Reactivan la causa por trata de personas contra Evo Morales y citan a 23 policías que integraron su custodia en Argentina
El juez federal Sebastián Ramos volvió a convocar a efectivos de la Policía Federal. La investigación fue impulsada por la Fundación Apolo por presunto abuso de menores durante el asilo político del exmandatario boliviano
El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 porteño, Sebastián Ramos, volvió a citar a declarar a 23 efectivos de la Policía Federal que habrían integrado la custodia de Evo Morales durante su asilo político en la Argentina, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores vinculados al exmandatario boliviano.
La resolución, enmarcada en el expediente CFP 4391/2024, fijó nuevas audiencias testimoniales entre luego de que una convocatoria anterior prácticamente fracasara: de los 29 policías originalmente citados, solo seis comparecieron ante la Justicia.
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La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada por la Fundación Apolo, que sostiene que durante la permanencia de Morales en el país -tras abandonar Bolivia en noviembre de 2019 y recibir asilo político del gobierno de Alberto Fernández- habrían ocurrido hechos vinculados al traslado y convivencia con menores de edad en condiciones presuntamente irregulares.
En abril de 2025, la Sala I de la Cámara Federal porteña -integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens- ordenó reabrir el expediente al considerar que el archivo de la causa dictado en primera instancia había sido prematuro y que la denuncia contenía elementos suficientes para profundizar la pesquisa. Además, el tribunal de alzada reconoció a la Fundación Apolo como querellante en el expediente.
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La ONG había denunciado al ex mandatario boliviano por presuntas infracciones a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, vinculados a delitos de trata de personas. Según la presentación judicial, durante el asilo político otorgado en la Argentina Morales habría convivido con adolescentes trasladadas desde Bolivia, quienes presuntamente realizaban tareas domésticas y personales.
Uno de los testimonios centrales incorporados a la denuncia fue el de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, quien aseguró haber visto menores de edad en situaciones de servidumbre durante visitas realizadas al expresidente en la Argentina.
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De acuerdo a la presentación, también habría mencionado que niñas eran ofrecidas como obsequios a dirigentes políticos a cambio de favores gubernamentales.
La reapertura del expediente derivó ahora en una nueva ronda de testimoniales para efectivos policiales que habrían formado parte del esquema de seguridad de Morales durante su permanencia en territorio argentino.
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Entre los convocados figuran Gustavo Grandolu, Marcos Geier, Marcelo Roppel, Ricardo Infante, Walter Reinoso, Daniel Taglioretti, Javier Díaz, Lucas Roldan, Matías Virgilio, Iván Fontanillo, Ariel Basualdo, Nicolás Herrera, Carlos Miño, Alcides Eitner, Ricardo Mujica, Mariela Medina, Dardo Palavecino, Gustavo Laviola, Ricardo Altamirano, Diego Herrera, Gustavo Chacur, María Corallo y Axel Maximiliano Romero Solis.
Habrá audiencias la última semana de mayo y hasta el 30 de junio, con un cronograma que prevé dos declaraciones por jornada.
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Además, el juez Ramos ordenó notificar de manera urgente a la Superintendencia de Personal y Derechos Humanos de la Policía Federal Argentina para garantizar el diligenciamiento de las citaciones y remitir las constancias correspondientes al expediente.
Desde la Fundación Apolo cuestionaron la baja concurrencia registrada en la primera ronda de testimoniales y calificaron la situación como de extrema gravedad institucional.
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Resulta llamativo e inexplicable que solo seis de los efectivos convocados se hayan presentado. Esperamos que en esta oportunidad se garantice el cumplimiento efectivo de las citaciones y el avance de la investigación, señalaron desde la organización.
La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió, quiénes intervinieron y qué responsabilidades pudieron existir. La transparencia institucional exige respuestas claras y una investigación seria, agregaron.
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Así las cosas, la instrucción penal apunta a reconstruir qué ocurrió durante la estadía de Morales en la Argentina y cuál habría sido el rol de las personas que participaron de su esquema de seguridad y asistencia logística mientras permaneció asilado políticamente en el país.
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