El Gobierno porteño impulsa una ley para regularizar construcciones fuera de norma - Pura Ciudad
El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un régimen excepcional para blanquear obras y edificaciones realizadas en infracción a las normas vigentes. La iniciativa, firmada por el jefe
La iniciativa propone un régimen excepcional para blanquear obras fuera de norma, con plazos acotados, recargos económicos y beneficios para viviendas e instituciones, en busca de ordenar el desarrollo urbano y reactivar el mercado inmobiliario.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un régimen excepcional para blanquear obras y edificaciones realizadas en infracción a las normas vigentes. La iniciativa, firmada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca ordenar una situación extendida en el territorio porteño y dar un marco legal a construcciones que hoy se encuentran fuera del sistema.
El esquema contempla la creación de un Régimen Especial de Regularización con una vigencia inicial de un año, prorrogable por única vez por otro período similar. Durante ese lapso, propietarios podrán declarar y normalizar obras ejecutadas sin respetar el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto abarca construcciones de hasta 5.000 metros cuadrados en infracción al Código de Edificación y de hasta 2.500 metros cuadrados en falta respecto al Código Urbanístico. También incluye intervenciones en barrios en proceso de reurbanización, clubes de barrio, entidades deportivas sin fines de lucro y establecimientos educativos, culturales y de salud, estos últimos sin límite de superficie.
La propuesta, sin embargo, fija límites claros. Quedan excluidas las obras que vulneren condiciones básicas de seguridad, salubridad o accesibilidad, así como aquellas ubicadas en zonas protegidas o que invadan el espacio público más allá de un margen reducido. Tampoco podrán acogerse edificaciones que no cumplan requisitos esenciales como salidas de emergencia, instalaciones eléctricas seguras o sistemas contra incendios.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el esquema de costos para acceder a la regularización. Lejos de plantear una amnistía, el Gobierno propone un sistema de recargos progresivos sobre los derechos de construcción. Las penalidades van desde el 250% para obras pequeñas hasta el 700% para aquellas de mayor escala. En el caso de viviendas particulares, se establece un recargo uniforme del 250% sin importar la superficie, con el objetivo de facilitar la normalización de hogares y su acceso al crédito.
En paralelo, se prevén beneficios para instituciones sociales: clubes, entidades deportivas y espacios comunitarios podrán regularizar su situación con menores cargas o incluso sin costo en algunos casos. También se habilita la posibilidad de establecer planes de pago para promover la adhesión.
Según el mensaje enviado a la Legislatura, la iniciativa apunta a resolver una problemática estructural: la existencia de construcciones no declaradas o fuera de regla que afectan el valor de los inmuebles, dificultan operaciones inmobiliarias y limitan el acceso al financiamiento. Desde el Ejecutivo sostienen que regularizar estas situaciones permitirá mejorar la seguridad jurídica y dinamizar el mercado.
El proyecto aclara además que adherir al régimen no exime de eventuales sanciones previstas en el régimen de faltas vigente. En ese sentido, se busca combinar un mecanismo de normalización con el mantenimiento de criterios de control urbano.
La propuesta ahora deberá ser debatida en la Legislatura porteña, encabezada por Clara Muzzio, donde se definirá si el oficialismo logra avanzar con una ley que intenta ordenar el crecimiento edilicio irregular en la Ciudad.
