Choferes: el fiscal de la Corte Suprema recomienda que el conflicto se resuelva en Entre Ríos - 9 Digital - Mi 9
Choferes: el fiscal de la Corte Suprema recomienda que el conflicto se resuelva en Entre Ríos -
La Procuración General de la Nación dejó expuesta una objeción de fondo que puede alterar por completo el conflicto judicial abierto en torno al traspaso del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná: para el procurador ante la Corte Suprema, la Justicia Nacional del Trabajo no tiene competencia para intervenir en el caso impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Por lo tanto, la medida cautelar que ordenó incorporar trabajadores a la nueva concesionaria queda jurídicamente debilitada desde su origen.
El dictamen, firmado el 12 de mayo de 2026 en la causa Unión Tranviarios Automotor c/ Transporte San José SA UTE s/ acción de amparo, recomienda a la Corte Suprema que el expediente quede radicado en el Juzgado del Trabajo Nº 4 de Paraná. La definición implica que el fuero nacional laboral habría intervenido sin jurisdicción válida en un litigio local.
El fondo del conflicto es que la UTA reclama que la nueva adjudicataria absorba a los 237 trabajadores que prestaban servicios con la concesionaria anterior, Buses Paraná, invocando el principio de continuidad laboral previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.
El sindicato acudió al Juzgado Nacional del Trabajo de Buenos Aires, que hizo lugar a una medida cautelar ordenando la absorción transitoria de los empleados. Esa decisión fue luego confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, recordó Análisis.
Sin embargo, mientras la cautelar avanzaba en la Justicia nacional, Transporte San José acudió ante la Justicia laboral entrerriana. La Cámara de Apelaciones del Trabajo de Paraná aceptó el planteo y declaró competente a la justicia provincial para entender en el amparo.
Allí se abrió formalmente el conflicto de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción que ahora debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Procuración General, equivalente a la Fiscalía ante la Corte Suprema, considera que el caso carece de elementos suficientes para justificar la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo, en base a un criterio clásico de competencia territorial. Según el dictamen, los conflictos entre particulares encuadrados en la Ley de Contrato de Trabajo deben tramitar ante los jueces del lugar donde se ejecuta la relación laboral, donde se celebró el contrato o donde se domicilia la demandada.
Y todos esos puntos de conexión remiten a Paraná.
Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver definitivamente la contienda.
