El oficialismo impulsa una ley de biocombustibles más flexible - Informe Digital
El proyecto eleva cortes y abre el mercado; la industria lo celebra con matices y objeta el biodiésel.
Un grupo de senadores del oficialismo presentó un nuevo proyecto de ley de biocombustibles que busca cambiar de raíz el esquema vigente: sube los cortes obligatorios, amplía la participación privada y habilita un mercado más abierto. La iniciativa, impulsada por Patricia Bullrich, ya cosechó apoyos y reparos en la industria, con impacto directo en provincias productoras como Córdoba, Santa Fe y Tucumán.
La propuesta, presentada en el Senado la semana pasada, reemplaza el régimen actual por un sistema dinámico, eficiente, desregulado y libre, con más espacio para el sector privado y nuevas inversiones en bioetanol, biodiésel, biometano y combustibles sostenibles de aviación (SAF).
El cambio más sensible está en los porcentajes de mezcla obligatoria con combustibles fósiles: el biodiésel pasaría del 7,5% al 10% y el bioetanol del 12% al 15% dentro del año de vigencia de la ley. Además, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado a modificar esos valores por razones técnicas o de abastecimiento.
El texto también incorpora por primera vez en la legislación argentina la figura de los vehículos flex fuel, capaces de funcionar con distintas proporciones de combustibles líquidos y biocombustibles, siguiendo el modelo de países como Brasil.
La iniciativa regula la elaboración, el almacenamiento, la comercialización, la mezcla y el autoconsumo de biocombustibles en todo el país, con una vigencia de 15 años desde su aprobación. Sus fundamentos sostienen que el esquema actual generó distorsiones, frenó inversiones y requiere una transición hacia un mercado con más competencia y libertad comercial.
También impulsa un mercado electrónico para la comercialización de biocombustibles, habilita la inyección de biometano en redes de gas natural y promueve el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación, un segmento en expansión por las exigencias ambientales del transporte aéreo.
El impacto económico se concentra sobre las cadenas del maíz, la soja y la caña de azúcar, insumos clave para el bioetanol y el biodiésel. Por eso, el proyecto podría favorecer especialmente a provincias productoras.
El proyecto además redefine categorías empresarias dentro del sector y distingue entre compañías integradas y no integradas, en medio de una disputa histórica entre grandes grupos aceiteros, petroleras y plantas pymes de biocombustibles.
En los fundamentos, la propuesta afirma que el régimen actual generó distorsiones y limitó inversiones, por lo que plantea avanzar hacia un sistema con mayor competencia y libertad comercial.
En el Congreso ya había proyectos previos sobre biocombustibles, entre ellos los impulsados por la diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde y por Camila Crescimbeni junto a otros legisladores, enfocados en extender el régimen vigente y actualizar los porcentajes de corte hasta 2030. Las provincias productoras, agrupadas en La Liga Bioenergética, también presentaron una iniciativa.
Industria con apoyo y objeciones
Desde la industria del biodiésel, la recepción inicial fue favorable, aunque con observaciones sobre el nivel de mezcla propuesto. En la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) destacaron la oportunidad del proyecto en un contexto internacional que, según señalaron, favorece al sector. Apoyamos la oportunidad de la presentación de este proyecto, sobre todo en un momento en donde el escenario internacional pone en valor a nuestra industria, indicó Luis Zubizarreta, presidente de la entidad.
También sostuvo que la propuesta tendría amplio respaldo dentro del bioetanol y el biodiésel, y remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor apertura. Entendemos que el proyecto cuenta con el apoyo de la enorme mayoría de los actores de la industria de etanol y biodiésel. Es fundamental que se instaure cuanto antes la libre competencia en el mercado; idealmente antes de 2029, de modo de utilizar la capacidad ociosa e incentivar futuras inversiones, señaló.
No obstante, desde la cámara plantearon diferencias con el porcentaje de corte previsto para el biodiésel. Mientras el proyecto lo eleva al 10%, Carbio consideró que debería ubicarse en 15% para sustituir importaciones energéticas. Creemos que el corte de biodiesel debería ser del 15%, reemplazando importaciones de gasoil que hoy realiza nuestro país, afirmó.
Patrick Adam, presidente de la Cámara de Bioetanol, dijo que el proyecto está orientado a promover la seguridad energética, la transición hacia energías más limpias y un mercado más competitivo, moderno y desregulado. Sobre el bioetanol, destacó que introduce cambios relevantes, como la suba del corte obligatorio del 12% al 15% y la creación de un mercado libre por encima de ese umbral.
También valoró que la iniciativa moderniza la movilidad con la incorporación de autos flex, capaces de usar hasta 100% de bioetanol. A la vez, admitió que el texto es perfectible y que todavía hay puntos para discutir con los legisladores.
Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, sostuvo en cambio que el proyecto podría alcanzar los objetivos que dice perseguir si se modifican algunos puntos centrales. Advirtió que durante la transición se reduce el segmento de empresas no integradas de 7,5% a 3% y cuestionó que el límite del 14% se aplique dentro de ese segmento y no sobre el mercado total.
Boerr también objetó el sistema de comercialización previsto, al señalar que se reemplaza una licitación pública propiamente dicha por una negociación electrónica donde el comprador concentrado conserva poder. A eso sumó reparos sobre el coprocesamiento, porque considera problemático que compute dentro del corte obligatorio y que además se extiendan beneficios fiscales a la porción de gasoil coprocesado.
El dirigente agregó que el proyecto habilita importaciones por precio inferior sin corregir antes las distorsiones locales de insumos, mientras que la autoridad de aplicación conservaría una amplia discrecionalidad para modificar el corte obligatorio. También remarcó la ausencia de take, deliver or pay, al advertir que el texto no establece una sanción contractual automática ante incumplimientos de entrega o retiro.
Finalmente, comparó la situación argentina con Brasil y afirmó que los mandatos crecientes de biodiésel en ese país traccionaron la producción de soja, mientras que en la Argentina el mercado quedó estancado.
