Entre Ríos: El Gobierno avanzó en el plan para cobrar a los padres los operativos por amenazas en escuelas
En una reunión interministerial se definió que los progenitores o tutores deberán afrontar los costos económicos derivados de las falsas alarmas. La cifra total por los operativos ya supera los 250 millones de pesos. PARANÁ El Gobierno de la provin
En una reunión interministerial se definió que los progenitores o tutores deberán afrontar los costos económicos derivados de las falsas alarmas. La cifra total por los operativos ya supera los 250 millones de pesos.
PARANÁ El Gobierno de la provincia de Entre Ríos ha decidido endurecer su postura frente a la creciente ola de amenazas de bomba y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos. En una reciente reunión interministerial e interdisciplinaria, las autoridades definieron el marco legal para ejecutar el recupero de gastos contra los padres o tutores de los menores identificados como autores de estas conductas.
La iniciativa, que se encuadra en la figura de reparación civil por daños y perjuicios, busca que el Estado no deba absorber los altísimos costos de despliegue de seguridad que generan estas falsas alarmas, las cuales han sido calificadas por las autoridades no como “bromas”, sino como delitos que provocan alarma pública.
Una respuesta económica ante la limitación penal.
Debido a que muchos de los responsables son menores de edad, los procesos penales suelen encontrar límites legales. Por ello, la provincia optó por la vía civil. Según lo establecido en los Artículos 1753 y 1755 del Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad civil por los daños causados por los hijos recae directamente sobre sus progenitores.
“Cada vez que se activa un protocolo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Este despliegue configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, explicaron fuentes oficiales tras el encuentro.
Cifras millonarias y despliegue logístico.
Durante la reunión de la que participaron Carlos Cuenca (CGE), Claudio González (Jefe de Policía), Julián Maneiro (Justicia), Pablo Barbirotto (Juez Penal de Niños y Adolescentes) y representantes del Copnaf se brindó un dato alarmante: el costo acumulado de los operativos realizados hasta la fecha supera los 250 millones de pesos.
Este cálculo incluye:
Despliegue de móviles policiales.
Intervención de brigadas de explosivos y personal especializado.
Logística y “horas hombre” que se detraen de la prevención del delito común en las calles.
Identificación de los autores.
Gracias a las tareas de inteligencia tecnológica realizadas por la Policía de la Provincia, ya se ha logrado individualizar a la mayoría de los autores de las amenazas en diversas localidades entrerrianas. Con esta información, la provincia iniciará las acciones legales pertinentes para que los responsables económicos de estos menores afronten el pago de los costos operativos.
El rol de las familias.
Desde la mesa de seguimiento se hizo un llamado urgente a los padres y tutores para que asuman un rol activo en la supervisión del uso de dispositivos digitales y redes sociales de sus hijos.
“No es una broma estudiantil; es un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real”, concluyeron las autoridades, reafirmando que la medida busca generar conciencia sobre la gravedad de estas acciones y proteger el patrimonio público.
Participantes de la mesa de trabajo:
CGE: Consejo General de Educación.
Policía de Entre Ríos.
Secretaría de Justicia.
Copnaf: Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.
Poder Judicial: Juzgado Penal de Niños y Adolescentes.
Redacción: Nova Comunicaciones.
