Milei descongeló los sueldos de sus funcionarios con un aumento del 123%
Destacadas | El Gabinete recibió fuertes recomposiciones salariales desde enero de 2026, mientras el Presidente y la vice...
Los ministros, secretarios y subsecretarios del Gobierno de Javier Milei tuvieron aumentos de hasta 123% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, luego de dos años con los salarios congelados, recomposición, dispuesta por el DNU 931/2025.
El 2 de enero de 2026, la Casa Rosada dio por terminada la política de salarios congelados para el Gabinete que regía desde la llegada de Milei a la Presidencia. Solo quedaron frizados los sueldos del jefe del Estado y de su vice, mientras que el resto de la plana mayor libertaria recibió incrementos superiores al 100% en los primeros meses del año.
Con viento político a favor tras el triunfo en las elecciones legislativas de 2025, en pleno arranque del verano y bajo presión de los ministerios por la fuga de cuadros de alto rango por los bajos salarios, Milei firmó el DNU 931/2025, que benefició al jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios y los subsecretarios.
En el texto de la norma no se detalló el porcentaje exacto de incremento ni el nuevo nivel de los haberes. La política salarial es un tema de alta sensibilidad para una gestión que hizo de la austeridad su bandera para justificar el ajuste y que, al mismo tiempo, puso un techo a los aumentos paritarios del sector privado.
El decreto fue rubricado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. Desde entonces, los sueldos de las autoridades superiores quedaron atados a los porcentajes de incremento de la administración pública nacional.
Cuánto cobran Milei y Villarruel
Pese al descongelamiento general, los haberes del presidente y de la vicepresidenta siguen sin cambios. De acuerdo con la información oficial, Milei cobra $4.066.018, mientras que Victoria Villarruel percibe $3.764.821.
La vice había expresado públicamente su malestar por el nivel de su salario, pero sus ingresos se mantienen congelados desde el inicio de la gestión libertaria.
Así quedaron los sueldos de ministros, secretarios y subsecretarios
Antes del DNU, los ministros cobraban en diciembre de 2025 un salario bruto de $3.584.006. Tras la recomposición, el sueldo de enero de 2026 pasó a $7.129.501; el de febrero, a $7.272.091; el de abril (que se percibe a inicios de mayo), a $7.902.331; y el de mayo ascenderá a $8.020.866.
En la Casa Rosada precisan que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobra lo mismo que un ministro. Desde que se conocieron datos sobre su crecimiento patrimonial y sus viajes, sus ingresos quedaron bajo la lupa de la Justicia.
En el caso de los secretarios, hasta diciembre percibían $3.282.709. Con el aumento, cobraron $6.530.145 por enero; $6.660.748 por febrero; recibirán $7.238.005 en mayo por el sueldo de abril; y pasarán a $7.346.575 el mes siguiente.
Los subsecretarios, por su parte, cobraban $2.981.513 en diciembre. Luego del DNU, percibieron $5.930.989 por enero; $6.049.609 por febrero; y $6.573.902 por abril. El sueldo de mayo (que se cobra a inicios de junio) llegará a $6.672.510.
Según los cálculos oficiales, el incremento decidido por el propio Gobierno para estos cargos fue de casi 99% entre el último salario previo al aumento y el primero con la suba (enero de 2026).
La comparación entre los salarios de diciembre y febrero arroja un aumento del 102%; entre diciembre y abril, del 120%; y entre diciembre y mayo, del 123%.
En el Ejecutivo remarcan que, aun así, el porcentaje de incremento posterior al descongelamiento de dos años se ubica por debajo de la inflación acumulada, que estiman en 194%.
Inflación y justificación oficial
En la Casa Rosada, cuando se les planteó el impacto del aumento, el argumento central fue la pérdida de poder adquisitivo por la inflación durante los dos años sin recomposición. En el desglose que exhiben, la inflación cerró en 117,8% en 2024 y en 31,5% en 2025. En enero y febrero de 2026 acumula 5,9%.
En paralelo, los ministros habían trasladado al presidente sus quejas por la pérdida de personal calificado en sus carteras, ya que los sueldos oficiales no resultaban competitivos frente al sector privado.
Comparación con otros salarios del Estado
De acuerdo con estimaciones del gremio estatal ATE, el salario promedio de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo de $600.000 para los civiles de las Fuerzas Armadas.
En el Congreso, hasta marzo de 2026 los senadores cobraron $11,6 millones brutos, atados a la paritaria legislativa, uno de los blancos habituales de las críticas presidenciales. Los diputados nacionales rondaron los $7 millones, incluyendo el plus de representación.
En el Poder Judicial, la escala salarial vigente desde febrero de 2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fija para un juez de la Corte un básico de $9.900.643.
Muy por debajo de esos niveles se ubica la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que calcula la Subsecretaría de Seguridad Social. Para enero de 2026, el Ripte se ubicó en $1.646.344, como promedio de las remuneraciones sujetas a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado.
ATE vuelve a remarcar que el promedio salarial de los estatales nacionales es de $1.200.000, con un piso de $600.000 para los civiles de las Fuerzas Armadas.
Del discurso contra la casta al aumento del Gabinete
Desde el inicio de su gestión y hasta la firma del decreto, Milei se había resistido a otorgar aumentos a su staff como gesto hacia su electorado, en línea con la promesa de campaña de que el ajuste también alcanzaría a lo que denomina la casta.
Ya como diputado, el actual presidente había hecho bandera de los sorteos de su sueldo y de sus críticas al nivel de vida de los políticos y a su enriquecimiento durante el paso por la función pública.
Tras el triunfo en las elecciones nacionales de 2025, con un resultado que posicionó a La Libertad Avanza como primera fuerza incluso en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno decidió avanzar con la recomposición salarial.
En los considerandos del decreto, la Casa Rosada argumentó que era necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado nacional contaran con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas.
Un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado nacional, se sostuvo en el DNU.
Y se añadió: Teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Un contexto político más adverso
El clima político en el que se firmó el aumento dista del escenario actual. Tras las elecciones y la publicación del DNU, la Casa Rosada transitó un verano de euforia, luego de lograr la aprobación de todos los proyectos que impulsó en las sesiones extraordinarias del Congreso.
Con el correr de los meses, sin embargo, se encadenaron conflictos que golpearon el corazón del discurso oficial. Por un lado, la causa $LIBRA reveló contactos entre el Presidente, su hermana y Santiago Caputo con Mauricio Novelli, uno de los principales implicados en la presunta estafa.
El Gobierno se esforzó en remarcar que ese expediente no lo afecta electoralmente y rechazó de plano cualquier acusación.
A eso se sumó la investigación judicial sobre Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de la difusión de sus viajes al exterior y de su incremento patrimonial. El caso llevó al jefe de Gabinete a registrar la peor imagen desde que se sumó al proyecto de Milei.
En los últimos días, la administración libertaria enfrentó nuevas controversias por los créditos del Banco Nación obtenidos por funcionarios y diputados oficialistas, un tema que también analiza la Justicia, que deberá determinar si existió o no trato preferencial, algo que el Gobierno niega enfáticamente.
