad jubilatoria
Otro de los puntos observados por el PJ es el incremento de la edad jubilatoria para nuevos afiliados hasta los 68 años, lo que definieron como la más alta del sistema público argentino.
Desde el espacio opositor cuestionaron que la medida no esté respaldada por estudios sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial.
Asimismo, remarcaron que la unificación de la edad de retiro en 65 años para trabajadores actuales y en 68 para ingresantes desconoce las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres.
Según detallaron, la reforma implicaría para muchas trabajadoras un aumento de hasta ocho años en la edad jubilatoria, mientras que para los varones el incremento sería de cinco años.
El impacto en los municipios
El comunicado también alerta sobre las consecuencias financieras que tendría la reforma para los municipios entrerrianos.
El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de que estas sean modificadas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, sostuvieron, y advirtieron que eso podría comprometer el funcionamiento de las administraciones municipales y la prestación de servicios esenciales.
Rechazo a la delegación de facultades
Otro de los aspectos cuestionados es la facultad que tendría el Poder Ejecutivo para modificar aportes, contribuciones y otras condiciones del sistema previsional.
Para el PJ, se trata de una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura.
Además, sostuvieron que la declaración de emergencia previsional se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto, lo que calificaron como un grave antecedente institucional.
Defenderemos el 82% móvil
Finalmente, desde el justicialismo adelantaron que darán todo el debate que sea necesario cuando el proyecto sea tratado en las comisiones legislativas de Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
También anticiparon que convocarán a representantes de trabajadores activos, jubilados y gobiernos municipales para participar de la discusión.
Defenderemos el 82% móvil real y efectivo, afirmaron. Además, reiteraron su rechazo a cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos, al traslado de costos a los municipios y a la delegación de facultades en el Ejecutivo provincial.
El momento exige un debate serio, con datos, transparencia y responsabilidad política, para garantizar un sistema sostenible sin afectar a quienes sostienen y dependen de él, concluye el comunicado.
