Desde 2021 se registraron 23 denuncias por violencia laboral en el Poder Judicial de Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos informó que, desde la implementación del Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral en julio de 2021, se tramitaron 23 denuncias dentro del ámbito judicial provincial
Según precisó el secretario del organismo, Esteban Simón, los casos corresponden principalmente a situaciones de violencia descendente y horizontal, en un sistema que actualmente cuenta con una planta total de 2.839 agentes, entre magistrados, funcionarios y trabajadores.
El protocolo vigente establece un procedimiento ágil, accesible y garantista, basado en principios como la confidencialidad, la no revictimización y el respeto al derecho de defensa. Además, contempla la intervención de un Equipo Técnico Interdisciplinario desde el inicio de cada caso, así como el análisis por parte de una Comisión Evaluadora de Violencia Laboral.
Las actuaciones se canalizan a través de la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral, desde donde se brinda asesoramiento y acompañamiento a las personas involucradas. En algunos casos, también se dispusieron intervenciones complementarias, como el seguimiento del área de Salud Ocupacional o la participación de otros programas internos.
Desde el organismo recordaron que, además de este sistema específico, los trabajadores pueden recurrir a la normativa vigente, como la Ley Provincial N° 9.671 y la adhesión a la Ley Nacional N° 26.485, que establece medidas de protección integral contra la violencia de género.
En paralelo, el Poder Judicial consolidó estructuras especializadas como la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia de Género. Al respecto, la secretaria de ambos espacios, Fernanda Baima, destacó que estas áreas no solo cumplen funciones formales, sino que intervienen activamente en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad en todo el territorio provincial.
Asimismo, desarrollan instancias permanentes de capacitación en el marco de la Ley Micaela, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género de manera transversal en el sistema judicial.
Desde el STJ señalaron que estas acciones forman parte de una política institucional sostenida en materia de derechos humanos y género, orientada a fortalecer la prevención, el abordaje y la erradicación de la violencia en el ámbito laboral judicial.
