Un laboratorio de cocaína en Puerto Madero: cómo funcionaba y la particularidad de su droga
La cocina fue descubierta en la villa Rodrigo Bueno y aseguran que es la primera hallada en la Ciudad de Buenos Aires. Hay siete peruanos detenidos y un sospechoso que es empresario nocturno
En el corazón de Puerto Madero, la Policía Federal Argentina encontró un laboratorio de cocaína oculto en la villa Rodrigo Bueno. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, se trata de la primera vez que aparece una cocina de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires.
Siete ciudadanos peruanos fueron arrestados en el operativo y las autoridades buscan a un empresario nocturno conocido como Cuchi, señalado como uno de los principales líderes de la organización.
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La estructura criminal producía droga en gran escala y abastecía distintos puntos del Conurbano.
La investigación del caso comenzó en mayo de 2024, cuando una mujer fue detenida con dos kilos de cocaína en Villa Crespo. La sospechosa llevaba consigo dos celulares: los peritajes a los teléfonos revelaron la existencia de una red de proveedores, distribuidores, encargados de entregas bajo la modalidad pasamanos y vendedores minoristas.
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El grupo tenía roles bien definidos. Una pareja que residía en la mencionada villa de Puerto Madero coordinaba la distribución de grandes cantidades de cocaína y las compras de droga para abastecer bocas de expendio. También detectaron a una mujer que entregaba la sustancia desde Avellaneda.
Otra revelación en la investigación fue que parte del dinero obtenido por la venta de estupefacientes era cambiado en una agencia financiera de Nueva Pompeya. Por eso, el titular del local quedó bajo la lupa, sospechado de saber el origen de los fondos.
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Entre los investigados aparece el mencionado Cuchi, hombre con antecedentes por narcotráfico que hoy se mueve como empresario nocturno y productor de eventos musicales. Según tareas de inteligencia, seguiría vinculado a la venta ilegal de drogas.
El operativo, que incluyó 20 allanamientos en la Ciudad y el Conurbano, derivó en el descubrimiento del laboratorio que se camuflaba detrás de un restaurante de comida peruana en la Rodrigo Bueno.
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El lugar estaba equipado con estufas, compresores hidráulicos y moldes para compactar los panes de cocaína. Un joven peruano, que se encontraba de manera irregular en el país, custodiaba la cocina.
Tras la fachada, la organización procesaba la cocaína y utilizaba ácido bórico para estirar la droga antes de venderla. Para referirse a la misma usaban códigos o palabras clave, como pescado o condimento. Así lo revelaron las escuchas telefónicas.
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En total, la PFA secuestró 77 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza y casi cinco kilos de marihuana, además de maquinaria para fabricar y compactar la droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación.
Una de las particularidades del caso fue la forma en que los narcos presentaban sus productos. Los panes de cocaína llevaban impresos logos de marcas y símbolos reconocidos en el mundo del narcotráfico, como delfines, caballos, pistolas, coronas, el símbolo de Mercedes y el de Ferrari.
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Los investigadores creen que estas estampas servían para dar prestigio a la droga o simular pertenencia a otras bandas, una práctica habitual en el negocio. Por ejemplo, parte de los paquetes incautados tenía stickers con un trébol de tres hojas, y otros llevaban la letra Z con una corona alada, aunque ese símbolo no coincide con la iconografía del cartel mexicano Los Zetas.
En los allanamientos, además, se encontraron cuños y moldes listos para estampar los ladrillos.
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Según pudo saber este medio, seis de los detenidos tenían documentación argentina. Entre ellos hay un ex beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, una mujer de 51 años registrada en ARCA como vendedora de ropa y una comerciante de bijouterie, de 53 años.
También fue identificado un hombre de 35 años con antecedentes por intento de robo y deudas millonarias con bancos y billeteras virtuales.
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En principio, ninguno aparece como narco de trayectoria: no figuran, por ejemplo, en condenas de primera o segunda instancia del fuero federal en la última década.
En la causa intervienen el juez federal Julián Ercolini, el fiscal Franco Picardi y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con el fiscal federal Diego Iglesias.
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