Son 16 las investigaciones por denuncias de amenazas de estudiantes en Gualeguaychú
Unas fueron por escrito, otras a través de redes sociales y otras por grupos de Whatsapp. Se individualizó a dos de los autores, que confesaron su responsabilidad.
A lo acontecido el jueves, y que tuvo su pico entre el viernes y sábado, pareciera que todo lo realizado por las autoridades ha logrado controlar lo que se generó en varios establecimientos educativos de Gualeguaychú. Hasta el momento hay 16 investigaciones en curso ante las amenazas que aparecieron escritas en los baños de los colegios La Salle y Enet N°2, además de otros mensajes que se viralizaron por redes sociales y grupos de Whatsapp.
La medida que en principio había tomado la jueza de Familia y Menores de Gualeguaychú, Florencia Amore, de suspender las clases hasta el miércoles se levantó hacia la tarde noche del viernes y permitió que en al menos uno de los colegios involucrados volviera la presencialidad a las aulas (en el otro hay jornada institucional docente).
Hay menores sobre las cuales se han dispuesto medidas de protección tanto de ellos como de las entidades, señaló a EL ARGENTINO el fiscal coordinador Lisandro Beherán, e indicó que no hay que bajarle el precio a lo sucedido. Hay tratamientos paralelos. Hay un abordaje interdisciplinario, por un lado, en el que interviene el consejo de la Departamental de Escuelas, supervisoras de Educación Privada, el Copnaf, el Ministerio Pupilar y la Policía, que ha sido la encargada de la custodia donde hubo amenazas, indicó.
La Policía estuvo presente durante el ingreso a las escuelas en la mañana de este lunes y hay un recorrido continuo por los distintos establecimientos educativos a lo largo del día.
Para Beherán lo sucedido no es algo a minimizar y que deba ser tomado como una travesura de adolescente, sino que es un ejemplo que llama al fortalecimiento de la conciencia social porque si los chicos lo toman como broma, alcanza con uno sólo para que no lo tome así y se origine una tragedia.
Hasta el momento se investiga judicialmente el delito de amenazas anónimas y si bien al día de hoy que no ha entrado en vigencia la nueva ley que baja la edad a los 14 años, uno de los menores identificados tiene 17 años y podría ser alcanzado con una pena.
